Las familias numerosas mantendrán el bono social de la luz sin que se controle su renta
El nuevo bono social de la luz seguirá beneficiando a las familias numerosas, como hasta ahora, “con independencia de su nivel de renta”, según el borrador de Real Decreto que el Gobierno ha remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para regular este mecanismo de descuentos del 25% en la factura eléctrica.
El Ministerio de Energía despeja así las dudas sobre el futuro de estos descuentos ante la inquietud de este colectivo, medio millón de familias en España, de las que una parte significativa ya los disfruta. En diciembre (último dato disponible), las familias numerosas concentraban al 9,3% de los 2,3 millones de beneficiarios del bono social: 225.114 clientes eléctricos, casi 25.000 más que un año antes.
La Federación Española de Familias Numerosas había organizado una recogida de firmas para exigir que se les mantuviera el bono, tal y como prometió el Gobierno en mayo de 2015, cuando aprobó un Plan Integral de Apoyo a la Familia 2015-17 que contemplaba “mantener y consolidar el bono social” de la luz para este colectivo. El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, tiene previsto reunirse este jueves a primera hora con dos representantes de esta federación para explicarles las novedades del texto.
El borrador sí introduce un tope al consumo que se subvencionará a este colectivo, 3.600 kilovatios/hora (kWh) anuales. El resto se les facturará conforme a la tarifa regulada del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC). Este tope será independiente del número de miembros de la unidad familiar.
El ministro de Energía, Álvaro Nadal, indicó este miércoles en el Congreso que “era mejor” incluir a las familias numerosas en el bono social, pero advirtió de que “no se van a financiar lujos” como “calentar la piscina climatizada, por poner un ejemplo un tanto absurdo. El bono social es para niveles de consumo habituales en una familia con ese número de miembros”, señaló el ministro, que avanzó que todos los consumidores “van a tener limitado el consumo bonificado”.
En concreto, una unidad familiar sin menores a su cargo tendrá descuento para un consumo máximo de 1.200 kWh/año; en una unidad familiar con un menor, el tope será de 1.680 kWh/año; para una unidad familiar con dos menores, 2.040 kWh/año, y para una familia de pensionistas que reciban las prestaciones mínimas, 1.680 KWh/año.
Criterios de renta
El nuevo sistema introduce por primera vez criterios de renta para disfrutar del bono, basado en el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Podrán acceder al bono social las unidades familiares sin menores a cargo que tengan una renta anual menor o igual a 1,5 veces el IPREM, equivalente a unos ingresos de hasta 9.681 euros brutos al año en doce pagas.
Con un menor a cargo, el tope sube a 2 veces el IPREM (12.908 euros brutos anuales) y con dos menores a cargo, a 2,5 veces el IPREM (16.135 euros brutos anuales). Estos umbrales se incrementarán en 0,5 veces el IPREM para víctimas de violencia de género, víctimas del terrorismo y hogares con algún miembro con discapacidad superior al 33%.
Como estaba previsto, se crea una nueva categoría de consumidores vulnerables severos: aquellos con rentas inferiores al 50% de los umbrales establecidos para los consumidores vulnerables. Tendrán una mayor protección y se beneficiarán de un descuento del 40% de su factura eléctrica.
En el caso de las familias numerosas y los hogares cuyos miembros reciban pensiones mínimas, serán vulnerables severos si su renta es inferior a 2 veces el IPREM o una vez el IPREM, respectivamente.
También se crea también la categoría de consumidores en riesgo de exclusión social, que deberán ser atendidos por los servicios sociales de ayuntamientos o comunidades autónomas y a los que no se podrá cortar la luz, lo que conllevará un coste que será soportado por el sistema eléctrico (10%), los servicios sociales (50%) y fondos del propio bono social (40%).
Energía prevé que el nuevo sistema entre en vigor en junio, aunque a partir de entonces se abrirá un periodo transitorio de seis meses para su puesta en marcha. Tendrá un coste de entre 230 y 235 millones anuales, frente a los 180-200 millones actuales, y aspira a proteger a unos 2,5 millones de clientes eléctricos (unos 7 millones de consumidores). La ayuda deberá ser costeada por todas las comercializadoras eléctricas y no sólo por las que desarrollan también actividades de generación y distribución, como ocurría con el sistema vigente hasta ahora, que anuló el Tribunal Supremo.
