Hacienda detecta fallos en un tercio de los beneficios fiscales que se comprometió con Bruselas a revisar

Cuando alguien va a un bar no paga el 21% de IVA, sino el 10%. Al igual que tiene una deducción en su IRPF si ha tenido un hijo. O una empresa puede reducir el pago del impuesto de Sociedades por las pérdidas de ejercicios pasados. Todos estos son beneficios fiscales, incentivos tributarios que se aprueban con el fin de ayudar con determinados objetivos a los contribuyentes reduciendo su factura impositiva. El Ministerio de Hacienda acaba de concluir el análisis de 15 de las decenas de beneficios fiscales que existen en España y ha detectado fallos en algunos de ellos como su baja utilización, que no existan ayudas similares en Europa o que incentiven comportamientos que no son los deseados.

Este estudio nace de un compromiso que Hacienda asumió con la Comisión Europea durante la elaboración del famoso Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. En concreto, el Ministerio da por cumplido con estos informes, el último publicado hace unos días, el hito 386, que figuraba en el componente 28 del Plan, el que corresponde al sistema fiscal. En concreto, lo da por cumplido tras publicar dos documentos de análisis, uno en 2022, con cinco beneficios fiscales, y otro en 2023, con otros 10. Estos beneficios fiscales suman 5.000 millones de euros.

El listado de beneficios fiscales analizados carece de algunos de los incentivos tributarios más célebres o controvertidos. Cabe recordar que el beneficio fiscal que más erosiona los ingresos en España son los tipos reducidos del IVA, mientras que importantes deducciones en el impuesto de Sociedades, uno de los más afectados por esta pérdida de recaudación pese al aumento de beneficios de las empresas, también quedan fuera. Si bien, sí entran algunas medidas que restan de manera significativa los ingresos públicos.

Es en este análisis donde el Ministerio de Hacienda ha detectado algunos problemas en el diseño de estos beneficios fiscales o, al menos, en su aplicación. Por ejemplo, España cuenta con una reducción en el impuesto de Sociedades por activos intangibles de la empresa. Se trata, básicamente, de un incentivo fiscal por el registro de patentes por parte de las compañías. Sin embargo, este beneficio fiscal que supone una reducción del 60% en el pago del impuesto, se utiliza únicamente por 170 empresas cada año, que evitan el pago de 60 millones en impuestos. “Sería conveniente evaluar la combinación de esta medida con otros programas públicos que promueven el crecimiento del gasto de I+D+i de las empresas, detectando solapamientos y complementariedades, y que permitan disponer de un ”mix“ de políticas públicas más eficaces y eficientes”, señala el informe.

De mayor cuantía, casi alcanzando 600 millones de euros de merma de ingresos, es una reducción en la base imponible (cifra sobre la que se calcula el impuesto) cuando las empresas realizan una reserva para ampliar sus fondos propios. El Ministerio de Hacienda señala que el número de beneficiarios es “reducido en comparación con el universo potencial de empresas”, y llega a unas 105.000 sociedades, lo que contrasta con un “un importe que es relativamente elevado”. Además, añade que únicamente seis países en Europa tienen un beneficio similar. Este problema se mantiene en otra de las reducciones del impuesto de sociedades, como la que se hace por reserva de nivelación. Esta medida tiene un impacto fiscal más pequeño, 56 millones, y está diseñada para empresas de reducido tamaño, que suponen el 98% del tejido empresarial español. Sin embargo, solo lo utilizan menos del 3% de las mismas.

Este bajo uso del beneficio fiscal se detecta a lo largo de estos dos informes en otras figuras. Hacienda detecta también una “escasa utilización” de un beneficio fiscal que afecta al IRPF de quienes han obtenido rendimientos del trabajo en el extranjero. Están exentos los trabajos que se han realizado en el extranjero, hasta un máximo de 60.000 euros, para una empresa no residente en España, siempre y cuando en aquel país exista una figura similar al IRPF. El objetivo original de este beneficio es incentivar la internacionalización de empresas españolas y del capital humano que mantiene su residencia en España. Sin embargo, apenas 5.300 empresas lo utilizan y la mayoría solo para uno o dos trabajadores, según concluye Hacienda. “Sería recomendable considerar otras variables que capturen la decisión del trabajador relacionada con ser beneficiario”, señala el Ministerio. Supone otros 60 millones de pérdida de ingresos.

Algunos de los beneficios fiscales que ha analizado el Gobierno tienen un impacto “residual” en el conjunto de los ingresos públicos, pero no se libran de tener problemas en sus efectos. Se trata del único impuesto especial que se analiza y que es la reducción por el uso profesional del carbón. Tiene un tipo diferenciado al resto del carbón, algo que no ocurre en casi ningún país de Europa y, según concluye el Ministerio de Hacienda, “distorsiona el mercado de precios”. Con ello, apunta, “la exención incentiva la utilización del recurso más contaminante”.

Además, Hacienda detecta que algunos de los beneficios fiscales analizados no tienen posible comparación con Europa. Esto, que no tiene por qué ser negativo per sé, muestra un diseño del sistema tributario diferente al de países de nuestro entorno. Por ejemplo, apunta respecto a la exención por recibir la prestación por desempleo en un pago único para formar un negocio que “es poco habitual en los países de nuestro entorno”, algo que se repite para las exenciones en el IRPF de las pensiones por incapacidad. En otros casos, apunta que el sistema español es “generoso” respecto a otros países, como en la tributación de las entidades sin fines de lucro.

En cualquier caso, el objetivo de estos informes no era analizar si estas figuras debían de ser eliminadas, como explican fuentes del Ministerio, sino de comprobar si cumplen con su objetivo. De hecho, algunos de estos beneficios fiscales se muestran como efectivos en lo que pretenden, pese al problema de no llegar a todos sus beneficiarios potenciales. No se espera por el momento realizar más análisis por parte del Ministerio que, en cualquier caso, ya serían al margen del compromiso con Bruselas, que han dado por terminado.

45.000 millones en beneficios fiscales

El informe del Ministerio se suma al realizado en 2020 por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en el conocido como 'spending review' y que fue más ambicioso en cuanto a los incentivos analizados. Estudiaron otra quincena de beneficios fiscales que sumaban 28.000 millones de euros en merma de ingresos. Según defiende el Ministerio, entre sus dos informes y el de la Airef, se da por analizada el 77% de la pérdida de recaudación por beneficios fiscales.

De aquel informe de la Airef sí se han extraído cambios regulatorios para dos de los beneficios fiscales analizados. El primero fue la retirada del IVA reducido para las bebidas azucaradas. Un reciente estudio de EsadeEcPol confirmaba que esta modificación había alcanzado los objetivos que se buscaban, reduciendo el consumo de estas bebidas entre los menores y, en especial, en los hogares de menor renta. El siguiente cambio fue para los planes de pensiones privados individuales, cuyo incentivo fiscal se redujo de 8.000 euros a 1.500 euros.

España deja de ingresar por beneficios fiscales más de 44.700 millones de euros, lo que representa el 3,4% del PIB. El Gobierno ha mantenido un discurso, desde la llegada del PSOE a la Moncloa en 2018, crítico con algunos de estos incentivos tributarios y su impacto en la recaudación. La propia ministra, María Jesús Montero, ha llegado a referirse por ejemplo al Impuesto de Sociedades como un “queso gruyere”, por los múltiples agujeros por los que se pierde recaudación por los beneficios fiscales. Sin embargo, han sido escasos los movimientos para reducir incentivos fiscales por parte del Gobierno que se ha visto además afectado por la pandemia y por la alta inflación que han llevado a aprobar nuevas rebajas fiscales como el IVA de los alimentos o en la factura de la luz. Este año está previsto que la merma supere los 45.000 millones de euros.