Los planes económicos de un gobierno del Partido Popular con o sin Vox en España tienen precedentes muy preocupantes en el resto de Europa. Durante los últimos meses, en Reino Unido, en Italia y en Francia, algunas de las medidas o planes de los ejecutivos de derechas que comparten el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo y la formación ultra de Santiago Abascal han provocado grandes problemas y hasta crisis financieras y sociales.
PP y Vox han prometido bajar impuestos. Concretamente, el PP ha dejado claro que pretende derogar los tributos de patrimonio y de las grandes fortunas, que afectan mayoritariamente a las rentas más altas. También considera que están “mal confeccionados” los impuestos temporales por los beneficios extraordinarios de la banca y de las eléctricas en esta crisis de inflación y de subida de los tipos de interés.
Por otra parte, plantea deflactar el IRPF (“rebajar la tarifa”, según las propias palabras de Feijóo) a los trabajadores con menos de 40.000 euros de ingresos brutos anuales. Eso sí, sin especificar en qué porcentaje lo haría. En teoría, es una medida dirigida a evitar la pérdida de poder adquisitivo en una crisis de inflación, ya que busca que las subidas de salarios no se vean mermadas si provocan un salto en la tarifa que se debe pagar de IRPF. Con lo cual, deflactar pierde sentido cuando en España la inflación se ha moderado por debajo del 2% y los sueldos ya no están perdiendo poder adquisitivo, sino que están recuperándolo poco a poco.
Por último, Feijóo está defendiendo la necesidad de bajar el IVA “a la carne, pescados y conservas con carácter temporal”, los alimentos que consumen más las rentas más altas. En el programa electoral de los populares hay hasta 20 menciones a rebajas impositivas de todo tipo. A las propuestas del PP, Vox añade la eliminación de los “impuestos verdes”, “una bajada radical del IVA”, del IBI (sobre bienes e inmuebles)...
El primer plan fiscal de estas características en Europa después de la pandemia lo intentó desplegar la conservadora Liz Truss en Reino Unido en el otoño de 2022. El resultado fue un crisis autoinfligida, que provocó la depreciación de la libra en los mercados internacionales de divisas, hasta mínimos de 40 años en su cruce con el dólar. Una caída que encareció aún más las importaciones de petróleo o de gas, que se compran y se venden en la moneda norteamericana, en plena crisis de inflación. Y del resto de productos de fuera de sus fronteras, ya que la libra también se desplomó respecto al euro y al resto de divisas fuertes.
Asimismo, aumentó súbitamente el coste de la deuda pública. Por un lado, por las previsiones de una caída de los ingresos públicos y de un mayor déficit (el desequilibro presupuestario que se cubre con deuda), tras 2 años de un esfuerzo histórico de gasto por la pandemia. Por otro, por el aviso del Banco de Inglaterra de que la bajada de impuestos truncaba su lucha contra la inflación y le obligaría a incrementar todavía más los tipos de interés oficiales.
El plan fue retirado. El ministro neoliberal de Economía de Truss, Kwasi Kwarteng, fue la primera víctima política. Muy pronto, el 22 de octubre, llegó la dimisión de la propia primera ministra británica. Pero, desde entonces, la economía de Reino Unido no ha levantado cabeza. La OCDE espera que la isla sufra una inflación que roce el 7% en el conjunto de 2023 y que la actividad, según el PIB (Producto Interior Bruto), se estanque, y apenas avance un 0,3%.
“No haremos rebajas fiscales a lo loco”, tuvo que salir a aclarar en el arranque de la campaña electoral el portavoz económico del PP, Juan Bravo, ante la imprecisa y amplia “vocación” de “aliviar la carga fiscal de las familias, de los autónomos, de las empresas” en la que basan sus promesas de política fiscal para las elecciones generales del 23 de julio. El propio Feijóo ha ido matizando la agresividad respecto a esta cuestión con el paso de los días.
Otro ejemplo de fracaso de una bajada de impuestos se está evidenciando en Italia. El Gobierno de ultraderecha de Giorgia Meloni ha rebajado el IRPF desde julio hasta el final de este 2023, con un coste de 4.000 millones para las arcas públicas, y ha insistido en seguir reduciendo la presión fiscal. Unas acciones que justifican, junto a otras razones como el frenazo del crecimiento económico o las medidas anti inflación, que la OCDE prevea que el país cerrará el año con un desequilibrio presupuestario del 4,1% respecto al PIB. Mientras, la misma organización espera que España lo reduzca al 3,5%.
Las expectativas de crecimiento en nuestro país superan el 2%. Las de Italia se quedan prácticamente en la mitad, en el 1,2%. Más avance del PIB y menos déficit suponen que España reducirá el endeudamiento (ratio deuda/PIB) al entorno del 110%, tras llegar a superar el 120% en 2020 por el shock de la pandemia. La deuda de Italia se quedará en el 140,7% frente al PIB, en vísperas de un acuerdo sobre las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea (UE), que se aplicarían desde 2024.
Ante esta amenaza, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, calcula que el programa económico del PP promete “una caída estructural de ingresos de 20.000 millones, que provocaría un deterioro del déficit estructural del 1,5% del PIB”. Calviño avisa de que las propuestas que defiende el candidato Alberto Núñez Feijóo alejarían a nuestro país del objetivo de reducir el desequilibrio presupuestario, salvo “que nos esté ocultando un recorte masivo [del gasto público]”.
En Italia, Meloni ha anunciado también su intención de aprobar una reforma laboral que “flexibilice” la contratación. Es decir, que favorezca la temporalidad, ante lo que la Comisión Europea ha mostrado ya su disconformidad. En la misma línea, desde marzo, Bruselas tiene paralizado el tercer pago, de 19.000 millones de euros del Plan de Recuperación por las dudas sobre algunas de los hitos que exigen los desembolsos de los fondos comunitarios.
El despliegue del Plan de Recuperación de España, que sí consiguió la aprobación para el tercer desembolso, es una de las razones que explican el liderazgo de nuestro país respecto al crecimiento del PIB entre las grandes economías de la eurozona, junto a la mayor competitividad de nuestras empresas. España está vendiendo fuera más que nunca (exportando) gracias, en gran medida, a la bajada más rápida de la inflación por el tope al gas (o excepción ibérica), a la aceleración de la transición energética y al resto de medidas de choque. Y suma el 'boom' del turismo.
De hecho, otro riesgo de un cambio de gobierno tras el 23 de julio está en el propio reglamento del Plan de Recuperación. La derogación o los cambios significativos de la reforma laboral, de las pensiones o de la nueva ley de vivienda que pudiera intentar el PP si llega al Gobierno con el apoyo de Vox implicarían penalizaciones millonarias de la Comisión Europea por incumplir las normas de los fondos europeos, según explicó elDiario.es en esta información.
El modelo que subyace del programa y las propuestas del PP es una política pro cíclica, que, en resumen, plantea bajadas de impuestos en momentos de crecimiento y austeridad y recortes en el gasto ante las recesiones. El ex presidente popular José María Aznar lo ha confesado recientemente, al hablar en una conferencia de la necesidad de “volver al rigor” económico y a la “disciplina”. Igual que otras voces de la derecha en nuestro país.
“La política económica de bajar impuestos para recortar gastos del PP ya vimos cómo terminó hace una década: con fuertes subidas de impuestos (especialmente del IVA), acompaña de fuertes recortes en el estado del bienestar”, lamenta Nacho Álvarez, portavoz económico de Sumar. Hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha rechazado la austeridad con antídoto contra la deuda excesiva. “La consolidación fiscal [la austeridad o, lo que es lo mismo, los recortes en el gasto público] tiene efectos insignificantes de media en el endeudamiento [de los estados]”, concluyó en su último informe sobre la coyuntura mundial.
Desde el Gobierno de coalición, tanto desde la parte del PSOE como desde de Unidas Podemos y Sumar, se viene defendiendo otra forma de hacer las cosas. Una política contra cíclica, que ha aumentado fuertemente el gasto público ante dos shocks imprevisibles e históricos para aliviar el daño a las familias y a las empresas, pese a los incrementos del déficit y del endeudamiento (como han hecho todas los estados occidentales). Ahora, se busca ir reduciendo los desequilibrios sin subir impuestos a las rentas bajas y medias, buscando gravar más a ricos y empresas y manteniendo la senda de crecimiento de la actividad en general, de la inversión y de la creación de empleo.
Un aviso de las consecuencias de los recortes en el estado de bienestar ha resonado en Francia, con intensas protestas de los trabajadores por la reforma de las pensiones del gobierno de derechas de Emmanuel Macron. La OCDE estima que el país vecino cerrará 2023 con un déficit del 4,8% (muy por encima del de España) y que su endeudamiento superará al de España por primera vez desde 2012, y el ejecutivo está intentando reducir gastos. Y ha empezando mermando el sistema de pensiones.
El principal cambio es el retraso de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años. En marzo, en una visita a Bruselas, Feijóo llegó a sugerir que la reforma de las pensiones de Macron era mejor que la aprobada por el Gobierno de coalición en España.
En su programa electoral, el PP dedica solo un punto a las pensiones, en el que señala que asegurará “la sostenibilidad y la suficiencia del sistema de pensiones para las generaciones actuales y futuras” y, también, que garantizará “la revalorización de las pensiones en el marco del Pacto de Toledo”.
Sin embargo, esta última promesa choca con el voto en contra hace solo unos meses de la reforma del Gobierno de coalición, avalada por la Comisión Europea y que contempla la subida de las pensiones según el IPC. O que se contradice con los años en los que estuvieron en Moncloa, con Mariano Rajoy como presidente, y elevaron las pensiones por debajo del coste de la vida, pese a que los populares hayan intentando esconderlo, con mentiras o medias verdades del candidato Alberto Núñez Feijóo.
Pero si se cumplen las encuestas y el PP necesita a Vox para gobernar estaría en riesgo que las pensiones se revaloricen según el IPC. El partido de ultraderecha es la única formación política que ha admitido durante la campaña de las elecciones del 23 de julio que solo subirán las pensiones “en tanto en cuanto vayamos reduciendo el gasto estructural, porque no podemos permitirnos seguir en un estado continuo de déficit”, según las palabras de su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.
“Tenemos que tener las pensiones más elevadas posibles, pero para eso necesitamos o bien reducir el gasto o bien reducir las pensiones, como no queremos reducir las pensiones, tenemos que reducir el gasto, y, así, se podrán subir en tanto en cuanto vayamos reduciendo el gasto estructural, porque no podemos permitirnos seguir en un estado continuo de déficit”, explicó Espinosa de los Monteros.
Esta posición, en la práctica, implicaría una rebaja automática del poder adquisitivo de las pensiones mientras haya desequilibrios presupuestarios, algo que prevén todas las instituciones para los próximos años, aunque se confíe en una senda de reducción del déficit, y que sería imposible de revertir con las promesas de bajar “radicalmente” los impuestos que recoge el programa electoral de la formación de ultraderecha.
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