El Hipódromo de la Zarzuela paga 120.806 euros a un empresario imputado por corrupción
La empresa pública Hipódromo de la Zarzuela, perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adjudicó en julio un contrato de 120.806 euros (IVA incluido) a la consultora tecnológica asturiana ASAC Comunicaciones, cuyo administrador único, Maximino Fernández, está pendiente de sentencia tras el juicio del caso Marea, acusado de presuntos delitos de falsificación de documentos, fraude y exacciones ilegales.
El hipódromo, que desde 2012 preside Faina Zurita, sobrina de la infanta Margarita (hermana del rey Juan Carlos y tía del rey Felipe VI), adjudicó el contrato el 13 de julio, en la recta final del juicio por esa trama de corrupción en Asturias.
El contrato, por 99.840 euros (sin contar el IVA del 21%), se adjudicó un mes después de que, en la Junta de Accionistas del 10 de junio, los socios del hipódromo, SEPI (95,8% de las acciones) y Loterías del Estado (4,2%), acordasen aportar otros 2.019.946,27 euros a la empresa para compensar pérdidas.
El contrato adjudicado a ASAC salió a concurso dos días antes de la asamblea de accionistas de la empresa pública, que el año pasado se anotó sus mayores pérdidas desde la reapertura del recinto en 2005 al duplicar sus números rojos hasta 5,7 millones, tras nueve meses sin carreras por un conflicto con el regulador hípico. En noviembre, la SEPI ya inyectó otros 10 millones al hipódromo para evitar su quiebra.
El delito de fraude es uno de los que impide a la Administración contratar con una empresa, en caso de haber sentencia firme. No es el caso aún del administrador único de ASAC, para el que el Principado de Asturias y la Fiscalía pedían cuatro años de cárcel. Tras cuatro meses de sesiones, el juicio concluyó el 29 de julio. La sentencia de la Sección 3 de la Audiencia Provincial de Asturias se espera para diciembre o enero.
El caso Marea está considerado como la mayor trama de corrupción en Asturias, con trece imputados entre los que están José Luis Iglesias Riopedre, exconsejero de Educación en el Gobierno del socialista Vicente Álvarez Areces, y su entonces directora general de Educación, María Jesús Otero.
Según informó El Comercio, Maximino Fernández reconoció en su declaración en el juicio el 25 de abril que su empresa facturó 246.000 euros al Gobierno del Principado por obras de cableado en centros sociales de Asturias que después “no se hicieron”. Fernández siempre ha mantenido que ese dinero no fue para ASAC, sino para la funcionaria Marta Renedo, también imputada.
Desde la declaración de Fernández en el juicio, ASAC ha logrado adjudicaciones de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (el 12 de agosto), dependiente del Ministerio de Economía, y la Universidad de Burgos, entre otros organismos públicos.
Con sede en el Parque Tecnológico de Asturias y delegaciones en Galicia y Cataluña, la empresa es contratista habitual de la Administración. Tiene 120 empleados y entre sus clientes están, según su web, otras empresas estatales como la agencia EFE y Paradores, y organismos públicos como la EMT de Valencia, la Empresa Municipal de Aguas de Canarias, la Diputación de Cuenca y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
Al contrato adjudicado por el hipódromo se presentaron dos ofertas pero la de ASAC fue la única admitida. El contrato consiste, según ASAC, en el alojamiento en la nube de esta empresa asturiana de los sistemas informáticos del Hipódromo.
La antigua empresa de la presidenta
Otra adjudicación polémica llevada a cabo por Hipódromo de la Zarzuela en los últimos meses fue la contratación en febrero,de una campaña promocional a la agencia de comunicación Inforpress (ahora rebautizada como Atrevia) por 149.072 euros, IVA incluido.
En Inforpress, que logró la mayor puntuación al presentar la mejor oferta técnica (no la económica) entre los once licitadores, trabajaba Faina Zurita antes de ser nombrada presidenta del Hipódromo por el presidente de la SEPI, el exdiputado del PP Ramón Aguirre. Sin experiencia previa en el sector hípico, el balance de gestión de esta licenciada en Ciencias de la Información arroja unas pérdidas acumuladas de 16,2 millones desde 2012 para la entidad.
Coincidiendo con esa nueva inyección de fondos públicos de SEPI y Loterías, la empresa estatal, con la que no ha sido posible contactar, también sacó a concurso el 10 junio un contrato de consultoría para la elaboración de un Plan Estratégico 2017-2021 que incluya “un plan de actuación que proporcione viabilidad” a la sociedad en el próximo lustro y la realización de un informe sobre el “potencial real de las Apuestas Hípicas Externas en España”.
El plazo de presentación de ofertas acabó el 24 de junio, dos días antes de las últimas elecciones generales. El contrato fue adjudicado el 4 de agosto por 387.200 euros (IVA incluido) a Deloitte por ser la “oferta económica más ventajosa”, pese a que era la más cara: 320.000 euros (sin IVA), frente a los 259.000 euros de KPMG y los 286.500 de Roland Berger.
En Deloitte trabajan dos hijos de una persona muy vinculada a Zurita y al hipódromo, Carlos Rodulfo. Primer consejero delegado de Hipódromo de la Zarzuela (2002-2004), vocal “independiente” de la empresa pública entre 2012 y 2013 y actual presidente de la Asociación de Hipódromos por designación de la filial de la SEPI, Rodulfo está casado con la alta funcionaria Ana Puy Fernández, que desde agosto de 2012 es secretaria general del Tribunal de Cuentas.
El Tribunal de Cuentas es el organismo público que fiscaliza la actuación del Hipódromo de la Zarzuela. En un informe publicado el mes pasado, el tribunal criticó “la falta de control con la que se ha gestionado la ejecución y financiación” de las millonarias obras de restauración del emblemático recinto, propiedad de Patrimonio Nacional.
