El Gobierno de Mariano Rajoy destinó a París al responsable de los contratos de la empresa estatal Tragsa en Guinea Ecuatorial que investiga la Fiscalía Anticorrupción, su expresidente (2012-2017) Miguel Giménez de Córdoba Fernández-Pintado, también exconsejero delegado del fallido Campus de la Justicia que investiga la Audiencia Nacional.
Menos de tres meses después de su cese en Tragsa, a Giménez de Córdoba, que desde 1981 es técnico comercial y economista del Estado, se le adjudicó una plaza de consejero económico y comercial en la Delegación Permanente de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El nombramiento figura en una resolución del Ministerio de Economía aprobada el 18 de mayo de 2017 que especificaba que, a diferencia de los otros dos consejeros designados, Giménez de Córdoba se incorporaría “de manera inmediata” a su puesto, que ocupa en la actualidad.
La plaza fue adjudicada por el procedimiento de libre designación y se convocó mediante una resolución publicada el 8 de marzo de 2017, nueve días después de hacerse efectivo el cese de Giménez de Córdoba en Tragsa. Su relevo se consumó en una junta extraordinaria de accionistas celebrada el 15 de marzo de 2017 en la que se aprobó la designación de su sustituta, la exministra y expresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, sustituida este mes al frente de Tragsa por Jesús Casas.
Giménez de Córdoba, que acaba de cumplir 66 años y en su carrera en la Administración nunca había ocupado cargos en consejerías comerciales en el exterior, trabaja desde entonces como consejero en la delegación parisina que hasta junio pasado encabezó como embajador el exministro de Educación José Ignacio Wert, sustituido por el secretario de Política Económica y Empleo del PSOE, Manuel Escudero.
eldiario.es ha intentado contactar con Giménez de Córdoba a través de la oficina de España en la OCDE en París, pero en su despacho explican que esta semana se encuentra “de misión”.
Tragsa ha confirmado que desde mayo pasado la Fiscalía le ha solicitado información sobre un proyecto “fallido” de más de 300.000 euros que desarrolló durante la presidencia de Giménez de Córdoba para el suministro de una tecnología de extinción de incendios forestales al Gobierno del dictador Teodoro Obiang. Anticorrupción ha solicitado a Tragsa la documentación de la investigación que, tras una denuncia interna, realizó el área de Compliance de la empresa pública sin detectar indicios de ilícitos penales.
Las pesquisas se centran en las operaciones de Tragsa en Guinea y sus relaciones con la española Fomento al Desarrollo del Comercio Internacional SL, su socio en ese proyecto y encargada de ejecutar en 2014 un Plan Nacional de Protección Civil que le adjudicó el Gobierno guineano con la mediación como asesor del exministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos, muy bien relacionado con la dictadura de Obiang.
A Tragsa le correspondió el suministro del citado software de extinción de incendios para Guinea y sus correspondientes manuales de uso, una documentación cuyos derechos compartía con el Consorcio de Bomberos de Guadalajara. En el marco de este encargo, Tragsa adjudicó en abril de 2014 a la empresa Griker Orgemer SL (actualmente en liquidación) la creación e impresión de los manuales y cursos online por 90.000 euros y, en enero de 2015, pagó otros 24.000 euros en concepto de “asistencia técnica” a la firma Francos R5 Investments, SL, una sociedad dedicada a actividades inmobiliarias con sede en Madrid.
Sin embargo, Tragsa no recibió un solo euro de Fomento, que según la empresa estatal, se negó a abonar la contraprestación acordada con el argumento de que esa documentación se podía haber adquirido mucho más barata o incluso gratis a través de Internet. Ya con la exministra Elvira Rodríguez como presidenta, Tragsa demandó a su exsocio y hace unas semanas, el Juzgado de Primera Instancia 44 de Madrid condenó a Fomento a abonar a la empresa estatal 311.000 euros por esos impagos.
Casi un millón de sueldo acumulado
Antes de presidir Tragsa, Giménez de Córdoba había sido colocado por el Gobierno de Esperanza Aguirre al frente del fallido Campus de la Justicia de Madrid (2008-2010), en el que se dilapidaron 105 millones de euros de dinero público. La Audiencia Nacional ha iniciado una investigación del faraónico proyecto que no llegó a terminarse.
Tras su paso por la Comunidad de Madrid y previo paso por el Ministerio de Economía, la llegada de Rajoy a Moncloa permitió a Giménez de Córdoba convertirse en el máximo responsable de Tragsa a instancias de su amigo el entonces ministro de Agricultura y hoy comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete. Durante sus cinco años como presidente de la empresa pública, tuvo una retribución acumulada de unos 970.000 euros, lo que le convirtió en uno de los 20 ejecutivos del sector público que más cobró durante la era Rajoy
Su gestión fue, en opinión de personas que conocen la empresa, más institucional que ejecutiva y, en la etapa final de su mandato, acabó enfrentado a la sustituta de Cañete en Agricultura, Isabel García Tejerina, y al presidente de la SEPI desde 2012 hasta 2016 y hoy diputado del PP, Ramón Aguirre.
Fuentes internas señalan entre los responsables de la fallida expansión internacional de Tragsa en época de Giménez de Córdoba al todavía hoy adjunto a la presidencia y ex secretario general, José Manuel Díez Quintanilla, exdirectivo de Intereconomía cuya próxima salida se da por probable tras la llegada a la presidencia, este mes, de Jesús Casas.
En 2016, en una entrevista en la asociación Club de Exportadores, hoy imposible de encontrar en esa web, Quintanilla resumía la filosofía de estos acuerdos de Tragsa en el exterior para convertirse en “plataforma para apoyar la internacionalización del sector privado”, más allá de su condición de medio propio instrumental de la Administración: “A través de las alianzas con compañías españolas para la participación en procesos internacionales, el grupo pone a disposición de distintas firmas sus capacidades técnicas, estructurales e institucionales, ampliando las expectativas para una mejor llegada a nuevos mercados”.
Proyectos fallidos en Brasil y Guinea ponen entredicho esa apuesta, que fue lanzada ante la caída del negocio de Tragsa en España. En 2014, la empresa presentó un expediente de regulación (ERE) para despedir a 1.336 personas en España que inicialmente anuló la Audiencia Nacional y que acabaría autorizando el Tribunal Supremo. Finalmente, los afectados fueron 555, un 5% de su plantilla.