El Gobierno rebaja el gasto en prestaciones por desempleo en un 3,4% en los Presupuestos Generales para 2018. Con la mitad de personas paradas en riesgo de pobreza, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha vuelto a rebajar esta partida, como ya hizo el pasado año, con la previsión de una reducción del número de personas en paro y la mejora de la situación económica. La cantidad asignada es de 17.702 millones de euros, “lo que supone una disminución del 3,4% respecto a 2017”, incluye el texto.
El Gobierno explica en los Presupuestos que “el gasto en prestaciones por desempleo experimenta el efecto positivo de las medidas adoptadas por el Gobierno en materia laboral”, que se refleja en la reducción de la tasa de paro, subraya el texto. Esta tasa estaba situada en el cuarto trimestre de 2017 en el 16,6% y el Ejecutivo estima que esa cifra se contraerá este año hasta el 15,5%.
La gran mayoría del gasto va destinado al pago de prestaciones (17.411 millones de euros) y el resto a gastos de funcionamiento. De estas prestaciones, el Gobierno calcula con sus asignaciones que la mayoría de parados recibirán prestaciones asistenciales, de menor cuantía que la contributiva. Los cálculos del Ejecutivo sostienen que habrá 674.950 beneficiarios de prestaciones contributivas, mientras que 723.000 beneficiarios recibirán subsidios por desempleo.
Esta situación ya se produce en la actualidad: casi un 60% de las personas que reciben alguna prestación por desempleo percibe una asistencial. Pero no todos los parados reciben alguna prestación. De hecho, más del 40% de las personas desempleadas no obtienen ninguna, una situación de vulnerabilidad que subrayan los sindicatos.
El Gobierno prevé un gasto a nivel contributivo de 10.849 millones de euros, “lo que permitirá dar cobertura a 674.950 beneficiarios”, calcula. Sobre la reducción de las personas que cobran la prestación contributiva desde 2013, el Gobierno destaca que es debido a “la mejora de la economía como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno en materia laboral”. Los sindicatos han denunciado la situación de muchas personas en paro de larga duración que agotan la prestación por desempleo y acaban recibiendo las ayudas asistenciales, peor dotadas.
En cuanto al nivel asistencial –que comprende el subsidio por desempleo, la renta agraria, el subsidio SEASS, la renta activa de inserción, la ayuda económica del Programa de Activación para el Empleo y la ayuda complementaria para favorecer la contratación de personas jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil–, el gasto previsto es de 6.562 millones de euros. El recorte más acusado del gasto se preducirá en las prestaciones asistenciales, de un 6,9%, mientras que el de las contributivas caerá un 1,2%
El Gobierno incluye las partidas para la ayuda económica del Programa de Activación para el Empleo (PAE) y para el Plan Prepara, ambas cuestionadas por el Constitucional por invadir competencias autonómicas. Empleo ha anunciado que va a modificar ambas prestaciones, y está trabajando para revisar y unificar las distintas prestaciones para desempleados –Prepara, PAE y la renta activa de inserción (RAI)–, pero aún no ha acometido las modificaciones.