España recibe el último visto bueno de sus socios europeos para los primeros 69.500 millones de los fondos de recuperación

Hace exactamente un mes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, exhibía los 10 sobresalientes y un notable que había concedido al plan español de recuperación. Lo hizo el mismo día que también comunicaba el aprobado portugués, los dos primeros planes que recibieron el visto bueno de Bruselas, en un claro mensaje de que, en esta crisis, a diferencia de las anteriores, se quiere priorizar la salud económica del sur de Europa.

Y este martes ha llegado el último examen, el de los socios europeos reunidos en Bruselas en un Consejo de ministros de Economía y Finanzas (Ecofin), en el que, como estaba previsto tras el visto bueno de la Comisión Europea, se ha dado vía libre a los 69.500 millones en transferencias solicitados por España hasta 2023 –la otra mitad, en forma de créditos, aún no ha sido solicitada por España, y tiene hasta 2026 para hacerlo– y, para empezar, a 9.000 millones de prefinanciación por planes comenzados en febrero de 2020 que podrían llegar a partir de julio. Gracias a la adopción de las decisiones de ejecución del Consejo relativas a la aprobación de los planes, los Estados miembros pueden firmar acuerdos de subvención y de préstamo que permiten una prefinanciación de hasta el 13%.

El plan español ha recibido el visto bueno de los ministros junto a otros 11 planes nacionales (Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Portugal y Eslovaquia). No obstante, hay países, como Holanda, que habrían querido ver “más definición” en algunas de las reformas de España, como la del mercado del trabajo o la de las pensiones, que están pendientes del diálogo social, explicaron fuentes diplomáticas a Efe. Sin embargo, no ha habido obstáculos a la aprobación del plan en una reunión a la que no ha asistido la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, por encontrarse en el primer Consejo de Ministros tras la remodelación abordada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado sábado.

“El plan de recuperación español acaba de ser aprobado por el Ecofin”, ha tuiteado la vicepresidenta Calviño: “Esta decisión da paso a la implementación de inversiones y reformas del Next Generation EU, con vistas a una recuperación sólida, verde, digital, inclusiva y justa en Europa”.

De acuerdo con el ministro esloveno de Economía, Andrej Šircelj, país ejerce la presidencia rotatoria de la UE, “no se ha abordado ninguna discusión sobre ningún país en concreto” dentro de la sala en la que se han aprobado los planes: “Se ha hablado de cumplir los compromisos de reformas e inversiones, de que se controle el cumplimiento de los planes, pero no sobre ningún país concreto”.

El vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, por su parte, ha afirmado que para que llegue el 13% de la prefinanciación “puede hacerse en julio”, seguramente “en un solo pago”, si bien no quiere “comentar sobre los desembolsos de cada país”. El resto de pagos, ha insistido, “dependen de cumplir los objetivos de inversiones y reformas”.

El vicepresidente ha reconocido “que con España, por adelantar tanto dinero al principio [Bruselas ha concedido 19.000 millones en 2021] recibirá más de un pago este año”.

Emisión de deuda comunitaria

De hecho, el Ejecutivo comunitario ya ha captado más de 45.000 millones en los mercados en las primeras emisiones de deuda comunitaria emitidas en los mercados –dos en junio de 35.000 y otra este martes: está previsto que emita hasta 80.000 millones en 2021–. En efecto, la Comisión Europea ha captado este martes 10.000 millones con una emisión de bonos a diez y veinte años, la tercera para este instrumento. “Hoy es la tercera emisión bajo el fondo de recuperación”, declaró el portavoz comunitario Balazs Ujvari durante la rueda de prensa diaria de la institución.

En su calendario, la Comisión Europea prevé entregar a España en 2021 una cifra inferior a la presupuestada por el Gobierno. En los presupuestos para 2021se incluyen 26.634 millones de proyectos de transformación con cargo a dinero comunitario. De ellos, 2.436 millones provenientes del programa React-EU de la Comisión Europea que salen del Marco Financiero Plurianual, y 24.198 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Sin embargo, en lugar de estos 24.198 provenientes de los fondos vinculados al plan aprobado este miércoles, Bruselas prevé entregar 19.000 millones.

Esos 9.000 millones llegarán después del visto bueno del Consejo (los Gobiernos) recibido este martes en el Ecofin. Un dinero que se irá desembolsando en la medida en que cada país vaya cumpliendo los hitos y objetivos a los que se ha comprometido: sin objetivos cumplidos, no hay dinero.

El análisis de Bruselas constata que “el plan representa una respuesta equilibrada a la situación económica y social de España”, y que “contiene medidas destinadas a mejorar la empleabilidad de los jóvenes y reducir aún más la tasa de abandono escolar prematuro. También propone una simplificación de los contratos para reducir el abuso de la contratación temporal”.

La Comisión Europea destaca que “hay inversiones sustanciales para formar a los trabajadores y modernizar el sistema de educación y formación profesional. El plan también prevé acciones concretas en el ámbito de las políticas activas del mercado laboral, incluida la reforma del sistema de incentivos a la contratación, el desarrollo de vías individuales de asesoramiento, el refuerzo del sistema de aprendizaje de adultos y la modernización de los servicios públicos de empleo”.

En relación con las reformas, Bruselas explica que “el plan español incluye un amplio conjunto de reformas e inversiones que se refuerzan mutuamente y que contribuyen a abordar eficazmente los desafíos económicos y sociales descritos en las recomendaciones específicas por país dirigidas a España por en el Semestre Europeo de 2019 y en 2020”.

En este sentido, “el plan aborda las recomendaciones en las áreas de inversión en las transiciones verde y digital, sectores estratégicos e investigación, desarrollo e innovación. El plan incluye medidas para mejorar el clima empresarial, con acciones importantes para mejorar la regulación, la reducción de la morosidad y la reforma del marco concursal”.

“El plan aborda las recomendaciones específicas por país en el ámbito de las finanzas públicas, incluida una reforma del sistema de revisión del gasto, una reforma para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, una reforma del marco de contratación pública y del sistema fiscal”, enumera Bruselas: “El plan incluye una reforma del sistema de pensiones con el objetivo de preservar su adecuación y sostenibilidad a medio y largo plazo y apoyar una vida laboral más larga. El diseño final de la reforma está sujeto al resultado del proceso de diálogo social”.

Además, Bruselas aborda la reforma del mercado de trabajo: “Propone varias reformas del mercado laboral, incluido un mecanismo de estabilización y flexibilidad que permitiría a las empresas hacer frente a los ajustes en caso de crisis económicas, basándose en el esquema de trabajo de jornada reducida existente. El plan también incluye un conjunto de medidas previstas para abordar el problema persistente relacionado con la dualidad y la precariedad del mercado laboral. El plan prevé acciones para reducir los contratos temporales en los sectores público y privado. El diseño final de varias reformas del mercado laboral está sujeto al resultado del proceso de diálogo social. Además, el plan incluye medidas para mejorar las políticas activas del mercado laboral”.

“El plan también contribuye a la cohesión social y territorial, con medidas en salud, educación, competencias profesionales y política social”, añade la Comisión Europea.

Transición ecológica y digital

Según la evaluación de la Comisión Europea, “la contribución a la transición verde del plan español asciende al 40% de su asignación de 69.500 millones”, lo cual “excede el mínimo del 37% requerido por el reglamento del instrumento de recuperación y resiliencia”.

El Ejecutivo comunitario destaca que las medidas para ayudar a asegurar la transición verde de España “incluyen 3.900 millones para el desarrollo de energías renovables y 3.400 millones para apoyar la renovación de más de medio millón de edificios residenciales para mejorar su eficiencia energética”.

Además, “incluye medidas para promover la movilidad sostenible; descarbonizar la industria; reducir la dependencia energética y ayudar a mitigar los efectos adversos del cambio climático mediante la preservación de los espacios costeros, los ecosistemas y la biodiversidad”. Por último, Bruselas detalla que el plan “promueve la economía circular mejorando la gestión del agua y los residuos en el país”.

Además de cumplir los objetivos de transición ecológica, Bruselas afirma que el plan de recuperación y resiliencia de España “contribuye eficazmente a la transición digital”. Así, destaca que “la contribución del plan español a la transición digital asciende al 28% de su dotación total de 69.500 millones de euros, lo que excede el mínimo del 20% requerido”.

En concreto, relata la Comisión Europea, las “medidas para apoyar la transición digital en España que 3.600 millones para la formación digital y 4.300 millones para la transformación digital de los sistemas de administración pública, salud, justicia, empleo, educación y servicios sociales”.

“También incluye inversiones de 4.600 millones de euros para promover la digitalización de la industria y las pymes, inversiones en inteligencia artificial, digitalización de sistemas turísticos y culturales, y 4.000 millones de euros para apoyar la conectividad fija y 5G y el ecosistema relacionado”, relata Bruselas.

Alerta a España sobre los desequilibrios

El Ecofin también ha aprobado este martes unas conclusiones en las que alerta a varios países, entre ellos España, por los desequilibrios de deuda y déficit a causa de la crisis económica, sanitaria y social de la pandemia. Los ministros de Economía de la señalan que “sigue siendo difícil evaluar todas las consecuencias de la crisis, en particular sus efectos estructurales”; reconocen “que la crisis de la COVID-19 ha afectado gravemente a gran variedad de sectores” y que “oportunidades y los retos que entrañan las transiciones ecológica y digital”. Además, piden “un estrecho seguimiento de los desequilibrios existentes y de los posibles desequilibrios emergentes, y la distinción entre factores cíclicos y estructurales”.

En este sentido, el Ecofin “coincide con la Comisión Europea cuando confirma que los 12 Estados miembros analizados en los exámenes exhaustivos (Alemania, Chipre, Croacia, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, Rumanía y Suecia) registran desequilibrios macroeconómicos de diversa índole y distinto grado de intensidad con arreglo al procedimiento de desequilibrio macroeconómico, y conviene en que existen desequilibrios excesivos en tres Estados miembros (Chipre, Grecia e Italia)”.