El grupo de bingos y casinos Orenes tenía como consejera en tres filiales a la esposa del entonces diputado del PP Andrés Ayala cuando, en febrero de 2016, logró que Aena le adjudicase un contrato para explotar hasta 2025 dos salas de juego en los aeropuertos de Alicante y Málaga. En aquel momento, Ayala era portavoz del PP en la Comisión de Fomento del Congreso y socio de la empresa murciana en varios casinos, como reveló eldiario.es
“No tengo ni he tenido cuentas en Panamá” y “tampoco me han pagado nunca por tomar café”. Así se despedía hace un año del Congreso el que fue diputado por Murcia durante cinco legislaturas (desde marzo de 2000 hasta mayo de 2016), al anunciar su inesperada renuncia a la candidatura de ese partido en las elecciones generales del pasado 26 de junio.
Tras más de 20 años en política, Ayala puso fin de forma abrupta a una etapa de trece años como portavoz parlamentario de los populares en infraestructuras y transportes. Lo hizo tres meses después de que la empresa semipública Aena (cuya actividad fiscaliza la Comisión de Fomento del Congreso) adjudicase ese contrato a sus socios de Orenes, valorado en 2,5 millones de euros.
Según consta en el Registro Mercantil, cuando Orenes logró esa concesión, la esposa de Ayala, Carmen Alcaraz, era consejera de tres filiales de esa compañía, un gigante del sector del juego en España: Gran Casino Extremadura, Electra Rioja Gran Casino y Servicios Comerciales y Recreativos. A día de hoy, Alcaraz ya no es administradora de ninguna. Ha sido sustituida por su marido.
El 27 de abril de 2016, Carmen Alcaraz dimitió como consejera de Gran Casino Extremadura, que explota la concesión de un casino en esa región y de la que era vocal desde agosto de 2011. Y en agosto, esta empresa nombró consejero a Ayala. Ese mes, el día 22, Alcaraz cesó como consejera de Electra Rioja Gran Casino, de forma simultánea al nombramiento de su marido como vocal. En Servicios Comerciales y Recreativos SA, otra filial de Orenes, pasó lo mismo: Alcaraz fue consejera y secretaria hasta el 25 de octubre, cuando dimitió y fue sustituida por su marido.
Carrusel de nombramientos y sociedades
El movimiento (cese de Alcaraz y nombramiento de Ayala) se ha repetido en un carrusel de sociedades cuyo rastro, como en un juego de muñecas rusas, conduce hasta Orenes y al exdiputado del PP. Carmen Alcaraz todavía figura como administradora única de Espartaria SL, que según sus cuentas de 2015 es propiedad al 99,85% de Andrés Alaya.
Esta firma controla el 17% de Guimbarda 3 SL, de la que Ayala fue nombrado consejero y secretario en octubre en sustitución de su esposa. Guimbarda 3 SL es la propietaria del 50% de Isim Carthago, que no figuraba en las declaraciones de bienes y rentas que Ayala presentaba al Congreso y que tiene, según sus cuentas de 2015, un 33% de la extremeña Bingo Occidental SA, el 33% de Gran Casino de Extremadura SA, un 40% de Electra Rioja Gran Casino SA, un 100% de Servicios Comerciales y Recreativos y un 10% de Orenes Apuestas Murcia SLU, todas ellas filiales de Orenes.
Isim Carthago también nombró consejero y secretario a Ayala el pasado 11 de octubre en sustitución de Carmen Alcaraz.
Tras conocerse la relación entre Ayala y Orenes y la adjudicación de ese contrato de Aena al grupo murciano, En Comú Podem ha preguntado por escrito al Gobierno si considera que existe un “conflicto de intereses” entre “las relaciones del Sr. Ayala, el Partido Popular, la empresa adjudicataria y la concesión del contrato”.
La iniciativa parlamentaria también quiere saber si el Ejecutivo conocía “la vinculación accionarial del Sr. Ayala con el Grupo empresarial Orenes” y cuál es “el interés social” de que “una infraestructura pública se destine a actividades de juegos de azar y apuestas”. Finalmente, los diputados preguntan si “usa directa o indirectamente el Gobierno los recursos estratégicos del Estado para beneficiar de algún modo a personas afines a su partido, hacer favores, engrasar puertas giratorias y alimentar tramas y conductas propias de mafias”.