El Gobierno podrá ordenar la retirada de aceite de oliva del mercado para subir su precio

El Gobierno ha aprobado este martes la autorregulación obligatoria del aceite de oliva, una vieja reivindicación de parte del sector agrario. La norma permitirá al Ministerio de Agricultura ordenar la retirada temporal del producto cuando haya “grave riesgo” de desequilibrios en el mercado, esto es: excedentes que causen bajadas de precio. La retirada será obligatoria para todos los operadores y el Ministerio tendrá que consultarlo primero con las comunidades autónomas y los representantes del sector. Agricultura podrá ordenar, asimismo, que el aceite retirado se destine a usos no alimentarios.

“De esta forma”, señala el departamento dirigido por Luis Planas, “se pretende favorecer la recuperación de los precios percibidos por los agricultores en situaciones de crisis”.

Las crisis en el sector son consecuencia de varios factores, ha explicado el ministro en una presentación ante el Consejo y compartida después con los medios. En primer lugar, la producción está marcada por la vecería: el fenómeno por el cual el olivar tiene años de cosechas abundantes seguidos de años de cosechas muy pequeñas. Esto provoca volatilidad en los precios: unos años suben y otros se hunden. En segundo lugar, el consumo de aceite de oliva en España está estancado y los consumidores tienden a sustituirlo por otros aceites vegetales más baratos. A eso hay que sumar que los supermercados lo usan como reclamo promocional (lo que afecta a posiciones de desequilibrio en los distintos eslabones de la cadena alimentaria) y, en este momento concreto, al Brexit, los aranceles de Estados Unidos y el coronavirus.

La autorregulación obligatoria se aprueba mediante un real decreto que desarrolla la aplicación del artículo 167 bis de la Organización Común de los Mercados Agrarios de la Unión Europea. No es la única medida dirigida a equilibrar precios en campañas excedentarias. Por un lado, la Comisión Europea prevé ayudas al almacenamiento privado. Entre noviembre de 2019 y febrero de 2020, España recibió ayudas por valor de 27 millones de euros para el almacenamiento temporal de cerca de 200.000 toneladas de aceite de oliva de todas las categorías. Esta medida no tuvo, sin embargo, la repercusión esperada en el incremento de precios “por la situación de los mercados internacionales y la covid-19”, reconoce el Ministerio.

Por otro lado, el sector cooperativo español presentó el pasado mes de julio en Bruselas una propuesta de autorregulación apoyada por el Ministerio que fue bien valorada por la Comisión. Esta “autorregulación voluntaria” permite que las cooperativas se pongan de acuerdo y retiren el producto en campañas excedentarias, siempre que haya más aceite disponible del que el mercado puede absorber.

La norma forme parte de un decálogo de medidas para el sector oleícola presentado por Planas en junio para “mejorar y estabilizar” el mercado. Este decálogo tiene tres ejes: favorecer el ajuste entre oferta y demanda, mejorar la trazabilidad e información al consumidor y aprovechar los mecanismos de la nueva PAC. Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado también un real decreto para modificar la normativa de los paneles de cata del aceite de oliva virgen. Según ha avanzado el Ministerio, la nueva norma introduce requisitos para la autorización de los paneles de catadores oficiales (que tendrán que ser designados por la autoridad competente y superar pruebas de aptitud) y nuevas exigencias de formación para los jefes de panel.