Un exconsejero de Ignacio González imputado en Púnica cierra una sicav con 3,4 millones
Borja Sarasola, exconsejero de la Comunidad de Madrid con Ignacio González e imputado en el caso Púnica, ha echado el cierre a una sociedad de inversión de capital variable (sicav) que administraba junto a su familia y que cerró junio con un patrimonio (invertido en títulos de renta fija y variable) de 3,4 millones de euros, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La extinción de esa sociedad, Blacader Caminos Sicav, se inscribió en el Registro Mercantil el 21 de noviembre junto a los ceses de sus administradores: Sarasola (que era consejero desde julio de 2018), sus tres hermanos y su madre, viuda del fallecido ingeniero de caminos y empresario Fernando Sarasola, que fue presidente y accionista de Sacyr entre 1990 y 2000 (vendió sus acciones en la constructora al multimillonario Juan Abelló) y presidió la Caja de Caminos (actual Banco Caminos).
La sicav se constituyó en 2002 y en sus últimas cuentas anuales ya indicaba que “los administradores tienen previsto la fusión por absorción de la sociedad por parte de Gestifonsa Mixto 30”, un fondo de inversión del Banco Caminos. A cierre de 2018, la sicav tenía 102 accionistas, “de los cuales 4”, a los que no identificaba, “poseen acciones que representan el 99,35% de la cifra de capital social”.
Ya en 2018, la familia convirtió en SL otra antigua sicav, Jatmos 99, que en junio redujo a la mitad su capital, hasta unos 4,8 millones. En este caso, Sarasola no era consejero, pero sí accionista a través de la sociedad familiar Oesty SL. A cierre de 2018, esta controlaba el 99,97% de Jatmos 99 Sicav, según sus últimas cuentas.
Borja Sarasola, abogado de 43 años, inició su carrera en el PP como presidente de Nuevas Generaciones en el barrio de Salamanca de Madrid y en 2003 llegó a ser el diputado más joven en la Asamblea madrileña. Su trayectoria política acabó en julio de 2015, tras ser imputado en el escándalo Púnica. Actualmente, la Audiencia Nacional le investiga por el presunto desvío de fondos públicos para engrosar la caja B del PP regional.
En octubre, Sarasola confirmó ante el juez Manuel García Castellón que fue la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien le presentó en 2012 al conseguidor de la Púnica, el empresario Alejandro de Pedro, pero negó haber asistido a la reunión en la que Ignacio González habría pedido un millón de euros a directivos de empresas públicas para la financiación ilegal del PP.
El instructor de Púnica maneja indicios de que Sarasola habría participado “en los conciertos para la financiación del PP de Madrid con fondos públicos desviados de las arcas públicas, desde los distintos cargos que desempeñó desde el año 2007, tanto públicos como en el partido”. Sarasola lo negó todo en su declaración en sede judicial.
Durante su etapa en política Sarasola fue, entre otros cargos, secretario general de Vicepresidencia con Esperanza Aguirre (2007-2011), viceconsejero de ese mismo departamento (2011-2012) y finalmente consejero de Medio Ambiente desde 2012 hasta que en julio de 2015 dejó su acta para incorporarse al sector privado y a las empresas de su familia, cuyos intereses abarcan, entre otros, el sector inmobiliario, de la energía (Grupo Ignis) y la logística (Transmol).
Casado con una hija de Pedro Antonio Martín Marín, ex secretario de Estado con José María Aznar e imputado en 2017 en el caso Lezo, Sarasola es también cuñado de Cristina Ysasi-Ysasmendi Pemán, nieta del poeta falangista José María Pemán e hija de Pedro Ysasi-Ysasmendi, expresidente del Círculo de Empresarios que fue la última directora adjunta del Gabinete de la Presidencia con Mariano Rajoy y hace unos meses se incorporó sin concurso a la asesoría jurídica de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Oleada de cierres
El cierre de la sicav de los Sarasola llega en plena oleada de disoluciones de estas sociedades por el temor a un endurecimiento de su fiscalidad, que si alguna vez llega a aplicarse, va a afectar a un número cada vez más menguante de sociedades. En octubre, había registradas 2.611 sicavs, según los últimos datos de Inverco, un nuevo mínimo desde noviembre de 2002. Entre las que han salido de circulación en las últimas semanas está otra cercana al entorno de Ignacio González: Irineal Sicav, que presidía el empresario José Antonio Jiménez Barrado.
Como contó El Mundo en 2017, Jiménez Barrado, que recibió numerosas adjudicaciones de concursos públicos por parte del Ayuntamiento de Madrid en época del PP, está vinculado, a través de la sociedad Josmar 2000 (administrada por la secretaria de esa sicav) como socio de Subastas Segre, empresa que presidió Lourdes Cavero, esposa de González. Josmar también figuraba en el consejo de una empresa ya extinta dedicada a la consultoría, Innovative Investment, a la que estaban vinculados Pablo González (hermano de Ignacio González) y Alberto Portuondo, imputado por las comisiones publicitarias de la Bankia de Rodrigo Rato.
Previa reducción de capital de 2,3 millones, Irineal acaba de convertirse en SL para mudarse a un chalé en la calle Poniente de la urbanización Monte Alina (Pozuelo de Alarcón), a unos metros de la vivienda de José María Aznar y Ana Botella.
