El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que ahora volverá a iniciar la tramitación parlamentaria. Reinicia el proceso porque fue una de las legislaciones que se quedó en el aire con el adelanto electoral de julio.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ya reconoció el pasado mes de enero que el texto saldría de Moncloa tal y como se aprobó la primera vez. “Yo la haría de otra manera”, reconoció en un desayuno informativo y sería “más ambicioso pero la realidad se impone”, indicó Puente.
Entonces, abrió la puerta a cambiar el proyecto durante la tramitación en el Congreso. “Tenemos una realidad parlamentaria compleja”, apuntó.
Se trata de una de las legislaciones que el Gobierno tiene el compromiso de aprobar con Bruselas y que tiene que estar en vigor antes de que concluya el año, porque de ella depende la séptima entrega de fondos de la UE, de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
“El Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible es básicamente el que se remitió al Parlamento. Volvemos a empezar, tomando como punto de partida ese texto”, ha explicado Puente. “Nos comprometimos a que entrara en vigor antes del 31 de diciembre” de este año. “Tenemos que hacer los deberes”, por lo que se tramitará por urgencia.
“Tenemos esperanza en que suscite consenso, ya se atisbaba, y vamos a seguir transitando esa senda, para que cuente con el mayor respaldo posible”, ha adelantado Puente.
Sin embargo, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha informado por su parte en un comunicado que ha incorporado a este Proyecto de Ley algunas medidas que afectan a las empresas y la negociación colectiva. En concreto, aseguran que se incorpora “por primera vez a nuestro ordenamiento jurídico la 'Negociación colectiva Verde'. Esto incluye la obligación de que en dos años las empresas de más de 500 trabajadores tengan un plan de transporte sostenible al trabajo.
Esto incluirá, apunta el Ministerio, medidas concretas de movilidad sostenible que contemplen, por ejemplo, el impulso de la movilidad activa, el transporte colectivo, la movilidad de cero emisiones, soluciones de movilidad tanto compartida como colaborativa o el teletrabajo en los casos en los que sea posible. También aspectos de seguridad y prevención de accidentes en los desplazamientos. “Las empresas de este tamaño ya están haciendo planes de movilidad sostenible de este tipo”, ha indicado Puente y ha puesto como ejemplo Renault en Valladolid, que obtiene ahorros fiscales con este tipo de medidas.
Razones económicas, sociales y medioambientales
Es una Ley necesaria en términos económicos, ha justificado Puente, porque genera cerca del 5% del PIB. También “desde el punto de vista social”, porque trasciende lo rural y lo urbano. “La movilidad es un derecho y tiene que reconocerse como tal” y con un componente de sostenibilidad. “El 27% de las emisiones tienen que ver con la movilidad, estamos 5 puntos por encima de la media europea”, ha señalado Puente.
La Ley, ha explicado, marca el derecho a tener un sistema de transporte que garantice la movilidad, de la que dependen derechos como el trabajo. “Respeta el ámbito competencial y apuesta por la colaboración”, ha matizado, tanto de comunidades autónomas como ayuntamientos.
Su segundo objetivo es la descarbonización. “Tenemos que avanzar de ciudades de coches a ciudades de personas, para que el concepto de movilidad sostenible se imponga, pero garantizando competencias”, ha resumido Puente.
“Tenemos que subir mercancías al tren y bajarlo de las carreteras”, ha instado. También, se buscará la eficiencia en el gasto. “Nos lo han dicho distintos organismos internacionales, para garantizar la rentabilidad de las actuaciones y la rendición de cuentas”. Reducir las ineficiencias en cerca de 8.000 millones en una década. El último objetivo ha indicado pasa por aumentar la digitalización.
“Ya somos el primer país de conectividad ferroviaria del mundo y el segundo de alta velocidad del mundo por detrás de China”, ha indicado. “Nuestra movilidad tiene que estar a la altura de las infraestructuras”.
No contempla el pago por uso
Puente ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el pago, los peajes por el uso de las autovías, está descartado.
“El pago por uso y su estudio se eliminó cuando se remitió la norma al parlamento y ahora se remite lo mismo. Está fuera de la Ley, si se quiere incluir se tendría que introducir vía enmiendas”, ha indicado. “Se llegó a un acuerdo con la UE para sustituirlo por un acuerdo para impulsar las mercancías en tren, a través de un programa de desarrollo de las autovías ferroviarias, el pago de cánones de mercancías por un periodo de cinco años e incentivos al cambio modal hacia el ferrocarril”, ha resumido. “Son compromisos comprometidos en la Ley”, ha recalcado.
Puente ha adelantado que se persigue llegar a una media del 10% de transportes de mercancías por tren en 2030 y que ya se están “desarrollando este tipo de infraestructuras” ferroviarias, por ejemplo, en Algeciras, con más de 1.000 millones de euros de inversión y los dos corredores, el Mediterráneo y el Atlántico. También, la ampliación del Puerto de Valencia, para que sus tres terminales estén conectadas por tren.
En cuanto a los peajes urbanos, la Ley lo permite. “Nos lo solicitaban ayuntamientos, pero la Ley habilita, no obliga, son los ayuntamientos los que deciden”, ha justificado. También ha recordado que las zonas de bajas emisiones no van en esta legislación, sino en la de Cambio Climático, y que en España se ve una realidad que no se percibe “en ningún lugar de la UE” que es dar marcha atrás en medidas para quitar espacio al coche. “Está pasando en Valencia, en Logroño, en Elche y en Valladolid”, se llama coalición PP y Vox, cuando “la salud no es política”. “Se está jugando con eso y lo digo con mucho pesar. En unos días iré a ver a la alcaldesa de Valencia y se lo tengo que decir. No es de recibo”.
Puente también ha hablado de las movilizaciones del transporte. “No había razones y el tiempo me ha dado la razón”, porque “la movilización convocada el sábado no ha durado ni 48 horas porque nadie ha secundado el paro. El Gobierno está alineado con los problemas del sector. En lo que va de año hemos mantenido tres reuniones”. “La forma de resolver los problemas es con diálogo, con trabajo, no con paros”, ha concluido.
Y ha respaldado a las organizaciones que forman parte del Comité Nacional de Transporte de Mercancías por Carretera. “Muchas veces se denosta a las organizaciones que tienen la interlocución oficial para dársela a personas que no son representativas y yo quiero romper una lanza con ellas, sea patronal o sindicatos, porque no hacen demagogia. Reconozco públicamente su interlocución”.