La Fiscalía Anticorrupción investiga un proyecto “fallido” de más de 300.000 euros de la empresa estatal Tragsa en Guinea Ecuatorial para el suministro de una tecnología de extinción de incendios forestales al Gobierno del dictador Teodoro Obiang, según confirman fuentes oficiales de Tragsa a preguntas de eldiario.es sobre este asunto.
Anticorrupción empezó a solicitar información a la empresa pública en mayo. Sus pesquisas se centran en las operaciones de Tragsa en Guinea y en sus relaciones con la española Fomento al Desarrollo del Comercio Internacional SL, su socio en ese proyecto. Este fue puesto en marcha en la época en que Tragsa estaba presidida por Miguel Giménez de Córdoba Fernández-Pintado, un alto funcionario muy cercano al hoy comisario europeo Miguel Arias Cañete, que propuso su nombramiento en febrero de 2012, cuando era ministro de Agricultura.
Fomento al Desarrollo, que no ha respondido a las preguntas de eldiario.es sobre este asunto, se dedica, según su web, al diseño y ejecución de “infraestructuras en África llave en mano” y se encargó de ejecutar en 2014 un Plan Nacional de Protección Civil para la sociedad estatal guineana GEProyectos (Guinea Ecuatorial-Proyectos). El plan comprendía, entre otras cosas, la creación de una Escuela Nacional de Protección Civil, programas de formación para personal sanitario y de bomberos y la construcción de parques de emergencias en la antigua colonia española.
A Tragsa le correspondió el suministro del citado software de extinción de incendios y sus correspondientes manuales de uso, una documentación cuyos derechos, según la estatal española, compartía con el Consorcio de Bomberos de Guadalajara. En el marco de este encargo, Tragsa adjudicó en abril de 2014 a la empresa Griker Orgemer SL (actualmente en liquidación) la creación e impresión de los manuales y cursos online por 90.000 euros y, en enero de 2015, pagó otros 24.000 euros en concepto de “asistencia técnica” a la firma Francos R5 Investments, SL, una inmobiliaria con sede en Madrid.
Sin embargo, Tragsa no recibió un solo euro de Fomento, que según la empresa estatal, se negó a abonar la contraprestación acordada con el argumento de que esa documentación se podía haber adquirido mucho más barata o incluso gratis a través de Internet. Ya con la exministra Elvira Rodríguez como presidenta de Tragsa (la expresidenta de la CNMV sustituyó a Giménez de Córdoba en febrero de 2017), la sociedad estatal demandó a su exsocio y hace unas semanas, el Juzgado de Primera Instancia 44 de Madrid condenó a Fomento a abonar a Tragsa 311.000 euros por esos impagos.
Fuentes de Tragsa reconocen que, con anterioridad a las pesquisas de la Fiscalía, los hechos investigados fueron denunciados de forma interna por la empresa estatal, pero sus responsables de Compliance descartaron la existencia de indicios de ilícitos penales.
A la espera de lo que depare esta investigación de Anticorrupción y de si se sustancia en una querella, las diligencias de la Fiscalía ponen bajo sospecha las actuaciones en el exterior de otra empresa de la órbita de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tras los pelotazos de la empresa de armamento Defex (en liquidación tras ser acusada de formar parte de una organización criminal y repartir mordidas en contratos en países como Angola) y Mercasa, también protagonista de una trama de comisiones ilegales en Angola.
Asesoría de Moratinos
El Plan Nacional de Protección Civil de Guinea, del que forma parte el contrato de Tragsa que investiga Anticorrupción, fue encargado a Fomento a través de la empresa guineana GEFomento (abreviatura de Guinea Ecuatorial Fomento al Desarrollo del Comercio Internacional, SL), de la que la española controla un 65% de las acciones, según sus cuentas anuales.
Para lograr este contrato, esta firma fue asesorada por el exministro socialista de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, cuya buena relación con la dictadura de Obiang es conocida. En conversación telefónica, Moratinos niega a eldiario.es vinculación accionarial alguna con GEFomento y explica que su consultoría se realizó a través de la firma International Consulting Partnership (ICP), cuyo director general es su antiguo jefe de gabinete en el ministerio, Juan Díaz. Al igual que Moratinos, Díaz niega haber recibido requerimiento alguno de la Fiscalía.
El exministro, que reconoce su “muy buena relación” con el propietario y administrador único de Fomento al Desarrollo, Juan Sebastián Garrigues Díaz-Llanos, asegura que no tiene “nada que ocultar” y defiende su labor en defensa “de los intereses de España y sus empresas en Guinea” para “que no pase como con Filipinas”, donde “les abandonamos, y la perdimos definitivamente”.
Garrigues Díaz-Llanos, de 49 años, es sobrino del prestigioso abogado Antonio Garrigues Walker y nieto de Antonio Garrigues y Díaz Cañabate, exministro de Justicia y exembajador en Washington y el Vaticano durante la dictadura franquista.
El dueño de Fomento fue también, según contó El Español en 2015, secretario del fallido Fondo Hispano-Saudí de Infraestructuras que impulsó el propio Moratinos en época de José Luis Rodríguez Zapatero. En ese fondo tuvo una participación muy activa como intermediaria (y con el apoyo del entonces embajador español en Arabia Saudí, Manuel Alabart) la empresaria Corinna zu Sayn-Wittgenstein, examante de Juan Carlos I.
Fuentes de Tragsa subrayan la “transparencia total” del nuevo presidente de la empresa, Jesús Casas (nombrado el pasado 6 de septiembre en sustitución de Elvira Rodríguez), ante este tipo de situaciones, y la voluntad de la compañía de “defender sus intereses económicos en todas aquellas operaciones internacionales donde pueda haber cantidades pendientes de cobro”.
Antes de la llegada de Casas, Tragsa ha dado por perdidos (a efectos contables) más de 4 millones de euros por un proyecto en Brasil también impulsado en la época de Giménez de Córdoba, técnico comercial y economista del Estado de 66 años que en la pasada década fue colocado por Esperanza Aguirre al frente del fallido Campus de la Justicia de Madrid.