Los grandes propietarios —personas físicas o jurídicas con más de quince viviendas en propiedad— iniciaron el 45% de los procesos de desahucio que hubo en Barcelona en 2020. Los “pequeños propietarios” iniciaron el 47% de los casos, pero dentro de estos no solo hay particulares sino empresas con hasta quince viviendas (que, por sus características, pueden acogerse a un generoso régimen fiscal llamado EDAV). Los datos proceden del último informe de la unidad antidesahucios de Barcelona, que el consistorio ha enviado a la nueva ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para alertar sobre la emergencia y pedir nuevas medidas que atajen el problema.
“No hemos podido desgranar el dato de los pequeños propietarios porque es muy difícil. Nos hubiera gustado especificar cuántos de ellos son de verdad particulares”, señala Lucía Martín, concejala de vivienda. “La ley 24/2015 introdujo fuertes exigencias a los grandes propietarios, obligándoles a ofrecer un alquiler social si desahuciaban. Así que se han organizado y nos encontramos propiedades fraccionadas. Y ese es el parque que necesitamos y debe retornar: el que ellos compraron a entidades financieras quebradas”. Otro estudio reciente detectó que los grandes propietarios (más de diez viviendas) poseían una tercera parte del parque de alquiler de la ciudad.
La unidad antidesahucios atendió en 2020 a 1.668 hogares compuestos por 4.418 personas en riesgo de perder su hogar. De esas 4.418 personas, 1.468 eran menores (el 33%). Más de la mitad, el 53%, vivían de alquiler y el 32% eran precarios, es decir: ocupaban la vivienda. El 62% de los hogares atendidos vivían con menos de 589 euros al mes y el 22% con menos de 1.138 euros al mes.
El objetivo es que la gente no salga de su casa. No tenemos parque para realojar a 4.000 personas cada año
La mediación de la unidad, en la que trabajan catorce personas coordinadas con las diez oficinas municipales del Ayuntamiento, consiguió parar el 91% de los procesos: la mayoría antes del día del desahucio y un 15% el mismo día. ¿Cómo? “Hay muchas casuísticas”, continúa Martín. “Nos gastamos un millón al año en ayudas para pagar alquileres atrasados a pisos de pequeños propietarios. Con los grandes propietarios buscamos que hagan ofertas de alquiler social. Cuando la mediación no funciona, realojamos. Pero el objetivo es que la gente no salga de su casa. Además, no tenemos parque para realojar a más de 4.000 personas cada año”.
El informe avanza datos del primer semestre de 2021. Aunque sigamos en pandemia, la cifra de desahucios ya es similar a la de 2019 y está cerca de superar a los datos de todo 2020. Entre enero y junio de este año, la unidad ha tenido constancia de 1.588 procesos. “Los datos de 2020 son aterradores, pero la situación actual es todavía más grave”, señala el documento.
Así, desde el ayuntamiento que dirige Ada Colau piden al Gobierno no solo que prorrogue las medidas aprobadas durante el último año —que han evitado algunos desahucios, pero cuyo balance general es negativo— sino que tome otras más garantistas y que corresponsabilicen a los grandes tenedores.
“El caso de Segundo [el hombre que se suicidió antes de su desahucio] era clarísimo. Había informes de vulnerabilidad pero el juez consideró que faltaba documentación y siguió adelante. La moratoria de desahucios no para las órdenes. Para nosotros es una medida de mínimos, no podemos estar debatiendo sobre ella. Lo que hay que hacer es darle una vuelta y, ante la duda, proteger siempre a la parte más vulnerable”, sostiene Martín.
El Gobierno prepara medidas continuistas
El Ministerio de Transportes valora opciones para dar continuidad a las medidas sobre desahucios aprobadas en la pandemia, que terminan el 9 de agosto. Estaba previsto que esas medidas fueran dentro de la Ley de Vivienda, pero como esta sigue encallada porque Podemos y el PSOE no se ponen de acuerdo sobre la regulación de los alquileres, valoran una nueva prórroga o un decreto.
El decreto de medidas urgentes en materia de vivienda de 2019 ya modifició la Ley de Enjuiciamiento Civil y estableció que, en caso de vulnerabilidad, el juzgado debía frenar el desahucio hasta que los servicios sociales adoptaran medidas durante un plazo máximo de un mes (propietarios personas físicas) y tres meses (propietarios personas jurídicas). Pero la experiencia está demostrando que ni eso ni las medidas adoptadas en pandemia (informes de vulnerabilidad y compensaciones a grandes propietarios por no desahuciar) consiguen frenar la sangría. Por eso desde Barcelona sugieren que la norma estatal haga responsables a los grandes propietarios y les obligue a ofrecer alquileres sociales, como ya hace la norma catalana. “Al no estar recogida esa obligación en la ley de enjuiciamiento, los jueces se la saltan y dicen que la administración sancione dicho comportamiento”, explica la concejala.
Por último, abogan porque los servicios sociales conozcan los casos de emergencia en el momento en el que se produzca la primera demanda de impago (para poder actuar de forma preventiva) y por “cambios legislativos profundos” que faciliten alquileres asequibles y eviten que la gente abandone su casa.