Un funcionario del Gobierno central figura entre los adjudicatarios de la subasta de energías renovables con la que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital adjudicó el pasado miércoles 3.000 megavatios (MW) de potencia, en la primera oportunidad relevante para el despliegue de estas fuentes de generación desde la moratoria a las primas de principios de 2012.
De entre los 30 seleccionados cuya identidad anunció el ministerio en una nota difundida el viernes por la tarde, el funcionario en cuestión, Ildefonso Pedro Tauste Ortiz, es la única persona física. Según consta en el Boletín Oficial del Estado, Tauste accedió en enero de 2004 al cuerpo de Titulados Superiores de Organismos Autónomos del entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología, especialidad “eléctrica”. Su primer destino fue la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), actualmente adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
En 2010, el Ministerio de la Presidencia (entonces a cargo de la socialista María Teresa Fernández de la Vega) nombró a Tauste director del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, cargo que ocupa en la actualidad. En el BOE hay constancia de más de una decena de anuncios firmados por él relativos a solicitudes de autorización previa de diversas instalaciones eléctricas, como líneas de alta tensión, subestaciones y centrales de generación. La última es del pasado diciembre.
Tauste se ha adjudicado 7 kilovatios (kW) fotovoltaicos en la subasta organizada por el ministerio. Es una cantidad muy pequeña que podría corresponder a una instalación doméstica para autoconsumo, aunque no ha sido posible confirmar este dato, ya que Tauste ha declinado atender a eldiario.es
La potencia que ha obtenido, con ser muy pequeña, es superior a las que han logrado empresas como la petrolera Cepsa y Gestamp, la portuguesa EDP Renováveis o Cobra, filial de la constructora ACS, entre otras empresas.
Esas instalaciones podrán vender su energía en el mercado “sin coste para el consumidor eléctrico en el escenario de precios medios de referencia”, según Energía. Esto es, si el precio de la energía en el mercado eléctrico cumple con las previsiones del ministerio, no cobrarán prima al haber ofrecido el descuento máximo previsto en las pujas. Si los precios del denominado 'pool' se desplomasen, dentro de tres años esas plantas sí tendrían derecho a cobrar un incentivo adicional.
A preguntas sobre este asunto, fuentes del Ministerio de Energía señalan que la subasta está “pendiente de validación” y no entran a valorar la condición de funcionario público de Tauste. Añaden que, si bien Energía diseñó la subasta y aprobó las correspondientes órdenes ministeriales para llevarla a cabo, su gestión ha correspondido al operador del mercado OMIE y su supervisión, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que dio por bueno el resultado en los plazos previstos.
El ministerio recordó en la nota difundida el viernes que, “a partir de este momento, las empresas adjudicatarias serán inscritas en el Registro Administrativo de régimen retributivo, mediante resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas” y recordó que “esta nueva potencia renovable deberá estar en funcionamiento antes de 2020. Para ello, se han introducido mecanismos y avales para garantizar que se llevan a cabo los proyectos adjudicados”.
Los 7 kW obtenidos por Tauste suponen el 0,6% de los apenas 1.037 kW que las instalaciones fotovoltaicas han obtenido en la subasta, calificada la semana pasada de “éxito muy bueno” por el ministro Álvaro Nadal porque las plantas producirán electricidad “sin coste para el consumidor eléctrico en el escenario de precios medios de referencia”, según su departamento.
La subasta, que tuvo una gran demanda (las solicitudes triplicaron con creces la oferta), era un traje a medida para la energía eólica, ya que se priorizaban las instalaciones de mayor tamaño y con más horas de funcionamiento, lo que propició que el 99,3% de la potencia subastada haya ido a parar a los molinos de viento.
La gran perjudicada fue la fotovoltaica, cuya patronal UNEF ha recurrido la subasta ante el Tribunal Supremo por considerarla discriminatoria. Esta tecnología se ha adjudicado apenas un 0,03% de la potencia subastada. De ese minúsculo porcentaje, una pequeña parte ha sido para un funcionario del Gobierno.