Feijóo hace seguidismo al Gobierno y asume ahora la subida del salario mínimo tras aceptar la reforma laboral

Las propuestas económicas del líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, en el debate de su investidura fueron una amalgama de seguidismo a las políticas del Gobierno de coalición, bulos y catastrofismo en contra de los datos. La última aceptación de una de las decisiones del Ejecutivo más criticadas por la derecha durante años fue la promesa de situar el salario mínimo en el 60% del sueldo medio. Un objetivo que precisamente se ha alcanzado tras un aumento histórico de casi el 50% desde junio de 2018 hasta agosto de 2023, el periodo en el que ha gobernado Pedro Sánchez.

Feijóo afirmó desde la tribuna del Congreso que aprobaría “en el seno del diálogo social, en el primer año de legislatura, un calendario de subida del salario mínimo interprofesional (SMI), con criterios objetivos, para alcanzar el 60% del sueldo medio, tal y como nos hemos comprometido a la Unión Europea”.

La propuesta del líder del PP no estaba incluida en su programa para estas elecciones y, en el pasado, el PP ha rechazado frontalmente los incrementos del salario mínimo aprobados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Especialmente el de 2019, del 22%, con el que advertían de la pérdida de empleo. Pablo Casado llegó a defender la bajada del salario mínimo, aunque después se desdijo.

Ahora, Feijóo asume esta referencia como suelo para los sueldos más bajos, en línea con los sindicatos CCOO y UGT, que están reclamando que esta meta esté fijada por ley, para que no dependa del Gobierno de turno.

Este seguidismo de las políticas progresistas del Gobierno de coalición en el terreno laboral no es una sorpresa. En la última campaña electoral, el líder del PP adelantó que respetaría la reforma laboral. Lo hizo en Bruselas, donde fue pactada con la Comisión Europea. “Entiendo que esa reforma sustancialmente es una buena reforma”, dijo, pese a que en 2021 el grupo parlamentario de su partido votó en contra de esta iniciativa, que se salvó por el error de su diputado Alberto Casero.

Este martes, respecto al tema del salario mínimo, el candidato popular no se conformó con el seguidismo. Añadió un bulo. “Con ustedes el incremento del SMI está por debajo del incremento de los precios y con nosotros el incremento del salario mínimo supera el incremento de los precios”, aseguró. En realidad, el SMI ha subido mucho más que la inflación en los gobiernos de Pedro Sánchez, pese a la crisis de precios. Exactamente, la inflación acumulada es del 16,3%, cerca de 3 veces menos que el incremento del salario mínimo en el mismo periodo.

También es cierto que en el último mandato del PP, de Mariano Rajoy, el SMI subió más que los precios en el conjunto de la legislatura: un 14,7%, respecto al 6% de inflación. Mientras, como se puede ver en el siguiente gráfico, en el anterior Gobierno del PP, con José María Aznar, el salario mínimo perdió poder adquisitivo al subir menos que los precios, algo que también ocurrió con el mandato de Felipe González. No así con los gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando el SMI ganó capacidad de compra.  

Además, Feijóo insistió, como ya hizo durante la campaña, en hacer uso del catastrofismo económico en contra de la realidad de los datos y las previsiones. El candidato a presidente del Gobierno persistió en su discurso de investidura en que “estamos a la cola en recuperación del PIB (Producto Interior Bruto) prepandemia”.

Sin embargo, las revisiones al alza del INE (Instituto Nacional de Estadística) del PIB, desde 2020 hasta el segundo trimestre de este 2023, y las últimas expectativas (del Banco de España, de la OCDE y de la Comisión Europea) confirman que España lidera el crecimiento entre los grandes países de la eurozona. Con las nuevas cifras, la actividad económica que mide el PIB supera ya en un 2% el nivel previo a la pandemia. Y se espera que siga incrementándose a un ritmo cercano al 2% en los próximos años.

Mientras (como se observa en el gráfico anterior), Alemania, Francia o Italia se quedan ligeramente por detrás por el frenazo que han sufrido desde finales de 2022. Principalmente, por la inflación más elevada que sufren. Pero también porque nuestro país se ha visto impulsado por el tirón del turismo –el último sector en desperezarse de la hibernación por la pandemia–, por la potencia del resto del sector exterior y por el despliegue más rápido del Plan de Recuperación.

La ración de catastrofismo se extendió a otra alarma clásica de la derecha: la deuda pública. Feijóo alertó de que es “desorbitada”. Y advirtió que es “irresponsable porque nos hace muy vulnerables en el contexto europeo de las reglas fiscales” de la UE. El líder PP no dijo que los datos actuales sitúan el endeudamiento de España (la deuda respecto al PIB) muy por debajo del de Italia y que es también ligeramente inferior al de Francia, al esperarse que caiga del 110% al cierre de este ejercicio. 

Todo el esfuerzo del Gobierno de coalición para dar respuesta a la pandemia y a la crisis de inflación se tradujo en un mayor endeudamiento (cuya sostenibilidad se mide en una primera aproximación como deuda respecto al PIB). Esta ratio se disparó por encima del 120%, pero nuestro país ya la ha conseguido reducir en cerca de 10 puntos.

De hecho, la propuesta principal para las nuevas reglas fiscales de la UE que los socios están debatiendo en estos momentos exige un compromiso de bajada del endeudamiento a medio plazo, que nuestro país cumple. Las reglas fiscales se activarán en 2024 y también trabajan con un objetivo de reducción del déficit por debajo del 3%, que España también cumple.

En la ratio deuda/PIB, el numerador (la deuda) sigue creciendo porque se espera que los Estados sigan teniendo déficit (el gasto público que no cubren los ingresos), pero la relación se reduce por el crecimiento económico, del PIB (el denominador). Además, la deuda/PIB no es la única ratio para observar la sostenibilidad de la deuda. Ni la más importante. Ni siquiera con los costes subiendo y subiendo por los aumentos de los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo (BCE).

El pago de intereses de la deuda anual no se ha disparado. Este año serán alrededor de 31.000 millones de euros, 6.000 millones más que en 2021. Pero en relación con los ingresos del Estado, lo que España pagará en intereses en 2023 se quedará algo por debajo del 6%. Se espera que esta ratio permanezca contenida. En 2013, superó el 9%.

Otro choque con la realidad, tanto de Feijóo como del líder del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, estuvo relacionado este martes con la inflación. El popular lamentó que “España es el país europeo en el que más se han empobrecido sus ciudadanos” y señaló que “el Banco de España apunta a una nueva subida de la inflación el año que viene”. En la misma línea incidió Abascal.

Sin embargo, ambos ignoraron que nuestro país es el que más ha moderado las subidas de precios por las medidas de choque del Gobierno de coalición, como el tope al gas, la bajada de los impuestos a la electricidad o de los alimentos básicos o los descuentos a los carburantes y al transporte público. Así, la caída de la inflación, por debajo del 3% desde junio hasta agosto, en términos interanuales, ha permitido que los salarios en España estén recuperando poco a poco poder adquisitivo, según viene destacando la OCDE.

Recientemente, la misma organización internacional destacó que España ha experimentado en el último año la mayor reducción de precios energéticos de todos los países que pertenecen a la institución. Una bajada de un 24,3% en julio frente al mismo mes del año pasado, gracias en buena parte al mecanismo ibérico.

Lo asombroso es que, para contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo, Feijóo propuso prorrogar o ampliar la mayoría de las medidas que el Gobierno de coalición mantiene actualmente, como “extender temporalmente la rebaja del IVA de los alimentos a la carne, pescado y conservas y, hasta que no se controlen los precios con intensidad, mantener el resto de medidas vigentes contra la inflación”. Este mensaje se podría intercambiar por el que trasladó el lunes la vicepresidenta primera y ministras de Asuntos Económicos en funciones, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Rebajas de impuestos

Por supuesto, Feijóo sumó alguna promesa de rebaja de impuestos, pese a la advertencia previa sobre la deuda. Concretamente, “reducir el IRPF a las rentas bajas y medias (con ingresos de hasta 40.000 euros), para compensar la carga adicional que la inflación ha provocado en este impuesto”. Luego, acusó al Gobierno de 42 subidas de impuestos, como ya hizo en julio en el cara a cara electoral con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Los datos de modificaciones impositivas recogidas por la Agencia Tributaria no llegan a 20 en la legislatura, incluso teniendo en cuenta modificaciones como la reducción del incentivo del IRPF por aportaciones a planes de pensiones privadas o los impuestos temporales a la banca, las eléctricas y las grandes fortunas. De hecho, el Gobierno de Pedro Sánchez ha ampliado los beneficios fiscales por rendimientos de trabajo de 18.000 euros a 21.000 euros y se ha elevado el mínimo exento de 14.000 a 15.000 euros. Según datos del propio Ejecutivo, esta rebaja supondrá un ahorro de unos 746 euros para aquellas personas que ganan 18.000 euros anuales.

Otro anuncio económico relacionado con reducir los ingresos públicos fue que “los pequeños emprendedores que empiezan no paguen impuestos en los dos primeros años de actividad”.

“Y para incrementar las ayudas de conciliación, en lo que de mí depende, las escuelas infantiles de 0 a 3 años serán gratuitas”, resaltó, en contra de decisiones que ha tomado el Partido Popular en las comunidades autónomas que gobierna. En Extremadura, por ejemplo, su partido eliminó la gratuidad universal de los comedores escolares este mes. Antes, lo había hecho junto a Vox en Castilla y León. Por su parte, el Gobierno andaluz subió los precios de todos los servicios escolares.

“Suelo, suelo, suelo público para construir”

“En la pasada legislatura, no se ha conseguido que sea más sencillo acceder a una vivienda. Al revés, es más difícil y más caro. Y el precio del alquiler no ha dejado de crecer, lo que muestra el fracaso de la decisión de intervenir el mercado topando precios”, introdujo Feijóo en su discurso.

“Si obtengo la confianza de la Cámara, les propongo tomar como base el plan de vivienda comprometido en mi programa electoral. No propone soluciones mágicas ni modelos intervencionistas que no funcionan, sino una apuesta útil, que dé total prioridad a jóvenes y vulnerables; y que necesariamente pasa por un incremento histórico de la oferta aprovechando suelos públicos ociosos, y por dar la seguridad jurídica a los propietarios que se ha perdido”, prosiguió.

El plan pasa por derogar la Ley de Vivienda y por alcanzar un pacto de Estado, con comunidades y ayuntamientos, para construir viviendas a precios más asequibles, movilizar viviendas en régimen de alquiler y profundizar en la rehabilitación del parque existente, pero no entra en detalle de cómo hacerlo. Sobre el suelo, propone movilizar aquel que sea de titularidad pública y que esté enfocado en otros usos para destinarlo a redes públicas de vivienda, tanto patrimonial como de dominio público, “con destino a fórmulas de promoción de vivienda en alquiler asequible”, pero no pone cifras.

El “maquillaje” de los fijos discontinuos

Sobre el mercado laboral, el líder del PP no mencionó la caída del paro por debajo del 12% (un mínimo desde 2007) y sí que el desempleo estructural es muy elevado en comparación con el resto de la eurozona. Y, de nuevo, mencionó el “maquillaje” de los fijos discontinuos en su repuesta a la intervención de Sumar, el partido de la ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, en el debate de investidura.

Desde que la reforma laboral ha reducido el trabajo temporal e incrementado el indefinido, el Partido Popular está insistiendo en desmerecer las cifras de empleo. Entre sus argumentos: que el Gobierno está “maquillando” las estadísticas del paro. Sin embargo, los datos de Trabajo y de la Seguridad Social –esos que supuestamente “maquillan” e invisibilizan a parados– no han cambiado. Los fijos discontinuos que están inactivos no figuran como parados en el SEPE, aunque sí pueden hacerlo en determinados casos en la EPA (Encuesto de Población Activa) del INE, de la misma manera que sucedía durante los mandatos del PP (en esta información se explica esta cuestión).

Ambigüedad con las pensiones

Por último, Feijóo tomó el mismo camino transitado por su programa electoral respecto a las pensiones, apuntando que garantizará “la revalorización de las pensiones en el marco del Pacto de Toledo”. Sin embargo, esta última promesa choca con el voto en contra hace solo unos meses de la reforma del Gobierno de coalición, avalada por la Comisión Europea y que contempla la subida de las pensiones según el IPC. Y se contradice con los años en los que estuvieron en Moncloa, con Mariano Rajoy como presidente, y elevaron las pensiones por debajo del coste de la vida, pese a que los populares hayan intentando esconderlo.