El fiscal jefe de la provincia de Castellón, Francisco Sanahuja Paulo, se ha declarado incompetente para investigar la eventual responsabilidad del Gobierno de Mariano Rajoy en el fiasco del almacén submarino de gas Castor, y en concreto, en la indemnización abonada por su cierre, que va a costar a los españoles 1.350 millones de euros (sin incluir los intereses) que pagarán en los próximos 30 años los consumidores de gas a su promotora, Escal UGS, controlada por la constructora ACS.
Sanahuja dice que no hay “indicio alguno de infracción penal” y añade que la cuestión excede el ámbito territorial de esa fiscalía.
El 24 de octubre, Víctor Tormo, diputado de Esquerra Unida del País Valenciá (EUPV), registró un escrito en la Fiscalía de Castellón, en el marco de las diligencias previas que instruía sobre el caso, en el que se hacía eco de una información publicada tres días antes por el diario local Levante, según la cual, el Gobierno central amplió en 2012 “el blindaje de la cláusula de renuncia e indemnización a la concesionaria del proyecto”.
“Sin dicha ampliación, el derecho de renuncia habría expirado en mayo de 2013 y Escal UGS no habría podido reclamar la indemnización en los términos actuales”, señalaba ese escrito.
En su escueta respuesta, remitida apenas once días después, Sanahuja señala que no resulta “indicio alguno de infracción penal de lo relatado por el Sr. Tormo. Además resulta harto improbable que cualquier decisión del Consejo de Ministros del Estado haya sido adoptada y firmada en el ámbito territorial de esta Fiscalía Provincial de Castellón. En consecuencia procede el archivo del presente Expediente Gubernativo”.
La infraestructura, que fue impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, es un ejemplo de libro de socialización de las pérdidas de una empresa privada, ACS, a cargo del contribuyente. La clave de la prisa que se dio el Gobierno para indemnizar a la constructora que preside Florentino Pérez radica en que uno de los principales acreedores de la infraestructura era el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que tenía 500 millones de euros comprometidos en el proyecto a través de una emisión de bonos.
Esa emisión se llevó a cabo en julio de 2013, apenas un mes antes de los primeros terremotos que precipitaron el cierre de Castor, ubicado sobre una falla tectónica frente a las costas de Vinaròs (Castellón).
Según la OCU, el cierre de Castor va a costar a todos los consumidores españoles la friolera de 4.731 millones de euros, si se suman los intereses a los 1.350 millones de indemnización ya abonados a su promotora, y que ha adelantado la banca.