El Gobierno aprueba limitar las subidas de las hipotecas y ampliar sus plazos para quienes tengan hasta 29.400 euros de renta

“A falta de cerrar los últimos detalles con las patronales bancarias” el Gobierno ha llevado este martes al Consejo de Ministros un paquete de medidas para ayudar a los hipotecados vulnerables. El Ejecutivo urgió al sector hace un mes para llegar a un acuerdo que permitiera proteger ante la subida de los precios de las hipotecas por el aumento de los tipos de interés. Tras un mes, las conversaciones se intensificaron en los últimos días y se prolongaron hasta el filo de la medianoche de este lunes. Finalmente, el Ministerio de Asuntos Económicos emitió un comunicado informando que el texto incluye carencias, limitación en las subidas o ampliación de la devolución para clientes que ganen hasta 29.400 euros, a falta de que se adhiera el sector. “La negociación se mantiene abierta”, señala la Vicepresidencia primera en un comunicado.

El Gobierno tenía prisas para cerrar un acuerdo con la banca que permitiera un marco de protección frente a las subidas en las hipotecas que estaba provocando el cambio de la política monetaria del BCE. En concreto para los clientes con hipotecas variables. Una parte de la banca solo ha puesto obstáculos a la aprobación de las medidas. La vicepresidenta Nadia Calviño había fijado este martes la intención de llevar al Consejo de Ministros el nuevo texto. Éste todavía no está terminado y sigue a falta de los últimos flecos, que han lastró el anuncio hasta altas horas de la noche del lunes.

Calviño confirmó en RNE que la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros, tendrá competencias para imponer sanciones, por ejemplo, por el incumplimiento de las medidas de ayudas a las familias hipotecadas si las entidades financieras decidan sumarse a las mismas. Además se prevé una comisión de control específico para vigilar que se cumplen estas medidas. Al mismo tiempo, el Ministerio ha encargado al Banco de España la elaboración de una guía para que los clientes afectados por las subidas de las hipotecas conozcan el “abanico” de opciones que ofrece el nuevo marco de protección. “Yo confío en que se sumen todas las entidades, porque es el momento de arrimar el hombro y de ayudar. Creo que la que no se sume tendrá un alto coste reputacional”, afirmó la vicepresidenta.

Son tres las medidas que se incluyen en el plan que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros. La primera supone una reforma del actual Código de Buenas Prácticas para deudores vulnerables que se aprobó en 2012, “con el fin de adaptarlo a la situación actual”. Los deudores vulnerables tendrán la posibilidad de reestructurar el préstamo hipotecario con un tipo de interés más bajo durante la carencia del principal de cinco años (euríbor - 0,1%, frente al euríbor + 0,25% actual). Además se amplía a dos años el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda y se contempla la posibilidad de una segunda reestructuración si fuera necesaria.

Se permite a los hogares con renta inferior a los 25.200 euros (tres veces el IPREM) que dediquen más del 50% de su renta mensual al pago de la hipoteca que puedan acogerse al código con una carencia de dos años, un tipo de interés menor durante la carencia, y un alargamiento del plazo de hasta 7 años. “Esta medida es necesaria para aquellas familias que, como consecuencia de la subida de tipos, lleguen a niveles de esfuerzo hipotecarios excesivos que obliguen a reducir gastos de primera necesidad”, señala la nota enviada por el Gobierno. En una hipótesis de una familia con una hipoteca de 120.000 euros y una cuota de 524 euros mensuales tras la revisión de los tipos, vería reducida durante un periodo de carencia de cinco años hasta los 264 euros.

La segunda de las medidas supone la creación de un nuevo código de buenas prácticas para proporcionar un alivio a los deudores de clase media que tienen riesgo de caer en vulnerabilidad por el aumento de las hipotecas. Así, el Gobierno trata de adaptar los gastos de estas familias de manera más gradual. En este caso el límite de renta por hogar se amplía hasta los 29.400 euros anuales. Se podrán adherir a este plan quienes tengan una hipoteca firmada antes del 31 de diciembre de este año y para los que la carga hipotecaria suponga el 30% de su renta y hayan tenido una subida de al menos el 20%. Para ellos las entidades deberán ofrecer la congelación de 12 meses de la cuota, un tipo de interés menor sobre el principal aplazado y un alargamiento del préstamo de hasta 7 años.

La última de las tres medidas está enfocada en reducir los gastos y las comisiones para facilitar la conversión de hipotecas de tipo variable a tipo fijo. Además, durante todo el próximo año deberán eliminarse las comisiones por amortización anticipada y el cambio de hipoteca.

Cabe señalar que estos dos códigos serán de “adhesión voluntaria” por parte de las entidades financieras. Eso sí, una vez suscritos, son de obligado cumplimiento. El objetivo es que esté operativo a partir del 1 de enero.

Entre las primeras reacciones en el sector destaca la del Banco Santander. Su consejero delegado, José Antonio Álvarez, ha expresado que la intención del banco es adherirse al acuerdo, si bien ha señalado que la voluntad del Santander es “trabajar para que el mercado hipotecario sea sano y sólido”. “No vamos a firmar si vemos que el mercado hipotecario, en el futuro, no es sano y sólido”. Además, ha expresado que algunas de las medidas provocarán un aumento de las provisiones, como es el caso de los alargamientos de los plazos. Álvarez ha señalado que lo pendiente para cerrar el acuerdo se encuentra en “aspectos muy técnicos”. Las patronales todavía no se han posicionado públicamente.

El Gobierno ha aprobado igualmente la creación de la nueva autoridad de defensa del cliente financiero. Este organismo pretende unificar los canales de reclamaciones del Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros. Se trata de una autoridad que recibirá estas reclamaciones y podrá imponer sanciones a las entidades que incumplan los derechos de los consumidores, con decisiones que serán de obligado cumplimiento, a diferencia de la actualidad. Este proyecto de ley pasa ahora a su tramitación en las Cortes, con el objetivo de que entre en vigor una vez sea aprobado finalmente.