España destaca por ser uno de los países de la OCDE en los que los salarios reales bajan, en particular por la mala calidad de los nuevos empleos creados tras la crisis, lo que redunda en que sea el segundo por la cola, tras Grecia, con mayor porcentaje de pobres en edad de trabajar, según informa EFE.
Un 15,9% de los españoles en edad de trabajar tiene unos ingresos inferiores al 50% de la renta mediana de los hogares del país, muy cerca del 16% de Grecia, señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su informe anual de perspectivas del empleo. Ese 50% es el umbral de la pobreza que utiliza el organismo internacional, mientras que otras entidades como el Instituto Nacional de Estadística lo fija en el 60% de la renta mediana.
La primera razón para llegar a este nivel de población con bajos ingresos es el elevado nivel de paro, que continúa siendo el segundo más alto de los países miembros (un 15,9% en abril pasado, de nuevo sólo por detrás de Grecia) pese a la mejora de los últimos años (había llegado al 25,8% a finales de 2014).
La explicación de la OCDE es que muchas personas se quedaron sin empleo tras el estallido de la crisis en 2007 y permanecieron en paro durante mucho tiempo, dependientes de los subsidios que al cabo del tiempo se agotaban para muchos.
La presión para encontrar alguno de los pocos puestos de trabajo disponibles les ha llevado a aceptar lo que había, que en muchos casos son empleos a tiempo parcial o peor remunerados.
Uno de los ámbitos en los que España sale bastante mal parada es la denominada “inseguridad del mercado laboral”, medida como la pérdida monetaria neta esperada asociada con pasar a ser desempleado como proporción de los ingresos previos. Según la OCDE, “dado el pobre desempeño en términos de desempleo y la alta incidencia de contratos cortos, no sorprende que el nivel de seguridad laboral de los trabajadores españoles sea el segundo más bajo de la OCDE, después de Grecia”.
Eso se traduce, por ejemplo, en que los salarios reales disminuyeron en España un 0,4% entre el último trimestre de 2016 y el último de 2017, mientras que en la OCDE como conjunto subió un 0,6%. Si las remuneraciones del conjunto de los trabajadores se hubieran comportado como las de quienes han mantenido su empleo desde 2007, los salarios reales habrían sido un 3,1% superiores en 2014, calcula la OCDE.
Si en la mayor parte de los indicadores de empleo España aparece en la cola del mundo desarrollado, no ocurre lo mismo con la brecha salarial entre hombres y mujeres, que en España es del 34%, 4,5 puntos inferior al del conjunto de la OCDE, ni tampoco en el nivel de ingresos, donde está prácticamente en la media.
La OCDE pide abaratar el despido
La OCDE coincide con el actual Gobierno de Pedro Sánchez en el análisis sobre la mala calidad del empleo que se crea en España, pero no en las recetas para solucionar esta situación. En opinión del también llamado 'Club de los países ricos' las indemnizaciones por despido en España son “particularmente generosas” y recomienda al país llevar a cabo una reforma laboral que aumente el periodo de preaviso de despido a la vez que reduzca el importe de las indemnizaciones.
“Una reforma que aumente el período de preaviso, compensado con una disminución de la indemnización, permitiría iniciar la activación durante el preaviso sin aumentar el costo para las empresas”, señala la organización. La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, rechazó ayer mismo que el Gobierno se plantee como medida abaratar el despido.
En su análisis, la OCDE también defiende la reforma laboral de 2012 que aprobó el Gobierno de Rajoy, ya que considera que ha ayudado a aumentar el empleo. “España perdió mucho tiempo para llevar a cabo las reformas necesarias”, ha señalado en rueda de prensa el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, recordando que en los primeros años de la crisis los representantes del Gobierno español la consideraban “un problema anglosajón”.
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha reiterado el rechazo del Ejecutivo a la reforma laboral del PP y su intención de revertir los aspectos “más perjudiciales” tras conseguir un consenso con los agentes sociales y otras fuerzas políticas.