El enfado de Glovo con la patronal CEOE por pactar la llamada Ley Rider no se ha quedado solo en palabras. La empresa española, fundada en Catalunya en 2015 por Oscar Pierre, ha comunicado su baja de la organización empresarial, como han confirmado a elDiario.es fuentes de la compañía y de la CEOE. La salida será efectiva en junio. Glovo está además en el germen de una nueva asociación empresarial de compañías de reparto, llamada APS, por el momento solo formada por empresas perseguidas por la Inspección de Trabajo por usar fraudulentamente a autónomos en el reparto.
La marcha Glovo de la CEOE se produce porque la multinacional considera que la patronal les “dio la espalda” al acordar con los sindicatos y el Ministerio de Trabajo la legislación para reforzar el estatus laboral de los repartidores de plataformas digitales. La regulación se acordó tras la sentencia del Tribunal Supremo que consideraba falsos autónomos a estos mensajeros.
“Glovo comunicó hace tres semanas su decisión de dejar de formar parte de CEOE ante la reiterada omisión de representación de la patronal en la mesa de diálogo social sobre la futura regulación del trabajo en plataformas digitales y algoritmos”, responden en la empresa dirigida por Oscar Pierre y Sacha Michaud a este medio.
“Omisión de representación” de CEOE
En Glovo hablan de falta de representación de la CEOE en la mesa de diálogo social, aunque en realidad la negociación de la Ley Rider se alargó durante meses sobre todo por las reticencias de los empresarios, que abordaron un intenso debate interno sobre la cuestión.
La organización empresarial dirigida por Antonio Garamendi representa tanto a empresas digitales de reparto que utilizan autónomos, como Glovo, Deliveroo y Uber Eats, pero también a otras compañías que funcionan con un modelo laboral de repartidores (Just Eat, Telepizza) y a patronales sectoriales también afectadas, como UNO –de Logística y Transporte–, que por ejemplo denuncia la “competencia desleal” que hace Amazon al sector.
En estos meses de conversaciones para alumbrar la Ley Rider, los postulados de Glovo y las empresas de reparto que utilizan autónomos estuvieron sobre la mesa del diálogo social, como confirmaron fuentes de la negociación a elDiario.es. Pero, finalmente, la CEOE pactó con el Gobierno y los sindicatos la legislación, aún pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros. La ministra Yolanda Díaz estaba dispuesta a sacar adelante esta regulación contra el uso fraudulento de los autónomos y más aún tras la sentencia del Tribunal Supremo que concluyó que los riders de Glovo eran falsos autónomos, en su primer fallo en el que analizaba la relación laboral de los repartidores de plataformas digitales en España.
La legislación pactada en el diálogo social refuerza la laboralidad solo en las plataformas digitales de reparto, no se dirige por el momento a otros sectores que utilizan plataformas digitales, como pedían los sindicatos. Ocurre ya por ejemplo en servicios de cuidado a domicilio y de limpieza del hogar., entre otros. La ministra Díaz pretendía que la normativa se extienda en el futuro, pero por el momento no se ha incluido.
Durante la negociación desde las patronales se insistió mucho en no limitar la subcontratación, como una opción que facilitara a algunas compañías el tránsito al modelo laboral. Así funciona Just Eat, por ejemplo, con un modelo laboral pero en el que los repartidores apenas dependen directamente de la multinacional.
Fuentes de la CEOE apuntan que Deliveroo, Amazon y Uber Eats –que utilizan también autónomos en el reparto– siguen en la organización. También la patronal de empresas digitales Adigital, que también defendía el mantenimiento del modelo de repartidores autónomos.
En Glovo no esconden su enfado con la organización que lidera Antonio Garamendi. “Lamentamos que CEOE dé la espalda a una entidad española como Glovo, que junto con otras empresas tecnológicas y startups han apostado por innovar y desarrollar su tecnología en el país”, defienden en la multinacional.
En opinión de Glovo, “CEOE aceptó un acuerdo que no solo lastra el desarrollo de la economía digital sino que, como han manifestado expertos y sindicatos, es trascendental para todas las empresas que usan tecnología algorítmica. Lo que, en nuestra visión, se ha realizado de forma precipitada, imprecisa y no dialogada”. La Ley Rider obligará a las empresas que utilizan algoritmos a informar a la representación legal de los trabajadores sobre su incidencia en las condiciones laborales. Solo sobre los efectos en las condiciones de trabajo, no en otros aspectos.
Glovo se alía con otras empresas perseguidas por la Inspección
Además de su salida de la CEOE, Glovo está impulsando una asociación empresarial con otras plataformas digitales de reparto que utilizan autónomos. En concreto, con Deliveroo, Stuart y Uber Eats, todas ellas con actas de la Inspección de Trabajo por utilizar falsos autónomos.
La entidad se llama Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda (APS) y, según explican desde la incipiente organización, “está finalizando el proceso administrativo de creación”. Pese a que aún no está formalmente constituida, APS ya ha mandado comunicados, como el que criticó el acuerdo del diálogo social sobre la Ley Rider.
Desde APS explican a este medio que APS “impulsada por Deliveroo, Glovo, Stuart y Uber Eats, siguiendo el ejemplo de asociaciones ligadas al trabajo a demanda creadas en otros países como Italia (Assodelivery)”. La asociación nace “con el espíritu de englobar y representar los intereses específicos de todas las plataformas tecnológicas que operan con servicios bajo demanda, más allá del delivery, así como para trabajar de forma conjunta en el debate sobre el futuro del trabajo a través plataformas”.
La creación de esta asociación sorprendió, ya que hasta el momento la patronal Adigital había defendido los intereses de estas empresas y su modelo de negocio basado en autónomos. “Adigital realiza una labor excelente y todas las plataformas fundadoras de APS siguen formando parte de esa asociación”, apuntan en APS, que matiza que la asociación busca “abordar específicamente aquellos aspectos más detallados que solo afectan a las plataformas bajo demanda y no a todos los actores del ecosistema digital en España”.