El Gobierno prevé multas de hasta 30 millones de euros para los propietarios de gasolineras con un determinado nivel de ventas que en un periodo de aproximadamente dos años no tengan instalados puntos de recarga para coches eléctricos.
La medida, avanzada por El Independiente, está recogida en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que el Ejecutivo ha remitido a los grupos parlamentarios. Afectará, como mínimo, a 1.200 estaciones de servicio en toda España, según los cálculos que ha hecho el Ministerio para la Transición Ecológica, en función de las cuotas de mercado de los operadores y del volumen de litros de cada estación de servicio. Supone que afectará a aproximadamente el 10% del parque de estaciones de servicio en España (a cierre de 2017 había unas 11.500).
El borrador incluye una modificación de la Ley de Hidrocarburos para pasar a considerar infracción “muy grave” (sancionada con hasta 30 millones) el incumplimiento de la obligación de “instalar infraestructuras de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 22kW” con energía con garantía de origen renovable en un periodo de entre 21 y 27 meses para determinadas gasolineras.
El criterio para determinar qué estaciones de servicio estarán obligadas a instalar electrolineras será, en primer lugar, el volumen de litros vendidos: un mínimo de 5 millones al año en 2017. Las que en 2017 sirvieron al menos 10 millones de litros de combustible tendrán nueve meses desde la entrada en vigor de la ley para presentar a la Dirección General de Política Energética y Minas un proyecto de instalación que deberá “ejecutarse y prestar servicio en los siguientes doce meses”.
Las que hayan servido entre 5 y 10 millones en 2017 tendrán un plazo de hasta 15 meses para presentar el proyecto y otros doce para tenerlo en servicio. El mismo plazo regirá en las regiones (provincia, Ciudad Autónoma o isla) en las que ninguna instalación cumpla ese volumen de litros vendidos, para aquellos operadores que tengan al menos una cuota de mercado del 10% en esas zonas.
Según el borrador, “las Administraciones Públicas podrán contribuir a la financiación parcial o total de las actuaciones necesarias”. Solo se librarán de esa obligación las gasolineras que estén por debajo de esos volúmenes y aquellas en las que “los accesos y espacios sean insuficientes”, o “por razones de seguridad conforme a la normativa contra incendios”. El diputado de Equo Juantxo López de Uralde ha declarado que esta medida “es lo normal. Sin punto de recarga no hay coche eléctrico”.
Según los cálculos del ministerio, de ese mínimo de 1.200 gasolineras afectadas, unas 1.000 son aquellas que venden entre cinco y diez millones de litros de carburante y otras 200 superan ese volumen de ventas. Fuentes del Ejecutivo aseguran que este es “un mensaje claro de impulso del vehículo eléctrico” y auguran que los puntos de recarga se van a multiplicar una vez que se ha eliminado por decreto ley la figura de gestor de carga (un intermediario comercial de electricidad) lo que permite que “otros establecimientos o un ayuntamiento” instalen puntos de carga rápida.