La propuesta de España y Portugal para limitar el precio de la generación de electricidad con gas y abaratar el recibo de la luz ya ha sido enviada a la Comisión Europea, según ha avanzado el medio portugués Expresso y ha confirmado este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En el acto de clausura de la XXXVII Reunión Anual del Cercle d'Economia en Barcelona, y en presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, Sánchez ha confirmado el envío de esa propuesta “tras semanas de arduas negociaciones técnicas”, y ha confiado en que sea la versión “definitiva” y reciba “pronto el visto bueno preliminar de la Comisión Europea para poder ponerla en marcha a lo largo de los próximos días”.
La Comisión Europea confirma que ha recibido la información de las autoridades españolas y portuguesas y que van a tramitarla “lo más rápidamente posible. Sobre la base de la información proporcionada por España y Portugal, los contactos continuarán a nivel técnico”.
“La Comisión sigue comprometida para determinar urgentemente si las medidas temporales de emergencia en el mercado eléctrico propuestas por España y Portugal están alineadas con la normativa europea de ayudas de Estado y del mercado interior de la energía, en el marco del acuerdo político alcanzado en principio en las últimas semanas”, añade Bruselas.
El envío de la propuesta este jueves por la tarde a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea ha llegado con días de retraso con respecto al calendario anunciado. Estaba pendiente todavía de “algunos ajustes técnicos” relacionados con la casación horaria del mercado eléctrico que comparten España y Portugal, según indicó el miércoles la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Esos detalles técnicos estaban relacionados, apunta Expresso, citando fuentes del lado portugués, con el reparto de costes de la medida de forma proporcionada entre los consumidores españoles y los lusos.
Ribera insistió el miércoles en que el mecanismo se va a aprobar “muy rápido”. El plan inicial del Gobierno español era hacerlo en el Consejo de Ministros del pasado martes, pero tuvo que retrasarse. El próximo lunes es festivo en Bruselas.
Han tenido que pasar 41 días desde que el presidente del Gobierno español y el primer ministro luso, António Costa, arrancasen a Bruselas la denominada excepción ibérica, que las eléctricas han tratado de tumbar con un intenso lobby ante las autoridades europeas y que, como señaló Ribera el miércoles, a las empresas “no les gusta”.
El jueves por la mañana, fuentes de la Comisión Europea insistían en que todavía no habían recibido el papel. “Tras el acuerdo político alcanzado el 26 de abril, la Comisión está a la espera de los planes de medidas detallados de España y Portugal”, indicó Bruselas el martes. “Aún no se han presentando formalmente ni en borrador. Se trata de información esencial sin la cual la Comisión no puede concluir su evaluación”, añadía.
La propuesta inicial de España y Portugal pasaba por fijar un precio de 30 euros por megavatio hora (MWh) a la generación con gas natural, pero finalmente acordaron con Bruselas elevar ese tope para los ciclos combinados hasta los 50 euros/MWh, que se aplicará durante un periodo de un año, empezando por una cifra más baja, de 40 euros/MWh. Para lograr ese acuerdo político, también se tuvo que desechar la idea de que ese precio fuera distinto para las exportaciones de energía a Francia.
La diferencia entre el precio real del gas y el tope fijado se cargará a los consumidores, pero el resultado será un importante ahorro neto en la factura. Hace una semana, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, cifró en 6.000 millones de euros el coste de la medida, que la van a financiar en primera instancia los consumidores que primero se van a beneficiar de ella: aquellos directamente expuestos al mercado mayorista. En el caso del mercado español, son la mayoría de los industriales y los domésticos acogidos a la tarifa semirregulada, el precio voluntario al pequeño consumidor. Posteriormente, las compensaciones a las eléctricas para cubrir la diferencia entre el tope a la generación con gas y el coste de esta materia prima se cargarán a los que tienen contratos a más largo plazo, según vayan venciendo.
Según Ribera, la medida se traducirá en un bajada del 30% de los consumidores acogidos al PVPC, al que están acogidos en torno al 40% de los hogares y a los que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, calificaba este jueves de “tontos” porque están pagando más, aunque las tarifas del mercado libre (más estables, pero más elevadas hasta esta crisis energética) ya están experimentando fuertes subidas, según la asociación de consumidores Facua.
Esta última empresa es la que más abiertamente se ha opuesto a la medida, que ha sido muy bien recibida por la gran industria, que cubre el 70% de su consumo eléctrico en el pool. El miércoles, la Alianza para la Competitividad, en la que están integradas las grandes patronales de automoción, siderurgia o industria alimentaria, entre otras, agradeció públicamente a Ribera sus esfuerzos para poner en marcha esta medida, pero reclamó que además de ese tope al gas, que celebran, se obligue a las eléctricas a subastar parte de su energía barata, en virtud de un mecanismo anunciado por el Gobierno el pasado septiembre.