El Fondo Monetario Internacional ha dado el visto bueno a las subidas de impuestos que recoge el proyecto de Presupuestos Generales de 2021, muy contestada por los partidos de las derechas (PP, Vox y Ciudadanos) y censurada en algunos aspectos por socios como el PNV, pero hace un llamamiento para que “las medidas que puedan tener un efecto desproporcionado en la población de bajos ingresos, como la ampliación de la recaudación del IVA o el aumento de los impuestos ambientales, deberían esperar hasta que la recuperación sea firme y acompañarse de un gasto selectivo eficaz para proteger a los más vulnerables”.
El organismo multilateral hace estas consideraciones en un informe hecho público este viernes donde recuerda que “la relación entre impuestos y PIB de España es relativamente baja en comparación con sus homólogos regionales”, cuando destaca que “las medidas estructurales sostenibles serán cruciales para reconstruir amortiguadores fiscales mientras se respalda más acciones de inclusión e innovación”.
“En línea con la estrategia fiscal pre-COVID, las autoridades han tomado medidas para aumentar las bases de recaudación de impuestos y la progresividad del sistema fiscal que acercará los ingresos de España a la media de la UE -un 41% del PIB- donde la relación ingresos-PIB en 2019 fue 6 puntos por debajo de la media europea. Se espera que las nuevas medidas produzcan aumentos de ingresos de más de 6.000 millones de euros”, recoge el apartado del documento elaborado por Pablo Romero, director Ejecutivo para España del FMI.
Teniendo en cuenta el agujero que todavía separa a España del resto de países europeos en recaudación fiscal, el fondo apunta que “hay margen para la mejora estructural, especialmente mediante el fortalecimiento de la recaudación del IVA, el aumento de los impuestos especiales y los gravámenes ambientales, y la reducción de las ineficiencias del sistema tributario”.
De hecho, Andrea Schaechter, responsable de la misión del Fondo en España, ha señalado en la rueda de prensa que el FMI respalda medidas como la tasa a la compañías digitales, “uno de los beneficiados de la crisis de la COVID-19”, así como el incremento de los impuestos a las capas de la sociedad con mayores ingresos y a las grandes corporaciones.
Aunque el organismo que dirige Kristalina Georgieva llama la atención sobre el impacto de las medidas fiscales sobre la población de bajos ingresos, “como la ampliación de la recaudación del IVA o el aumento de los impuestos ambientales”, que se deberían retrasar “hasta que la recuperación esté en firme y vaya acompañada de un gasto efectivo dirigido a proteger los más vulnerables”, también apunta que el Gobierno debe comenzar con antelación a hacer “un trabajo de base para asegurar la aplicación efectiva y oportuna de estas políticas”.
El FMI apunta a la subida de impuestos en un entorno donde “se espera que los efectos perjudiciales de la crisis actual aumenten aún más la vulnerabilidad fiscal del país. La posición proyectada dejaría poco margen fiscal para hacer frente a futuras perturbaciones adversas, especialmente en un entorno de tipos de interés más elevados, poniendo la sostenibilidad de la deuda pública en un riesgo sustancial”.
“Para reconstruir las reservas fiscales a mediano plazo, el personal recomienda reanudar una consolidación gradual una vez que la economía se encuentre en una situación de fortaleza sostenida de crecimiento con la caída del desempleo. Según las hipótesis actuales, esas condiciones podrían darse como muy pronto a partir de 2022”, señala el fondo.
Los calculo del FMI pasan por una consolidación anual del déficit primario estructural del 0,5% del PIB, que “podría revertir la tendencia al alza, poner el ratio de deuda en una trayectoria descendente a partir de 2023 y lograr una posición fiscal estructural cercana al equilibrio dentro de un decenio según las estimaciones actuales”.
Reforma de pensiones
En el tema de pensiones, el FMI propone “un paquete de reformas sostenibles para equilibrar la sostenibilidad de las pensiones y la aceptación social”, ya que es necesario “un compromiso a largo plazo para contener la presión del gasto en pensiones derivada del envejecimiento de la población” cuando la crisis de la COVID-19 “hará retroceder aún más las finanzas del sistema de pensiones”. Entre las medidas que apunta el organismo multilateral están “incentivar la prolongación de la vida laboral, aumentar los ingresos sin elevar las ya elevadas tasas de cotización y fomentar el ahorro complementario”.
En este sentido, el Gobierno ha puesto en marcha ya algunas de las recomendaciones. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene como hoja de ruta impulsar los planes de pensiones de empleo para “extender la cobertura de los planes de pensiones colectivos a más de la mitad de la población ocupada”, lo que supondría “multiplicar por tres o cuatro la cuota de penetración de estos planes” complementarios a la pensión pública.
Contrato único y mochila austriaca
Respecto al mercado laboral, el FMI sostiene que “la conclusión de la simulación es que la propuesta mixta de contrato único y un 'fondo austriaco' tiene el potencial de reducir significativamente la segmentación del mercado laboral en España, sin aumentar el coste del despido para las empresas ni reducir la protección del empleo para los trabajadores”. Es decir, el organismo multilateral estaría proponiendo la instauración del contrato único y la mochila austriaca, un sistema de cuentas individuales de capitalización en el que el trabajador acumula fondos en una especie de hucha de cara a un posible despido o para su futura jubilación como modelos a seguir mejorar el mercado laboral.
La mochila austriaca ha sido uno de las propuestas laborales que más polémica ha creado en los últimos meses. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, pidió en el Congreso que se dediquen parte de los fondos europeos para sufragar los costes iniciales o de transición de la mochila austríaca. La implantación de este sistema siempre ha estado rodeado de la polémica y ha sido una de las banderas de las formaciones políticas de la derecha, especialmente de Ciudadanos, y por la parte más liberal del Gobierno de coalición, con la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, como su principal defensora dentro del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez.
De hecho, el tema de la mochila austriaca ha sido uno más de los puntos de fricción entre Calviño y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se ha mostrado públicamente contraria a su aprobación cuando el departamento de la vicepresidenta lo incluyó en su 'Agenda del Cambio' durante la pasada legislatura.
Problemas con la vivienda
Otro aspecto que ha tocado el FMI son los problemas de vivienda. El fondo destaca en su informe que “la asequibilidad de los alquileres se deterioró después de la crisis financiera mundial. España es uno de los países de la UE países con la mayor proporción de inquilinos sobrecargados, es decir, inquilinos que gastan más del 40% de sus ingresos en alquileres o, más en general, en gastos totales de vivienda”.
Para evitar este problema el fondo propone “que los ”esfuerzos de los distintos niveles de gobierno se centraran en hacer frente a las limitaciones de la oferta, ya que, según algunas estimaciones, la elasticidad de la oferta de viviendas es relativamente baja en España al tiempo que se garantiza un rápido acceso a las ayudas al alquiler para los más necesitados“.
Otras medidas que propone el FMI son “facilitar y simplificar la reglamentación del uso del suelo; acelerar los procesos de recalificación, especialmente para la construcción de viviendas asequibles; aumentar el parque de viviendas sociales de alquiler, orientándolo principalmente a las personas de bajos ingresos; mejorar la eficiencia de los sistemas de procesos de concesión de permisos a los arrendatarios; y garantizar una buena infraestructura pública de transportes entre las ciudades de rápido crecimiento y zonas con viviendas más asequibles”.