PSOE y Unidas Podemos con ERC y EH-Bildu han pactado una enmienda a la reforma del sistema público de pensiones que obliga al Gobierno a encargar una auditoría de los ingresos y gastos de la Seguridad Social para cuantificar la factura de gastos impropios asumidos desde 1967.
Así, según la enmienda a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno deberá encargar en el plazo máximo de un mes desde la aprobación de la ley un informe de auditoría relativo a los ingresos por cotizaciones sociales y los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva del sistema.
Este informe, señala la enmienda, deberá prestar “particular atención” a los gastos que la Ley General de la Seguridad Social identifica ahora a financiar a través de transferencias directas por parte de los Presupuestos Generales del Estado, por ser consideradas políticas sociales.
El informe deberá ser realizado en el plazo máximo de seis meses y elevado a la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo y cuantificará los conceptos y su financiación entre 1967 y 2019, ambos inclusive.
Vincular pensiones mínimas a SMI
Por otro lado, la reforma también anticipa que en el plazo de un año el Gobierno deberá acometer una reforma en la cuantía de las pensiones mínimas para vincular su evolución a la del salario mínimo interprofesional (SMI).
Concretamente, la enmienda aprobada obliga al Gobierno abordar en el marco del diálogo social una revisión de los criterios para determinar su cuantía con el fin de garantizar su suficiencia en cumplimiento de la Constitución y la Carta Social Europea.
Esta revisión, concluye la enmienda, deberá comprender “en el plazo máximo de un año modificaciones normativas necesarias para establecer reglas establecidas relativas a la evolución de las pensiones mínimas que tengan en cuenta la evolución del salario mínimo interprofesional, garantizando la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones”.