A última hora de la tarde del pasado viernes, el Gobierno envió el plan de recuperación a Bruselas. El documento contenía un mensaje sobre la eliminación de los beneficios fiscales para las declaraciones conjuntas que llevó al Ejecutivo a tener que matizarlo y negar que estuviese en marcha esa medida. Este miércoles, la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha insistido en el mensaje de los últimos días y lo ha achacado a una “errata”. Lo que sí es un compromiso del Gobierno es la revisión durante los próximos años de una quincena de beneficios fiscales, entre los que se encuentra el citado anteriormente, con el objetivo de analizar si sus objetivos iniciales se cumplen y si su coste es acorde al impacto logrado con ello, según figura en el detalle del Plan de Recuperación y Resiliencia, conocido este miércoles.
El documento, que traza los trabajos que está haciendo y prevé hacer el Ministerio de Hacienda, no señala que se vayan a eliminar, pero sí que es “necesario” revisarlos, especialmente aquellos que “distorsionan la progresividad y la redistribución del mismo”. Hacienda explica en el documento que estos beneficios reducen la recaudación del Estado y cabe preguntarse si las medidas que persiguen sería más adecuado abordarlas desde políticas de gasto, que afectan a toda la población y no solo a los contribuyentes. “Se plantea la realización de una revisión exhaustiva de los beneficios fiscales existentes con el fin de verificar si cumplen los objetivos para los que fueron aprobados y si el coste que suponen, en términos de merma recaudatoria, resulta justificado”, señala el documento referido a las medidas fiscales que propone el Gobierno en su plan de recuperación.
No será una revisión inmediata, ya que está vinculada al trabajo del comité de expertos creado recientemente y cuyo informe se conocerá en febrero de 2022 y no se aplicarán sus medidas hasta 2023. En este sentido, Calviño explicó este miércoles durante la presentación del Plan de recuperación que los Presupuestos Generales del Estado de 2022 no recogerían ninguna de las medidas de la reforma fiscal ya que su aprobación tiene que tener en cuenta antes “las recomendaciones del grupo de expertos”.
En estos próximos años, Hacienda se compromete a revisar 15 de los beneficios fiscales que existen en España, a una media de cinco por año, llegando las primeras reformas de estos impuestos en el arranque de 2023, según figura en el plan de recuperación enviado a Bruselas.
El plan no da un listado cerrado de beneficios fiscales que se revisarán, pero sí que traza la referencia de cuáles pueden ser estudiados. El pasado verano, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) emitió un informe, conocido como Spending Review, en el que se analizaban 13 beneficios fiscales que, en conjunto, reducen los ingresos del Estado en 35.000 millones de euros. Acumulan en torno a un 60% del total de los ingresos que se dejan de percibir por estas figuras y afectan tanto al IRPF, como al IVA, Sociedades o a Impuestos Especiales. Hacienda señala a este trabajo como una referencia para la revisión a la que se compromete.
Algunas de las propuestas de la AIReF ya fueron tenidas en cuenta por el Gobierno y se encuentran aprobadas. En concreto, se trata de las reducciones en el IRPF por las aportaciones a los planes de pensiones privados, una medida que afectará a la próxima declaración de la Renta, la de 2021. También se ha abordado ya la subida del IVA a las bebidas azucaradas, retirándolas del tipo reducido que tenían hasta la fecha. El resto, aseguran el Gobierno en el plan de recuperación que no es el “momento pertinente” por la pandemia y la situación de crisis de determinados sectores.
En lo que respecta al IRPF, la AIReF señalaba en primer lugar a la reducción por declaración conjunta que ha levantado la polémica en los últimos días. Estima el organismo independiente que son 2.392 millones de euros en menores ingresos para el Estado y advertía que genera un “desincentivo” a la participación de la mujer en el mercado laboral y recomendaba su paulatina desaparición. Otra de las medidas es la citada de las aportaciones a los planes de pensiones, que concluía que no se cumplían sus objetivos y minoran los ingresos públicos en 1.643 millones de euros.
El listado de reducciones en el pago del IRPF abordado por la AIReF incluía también la que se aplica por el arrendamiento de viviendas, que supone 1.000 millones al año, y que pedía que se reformulara para facilitar el acceso a la vivienda de colectivos vulnerables. Las deducciones por donativos, las sociales (maternidad, familia numerosa, etc.) o la reducción por rendimientos del trabajo, son otras medidas analizadas por la AIReF respecto al IRPF.
El Gobierno hace referencia en el plan de recuperación a la necesidad de revisar los productos situados en el tipo reducido o superreducido, que se gravan al 10% y al 4%, del IVA. Este tema también está incluido en el citado informe de la AIReF que se tomará como referencia en el comité de expertos y del que saldrá la lista definitiva de beneficios fiscales a revisar. Calcula que son 17.786 millones de euros los que no recibe el Estado por IVA. Señala la agencia independiente que los tipos reducidos benefician principalmente a las rentas altas, que consumen más, especialmente en restauración, paquetes turísticos o jardinería. Además apunta que el amplio catálogo de productos con IVA reducido explica la menor recaudación que hace España por este impuesto frente a otros países europeos. Por ello, propone una revisión “paulatina” de estos bienes y acompañarlo de políticas de gasto para garantizar el acceso de los hogares de menor renta a estos productos.
La fiscalidad del diésel y la gasolina, las deducciones por el uso de sanidad y educación privadas, la reducción en Sociedades de sicav y socimi o por donaciones son otros de los tributos cuyos beneficios fueron analizados por la AIReF.
El documento de la AIReF llegará al comité de expertos que, a su vez, añadirá sus observaciones y propuestas, según apuntan desde el Ministerio. Así, sería en 2022, con el documento de la propuesta de reforma fiscal que elaborará este grupo de catedráticos sobre la mesa, cuando se conozca el listado de los 15 beneficios fiscales que el Gobierno prevé analizar para comprobar si siguen cumpliendo con su objetivo inicial o si es necesario eliminarlos, asumiendo que “puede conllevar el rechazo de los agentes económicos afectados”.
Nuevos controles para los beneficios que se aprueben en el futuro
Hacienda señala en el documento enviado a Bruselas que no se va a quedar únicamente en la revisión de estos beneficios fiscales ya existentes, sino que incluirá una serie de normas para los que se pudieran aprobar en el futuro. En primer lugar, señala el Gobierno en el plan de recuperación, se incorporará un proceso de negociación y toma de decisión de cara a la aprobación de los futuros beneficios fiscales. A ese proceso se aportará “un análisis ex ante de los objetivos” que se pretenden alcanzar. Además, nacerán con una acotación en el tiempo de vigencia de la medida. Su mantenimiento o no dependerá de un análisis que se realice para verificar “la eficacia y eficiencia” de este beneficio.
El comité de expertos fue presentado el pasado mes por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y está compuesto por 17 catedráticos. Serán los encargados de abordar la reforma fiscal del país que busca el Gobierno, si bien ya se han avanzado algunas materias en las que se acometerán cambios, como en el impuesto de Sociedades o en el de patrimonio. Los expertos que componen el grupo tienen amplia experiencia en financiación autonómica pero también se incluyen algunos cambios como la tributación verde o el impacto de género. Las medidas que tome el Gobierno al amparo de este informe no se aprobarán antes de 2023.
El contenido de esta reforma fiscal, por tanto, no forma parte del documento enviado a Bruselas. Sí se encuentra todo lo referido al estudio de los beneficios fiscales, las decisiones respecto a la fiscalidad medioambiental o mecanismos de lucha contra el fraude fiscal. Este último tiene un apartado propio, cuya medida principal es la aprobación de la ley de lucha contra el fraude, que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria e incluye algunas cuestiones como ampliar la definición de paraíso fiscal o prohibir las amnistías fiscales. Espera que la norma entre en vigor en 2022. Además, el Gobierno incluye algunas medidas como la mejora de los recursos de la Agencia Tributaria o de los servicios de atención al contribuyente.