El expresidente de Pescanova: “No hemos funcionado bien, es algo que no debió pasar”
El expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa ha reconocido este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz haber cometido irregularidades y errores en la gestión de la multinacional dirigidos a salvar la empresa de la quiebra. “No hemos funcionado bien, es algo que no debió pasar”, ha asegurado durante su extensa declaración de siete horas de duración, según apuntan fuentes presentes en la misma.
El empresario ha justificado esta gestión irregular en la imperiosa necesidad de la compañía de acceder al crédito bancario en un difícil momento de crisis. En esta línea, ha apuntado que los bancos prestamistas consentían y fomentaban este sistema, desarrollado a través del cauce del 'factoring', debido a que les garantizaba la opción de elevados beneficios.
Antes, en sus primeras horas de declaración, el empresario gallego había llegado a defender que si los bancos concedían crédito a Pescanova y la auditora BDO no detectaba irregularidades en las cuentas de la empresa, nada se puede imputar al expresidente de la compañía. Sousa que tendrá que regresar el jueves a la Audiencia Nacional, ha declarado como imputado por los delitos de estafa, falsedad documental, uso de información relevante y societario.
El ex presidente de Pescanova ha defendido la práctica del ‘factoring’, según el cual, Pescanova pedía un crédito al banco, incluso a un tipo de interés alto, tan solo presentando facturas que aún no había cobrado. Según este sistema, las facturas eran abonadas después por los clientes de Pescanova a la entidad bancaria. El informe de KPMG, una auditoria contratada para conocer la situación real de la empresa, asegura, por el contrario, que esas facturas presentadas por Pescanova eran falsas.
Fernández de Sousa ha responsabilizado a los bancos de la utilización de ese sistema y ha añadido que estos no le requerían más documentos que “proforma de facturas”, movidos por el gran beneficio que obtenían con la operación. En ningún caso, ha añadido, él presentaba facturas falsas, a pesar de lo que señala el informe de la auditora. Pescanova se encuentra en quiebra técnica con una deuda de 3.281 millones y un agujero de 927.
El expresidente de Pescanova ha llegado a defender que si a día de hoy las acciones no estuvieran bloqueadas, sus dueños estarían “satisfechos”. Fernández de Sousa ha defendido su gestión porque en la actualidad el pescado y el marisco ha subido mucho de precio y eso hubiera beneficiado a los accionistas de no estar bloqueados sus valores. El empresario consultó sus apuntes y explicó, en este sentido, que el rodaballo se ha encarecido un 120 por ciento, un 90 el marisco y entre un 50 y un 80 por ciento el salmón. “Esto subirá y volverá a cotizar”, se ha atrevido a pronosticar el imputado.
Venta ‘secreta’ de acciones
Un mes antes de que se suspendiera la cotización de las acciones, el entonces presidente de la compañía vendió 1.688.518 acciones a espaldas del regulador, por las que obtuvo cerca de 30 millones de euros. Sin poder explicar por qué no informó de esa venta, Fernández de Sousa ha defendido que había adquirido títulos a crédito y a un precio muy alto y que necesitaba deshacerse de las acciones para afrontar obligaciones de pago que tenía la empresa.
El fiscal Juan Pavía también ha interrogado a Fernández de Sousa por el intento de su esposa, Rosario Andrade, de enviar 5,2 millones de dólares (4,8 millones de euros) a China, a través de un banco portugués, tras admitirse la primera querella contra el expresidente de Pescanova. Con destino final en Hong Kong, la familia envió allí el dinero porque allí se paga al 12 por ciento la renta fija, según las fuentes consultadas.
El juez Ruz ha tomado también declaración esta tarde al hijo del expresidente Pablo Javier Fernández Andrade que ha asegurado que obedecía en cuanto a la gestión las órdenes dadas por su padre. El último en declarar ha sido Jesús García, hombre de confianza de Fernández de Sousa que ha confesado que confiaba plenamente en él y que ha perdido sus ahorros de 49 años, invertidos en la pesquera.
Fernández de Sousa tendrá que regresar el próximo jueves para declarar en representación de una de las sociedades que participa y que ha sido imputada en calidad de persona jurídica. Fuentes consultadas apuntan a que durante esa jornada algunas acusaciones, entre ellas la representada por el abogado Joaquín Yvancos, solicitarán su ingreso en prisión eludible bajo una fianza que podría ascender a los 100 millones de euros.
