El Gobierno retrasa el derecho a cotizar de los becarios como pedían los rectores universitarios

El Gobierno retrasa el derecho a cotizar de los becarios, como pidieron los rectores de universidades. El Ejecutivo ha accedido a posponer la cotización obligatoria ya aprobada, que entraba en vigor el 1 de octubre, hasta el próximo 1 de enero, confirman fuentes de la Seguridad Social a elDiario.es. La medida pretende “dar más tiempo” a los centros educativos para adaptarse y cuenta con la rotunda oposición de los sindicatos, que critican la “presión” de los rectores y temen que la medida quede en un cajón a expensas del próximo Gobierno que resulte de las urnas el 23J.

Desde el Ministerio de Seguridad Social confirman que el Consejo de Ministros de este martes ha aprobado la medida y destacan que su departamento considera que se trata de una “reforma fundamental y el compromiso con ella es plena”.

Sin embargo, la cotización de todos los becarios, también de los que no cobran nada por sus prácticas, se retrasa una vez más. Por otro lado, el Estatuto del Becario que Trabajo pactó con los sindicatos, con un catálogo de derechos para los estudiantes que realizan prácticas no laborales, todo indica que se quedará en el tintero al no contar con el respaldo de la parte socialista del Gobierno, que considera que debe contar con el apoyo de los empresarios y las universidades.

Retraso de otros tres meses

Ya costó que saliera adelante, con más de un año de retraso desde el compromiso que alcanzó el Gobierno con los agentes sociales en la primera pata de la reforma de pensiones. En lugar de tres meses después, en octubre de 2021, llegó al BOE en marzo de este año, en el segundo bloque de la reforma de pensiones, tras muchas presiones de las universidades.

Una resistencia que no ha cesado. La nueva presidenta de la CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, agrupa a los 76 principales campus de España, públicos y privados), Eva Alcón, mostraba hace unos días su insistencia en rechazar la medida. “No tiene ningún sentido que por las prácticas curriculares, que forman parte de la formación del estudiantado, se cotice a la Seguridad Social”, dijo en una entrevista en El País.

Más allá de insistir en su rechazo, los rectores pidieron una demora de un año en la cotización. Finalmente, el retraso aprobado es de tres meses, hasta el 1 de enero.

En el Ministerio de la Seguridad Social destacan que se ha dado algo más de margen para que las universidades y centros educativos se adapten al cambio legislativo, sin que suponga un cambio sustancial porque destacan que la mayoría de las prácticas se inician más avanzado el curso escolar.

Rotundo rechazo de los sindicatos

Fuentes sindicales critican con dureza la nueva demora aprobada por el Gobierno de coalición, que “cede a la presión de los rectores de universidades y que pone en riesgo los derechos de los jóvenes”, afirman a este medio.

“La presión creciente en estos días y la situación de clara rebeldía de algunas autoridades académicas parece haber hecho mella en el Gobierno, pese a las múltiples apelaciones al respeto de lo acordado que le venimos trasladando en las últimas semanas”, han criticado en un comunicado conjunto esta tarde CCOO y UGT:

“El coste de estas medidas es ridículo. Se ha aprobado bonificar estas cotizaciones al 95%, lo que significa cotizaciones inferiores a los 10 euros mensuales en todos los casos”, añaden ambos sindicatos.

“Supone un incumplimiento flagrante de los compromisos contraídos por el diálogo social”, ha criticado Carlos Bravo, secretario de Políticas públicas y protección social de CCOO, que ha recordado que la cotización supone un reconocimiento de este tiempo de prácticas en la juventud de cara a la futura pensión y otros prestaciones.

En los sindicatos mayoritarios argumentan que se ha dado tiempo suficiente a los centros educativos para su adaptación: siete meses desde su aprobación el BOE, teniendo en cuenta todo el año previo de negociaciones. Las organizaciones sindicales lamentan el “poder” de las cúpulas educativas, también en los gobiernos autonómicos, no solo por lograr posponer esta medida, sino por frenar el llamado Estatuto del Becario tras más de un año de diálogo social.

El principal temor de los sindicatos, en caso de que la derecha gane los próximos comicios generales del 23 de julio, pasa por que la medida nunca salga adelante. “Esto queda en el aire”, lamenta una fuente sindical.