Una alternativa utópica para responder a la inflación se encontraría en los viejos fondos suecos, aunque ni los poderosos sindicatos del país nórdico que los promovieron en los 70 pudieron imponerlos en su concepción original. En bruto, se trataría de unas bolsas de dinero que se llenarían con el excedente de beneficios conseguido por las empresas por las subidas de precios y que se volvería a reinvertir en las propias compañías a nombre de sus trabajadores, permitiéndoles entrar en el capital, incluso participar en los consejos de administración y en las decisiones estratégicas.
Sería una fórmula en línea con la “democratización” de los centros de trabajo que esta misma semana pidió la vicepresidente segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y que si a largo plazo serviría para reducir la desigualdad y arraigar el empleo, a corto funciona como compensación por el menor poder adquisitivo que implica la subida de los precios sin aumento de los salarios. En este mismo sentido, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, señaló que “se trata de una reflexión y un debate que tenemos que tener y ver las distintas opciones que pueden ser mejores para las empresas y sectores”.
Quizá, podría verse como un sofisticado pacto de rentas, con el mismo objetivo de repartir los daños entre empresas y trabajadores, e ir más allá. Pero el fracaso de la negociación sobre un simple acuerdo salarial impide siquiera imaginar otros horizontes.
Una inflación asfixiante
El 7,5% de inflación media que estima el Banco de España para este 2022 supone perder una paga del sueldo respecto al año pasado. En cifras concretas, si a un salario bruto anual de 20.000 euros de un trabajador, que recibe 1.429 euros en cada una de las habituales 14 pagas, la subida de los precios le da ese mordisco del 7,5%, el recorte en la renta es de cerca de 1.500 euros. Es decir, efectivamente pierde una paga, que no significa lo mismo para las familias con menos ingresos que para otras con más, o con muchos más.
El Gobierno viene reiterando que su prioridad ante la aceleración de la inflación es proteger a los hogares más vulnerables. Incluso ha aprobado un Plan de choque con medidas temporales como el descuento de 20 céntimos por litro de combustible, la extensión del Ingreso mínimo vital (IMV), la bajada del IVA de la luz o el límite del 2% a la actualización de los alquileres ligados al Índice de precios de consumo (IPC). Y hasta ha conseguido el visto bueno de la Comisión Europea para limitar el precio del gas a 50 euros por MWh en la generación de electricidad, con el objetivo de bajar la factura.
Estas medidas son paliativas, sin duda, aunque insuficientes. Y algunas de ellas no están dirigidas precisamente a proteger a las familias con menos ingresos. El propio Ejecutivo ha pretendido, en paralelo, impulsar un pacto de rentas que reparta los daños de la inflación entre empresas y trabajadores, con acuerdos de subidas salariales plurianuales, que mitiguen la pérdida de poder adquisitivo en dos o tres años sin hundir los márgenes de los negocios (la capacidad de obtener beneficios de los ingresos tras descontar todos los costes, como la luz, las materias primas o los propios sueldos). Una negociación en la que patronal y los sindicatos mayoritarios han encallado.
Y, mientras, las subidas de precios siguen siendo asfixiantes. Las familias sufren una inflación —provocada, inicialmente, por la explosión de demanda en la salida de la pandemia y los cuellos de botella en el comercio mundial; y, después, intensificada por el impacto de la guerra en Ucrania— que requiere ya respuestas más contundentes, o quizá más utópicas.
Los fondos de asalariados
Una de ellas aparece en el Plan España 2050 que el Gobierno presentó en mayo de 2021, aunque con el espíritu de reducir la desigualdad a largo plazo. En cambio, algunos economistas han aludido a esta alternativa para responder a la inflación actual. Se trata de los “fondos del personal asalariado”, según los denomina el documento estratégico del Ejecutivo, en un epígrafe en el que propone “estudiar la creación de mecanismos orientados a fomentar la participación de los trabajadores y trabajadoras en el capital de sus empresas”.
Estos fondos, que como bien recuerda el Plan España 2050 tiene su origen en Suecia y, de hecho, son conocidos popularmente como fondos suecos, son definidos de distintas maneras, y han sido diseñados de otras tantas. Según el documento del Gobierno, serían “fondos de inversión colectiva de la plantilla laboral en la propiedad empresarial, que reinvierten los dividendos obtenidos en su capitalización”.
En definitiva, fondos nutridos con parte de los beneficios de las empresas para ser reinvertidos en las propias empresas haciendo que los trabajadores de las mismas accedieran a la propiedad, pudiendo estar representados en los consejos de administración, y así tomar parte activa de las decisiones estratégicas.
“Estos mecanismos pueden generar importantes beneficios distributivos. En primer lugar, frente a propensiones cortoplacistas que, en ocasiones, lastran la gobernanza empresarial, pueden contribuir a potenciar la inversión a largo plazo en el territorio y, con ella, la creación de empleo. En segundo lugar, pueden ayudar a revertir la tendencia creciente a la concentración de la propiedad, reequilibrando el reparto entre rentas del capital y rentas del trabajo”, detalla el Plan España 2050.
Albert Recio, profesor de economía aplicada de la UAB y miembro del consejo científico de Attac, da otra versión de este mecanismo. Sería una “opción más sofisticada de compensar a los salarios, basada en que una parte de las ganancias no repartidas [de las empresas] vayan a nutrir estos fondos. Esta puede ser una alternativa frente a la propuesta de moderar salarios y no repartir dividendos [aplicada por ejemplo respecto a las compañías que se beneficiaban de la subvención pública a los Erte]”.
Y, según añade, “esta parte de beneficios no repartidos podría servir para financiar un fondo público con control sindical, que eventualmente favoreciera la propiedad pública o incluso el pago de rentas a trabajadores”. En definitiva, “se trata de convertir la moderación [salarial] en un cambio del modelo de propiedad”, explica el profesor.
Sindicatos y Yolanda Díaz
Este mismo miércoles, el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, indicó que es “fundamental” avanzar en la participación de los trabajadores en la empresa, dado que uno de los “grandes déficit” actuales es la “falta de democracia” en los centros de trabajo.
Sordo, en realidad, dio continuidad a la petición de la vicepresidenta Yolanda Díaz, tras conocerse unos positivos datos de paro, de que los trabajadores estén representados en los consejos de administración de las empresas y participen en la toma de decisiones de las mismas.
“Como dijo Marcelino Camacho: el sindicalismo fue el pariente pobre de la Transición y la democracia se quedó en las puertas de los centros de trabajo. Esto es verdad, y hay que corregirlo en nuestro país”, defendido Unai Sordo junto a la ministra.
El ejemplo de Suecia
En distintos textos, el profesor Mario del Rosal ahonda en el ejemplo de los fondos suecos. “A principios de los años setenta, la socialdemocracia sueca, que llevaba ya más de cuarenta años consecutivos en el gobierno, lanzó una propuesta económica de insólita envergadura: los fondos de inversión de los asalariados. En su concepción original, este proyecto era un paso decidido hacia la socialización del capital por medio de la colectivización de la propiedad de los medios de producción y la entrega a los trabajadores del poder real de decisión en las empresas”, arranca.
Esta vía “jamás llegó a ser aplicada íntegramente”, incide. Su primer objetivo fue evitar detraer las ganancias extraordinarias de las empresas (que actualmente consiguen si trasladan la inflación al precio final de sus bienes o servicios sin subir salarios), por la vía impositiva, lo que afectaría negativamente a la inversión empresarial.
Entonces, sin tocar impuestos, “trasvasarían [el exceso de beneficios] a unos fondos colectivos que favorecerían la capitalización de la economía, ya que serían directamente utilizados en la adquisición de acciones de las empresas”.
El segundo objetivo de estos fondos suecos sería “franquear el acceso de los trabajadores a la toma de decisiones dentro de la empresa”, continúa Mario del Rosal. Y el tercero, evitar la concentración de riqueza y poder económico.
La clave es el funcionamiento teórico, que resume el profesor: “Todas aquellas empresas con más de cincuenta empleados estarían obligadas a emitir cada año acciones nuevas por un importe equivalente al 20% de sus beneficios brutos. Dichas acciones —y los ingresos derivados de su titularidad— serían propiedad de los sindicatos locales mientras no llegaran a copar más de la quinta parte del capital total de la empresa. En caso de superar esa fracción, las acciones pasarían a un fondo de inversión gestionado conjuntamente por representantes de los trabajadores y los empresarios”.
Tras un intenso debate nacional e internacional, y el rechazo frontal de la patronal, su funcionamiento real distó mucho de estos objetivos, pese a la fuerza de los sindicatos suecos y a la posición dominante de la socialdemocracia en la política del país nórdico.
Y unos difuminados fondos de asalariados acabaron insertos en el sistema público de pensiones, hasta ser finalmente liquidados en 1991. Sin que los trabajadores accedieran a la propiedad de la empresas, ni a los consejos de administración, salvo excepciones en porcentajes muy limitados, que hoy perviven también en otros países, como Alemania. O incluso en España, en empresas como Navantia, que Yolanda Díaz puso de ejemplo. O, en otros casos, existen órganos solamente consultivos.