María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, ha defendido este jueves en el Congreso el mecanismo acordado pro el Gobierno, PNV y ERC para la conversión las plazas ocupadas por trabajadores temporales desde antes de 2016 en puestos fijos sin necesidad de convocar oposiciones sino mediante un concurso de méritos. “Se ha hecho un trabajo muy serio de estudio de la jurisprudencia para evitar la judicialización”, ha argumentado frente a las advertencias que han hecho distintos sindicatos y autonomías ante el posible difícil encaje legal de este sistema.
Montero ha acudido a la Comisión de Hacienda y Función Pública para explicar las líneas maestras de su ministerio en esta materia, tras haberla asumido en julio en la última remodelación del Gobierno. Sin embargo, el mecanismo que se anunció justo hace una semana ha centrado buena parte de la intervención de la ministra y de los representantes de los distintos grupos. Las formaciones de la derecha han avanzado su rechazo a esta reforma de la ley que está tramitando la comisión. Por ello, Montero ha dado por hecho que la norma acabará en la justicia.
“Intentamos evitar la judicialización pero eso no significa que esté descartado, porque algunos grupos lo van a hacer”, ha señalado Montero, en alusión a Vox, a quien ha acusado de “intentar ganar en el Constitucional lo que no consiguen políticamente en el Congreso”. Aún así, la ministra ha reconocido que algunos aspectos como en qué punto quedan los procesos ya abiertos cuando se apruebe esta ley, deberán quedar debidamente explicados en la norma.
La pasada semana PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV acordaron en la comisión incluir en la nueva norma un sistema para lograr consolidar las plazas que llevan ocupadas por interinos desde antes de 2016 y aquellas que están ocupadas por temporales que llevan en la administración desde antes de esa fecha. El sistema sería mediante un concurso de méritos y no mediante una oposición. Ha enfatizado Montero, ante algunas dudas planteadas, que “sacamos [a concurso] puestos de trabajo para que lo ocupen personas, no que las personas que lo ocupan obtengan la plaza, porque sería ilegal”.
Se trata de una reforma del Real Decreto que el Congreso convalidó en julio, pero que obligó a tramitar como proyecto de ley para incluir enmiendas por parte de los grupos, entre las que se encuentra este sistema. El objetivo de Hacienda, según ha expresado Montero, es que estos procedimientos se abran antes del próximo verano. La meta señalada por parte de la nueva norma es que solo el 8% de los trabajadores de la administración sean temporales, frente al 30% que existe actualmente.
Además, Montero ha señalado que la nueva ley obligará a sacar a oposición las plazas que lleven tres años ocupados por trabajadores temporales. si no se cumple con ese plazo, los trabajadores que se encuentren en esa situación podrán ser indemnizados. “No hay que llegar a ese extremo”, ha enfatizado la ministra.
Más allá del asunto de la temporalidad, Montero ha abogado por llevar a cabo una renovación de la administración pública para poder hacer un servicio “más eficiente” que sostenga el Estado del bienestar. Entre otras cuestiones, ha hecho un llamamiento a las distintas administraciones para que tengan en cuenta de que antes de 2030 se habrá jubilado un 57% de los funcionarios actuales, lo que obliga a organizar el reemplazo y aprovechar “la incorporación de nuevos perfiles y profesionales”.
La ministra ha citado también otra de las cuestiones pendientes que tiene el Ministerio en materia de Función Pública: el teletrabajo. El pasado 1 de octubre los trabajadores dejaron de estar incluidos en el sistema del teletrabajo abierto durante la pandemia y tuvieron que regresar cuatro días de modo presencial y uno solo de teletrabajo, dependiendo de los puestos ocupados. Sin embargo, existe un acuerdo alcanzado entre los sindicatos y el anterior ministro, Miquel Iceta, para desarrollar un nuevo mecanismo que ampliaba las horas de teletrabajo. pero que no se llegó a legislar. Ahora, Montero ha fijado el comienzo de año como el arranque del nuevo sistema, para lo que deberá desarrollar la nueva norma.