“Entras a una entidad bancaria para consultar por una hipoteca y es lo primero que te preguntan”. Que si tiene usted un contrato indefinido. Por primera vez, Yovana González, de 33 años y trabajando desde los 23, puede decir que sí. “Siempre había estado con contratos temporales, donde me surgieran oportunidades, pero con la reforma laboral me hicieron indefinida”, explica la joven, coordinadora de actividades educativas y de tiempo libre en colegios de Gijón (Asturias). “Antes tanto mis compañeras como yo nos encontrábamos en una continua incertidumbre”, destaca la trabajadora.
La caída de los contratos temporales gracias a la reforma laboral, disparados en España durante décadas y que exponían a millones de personas a esa “continua incertidumbre”, seguramente sea el cambio más relevante de la legislatura y de los últimos años en el mercado de trabajo.
También los ERTE en la pandemia, herramienta desconocida por la mayoría social y que logró sostener a más de cuatro millones de trabajadores y de 500.000 empresas ante el azote del coronavirus. El paro extraordinario de los autónomos por la COVID alcanzó por su parte a la mitad del colectivo, alrededor de 1,5 millones de trabajadores, para los que nunca se había desplegado este tipo de protección.
Estas y otras muchas medidas laborales aprobadas por la coalición progresista, como el gran aumento del salario mínimo y la histórica aprobación del paro para las trabajadoras del hogar, tienen una repercusión directa en los trabajos y las vidas de miles de personas, en ocasiones con cambios muy significativos.
“No había manera de planificarte a largo ni medio plazo, porque no podíamos contar con 'x' dinero en dos o tres meses. No sabíamos si tendríamos trabajo de nuevo”, explica Yovana González sobre la situación que afrontaban ella y sus compañeras antes de la conversión de sus contratos temporales a indefinidos ordinarios o fijos discontinuos con la reforma laboral.
“Como no sabías, pensabas: 'Me voy a ahorrar este calcetín, que no sé si dentro de dos meses voy a seguir con este contrato”, pone como ejemplo. Como es coordinadora y trabaja durante todo el año, Yovana González pasó a indefinida ordinaria, mientras que sus compañeras –unas con trabajo durante la época lectiva y otras empleadas durante las vacaciones escolares– fueron contratadas como fijas discontinuas, vinculadas a estas dos temporadas.
Como ella, los jóvenes están siendo los más beneficiados del aumento del empleo indefinido, ya que antes eran los más afectados por la temporalidad excesiva. Para muchos de ellos, como explicaban aquí Raquel, Sara e Ismael, la reforma laboral ha traído consigo sus primeros contratos 'fijos', que les han concedido algo de “tranquilidad” y la posibilidad de hacer planes antes inconcebibles.
Yovana González está “en búsqueda de vivienda”, dice con ilusión, una posibilidad para la que antes dependía de una pareja o una tercera persona que le avalase. “Si no, imposible, no me darían ninguna hipoteca. Lo primero que te preguntan es si tienes contrato indefinido y ya lo segundo, el sueldo”, afirma.
“Con el contrato fijo discontinuo, la empresa está obligada a llamarlas cuando vuelve a haber trabajo”, explica Yovana González, también delegada de CCOO, sobre sus compañeras monitoras que trabajan por temporadas. Para quienes minimizan la importancia de este hecho y equiparan esta modalidad de contrato a los temporales previos, la trabajadora niega la mayor. “Antes te podían llamar o no. Teníamos contratos por obra o servicio y nos encontrábamos en una continua incertidumbre. Ahora hay una obligación legal de llamamiento”, sostiene González.
El Banco de España ha señalado una muestra práctica de la transformación económica que está suponiendo la reforma laboral para las personas que han dejado atrás los contratos temporales. El regulador calculó un aumento del consumo en unos 3.000 millones de euros fruto de la conversión a contratos indefinidos que propició la norma.
Aunque en ocasiones algunas voces advierten de prácticas abusivas respecto a los fijos discontinuos, sobre todo cuando los contratos dependen de empresas de trabajo temporal (ETT), y reclaman más control de esta forma de contrato. La Inspección de Trabajo lanzó precisamente una campaña para controlar su uso.
A Noelia, que trabaja en una multinacional textil en el centro de Barcelona, le hicieron un contrato fijo discontinuo a través de una ETT para el refuerzo de personal durante el verano, con más afluencia turística. “Trabajaba todos los fines de semana y nos dijeron que no teníamos derecho a vacaciones durante dos años, que descansábamos cuando no nos llamaban para trabajar”, relata. Un año después, la dependienta pasó a indefinida ordinaria contratada directamente por la tienda.
María estuvo en ERTE más de un año. “Un año y tres meses”, cuenta. Pasó de no saber qué eran los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), como casi toda España, a seguir en vilo las prórrogas de este mecanismo de 'hibernación' del empleo que acordaron el Gobierno y los agentes sociales. Los ERTE por la COVID se extendieron desde marzo de 2020, en los primeros compases de la pandemia, hasta dos años después, en abril de 2022.
“Los ERTE nos ayudaron a mantenernos todo ese tiempo. Estoy muy orgullosa de las leyes españolas, porque he sabido de otros países europeos llamados 'primer mundo' que no tienen apenas garantías”, dice María, tripulante de cabina. Como ejemplo, menciona la desprotección de compañeros con bases en países como Reino Unido.
El sector de la aviación fue de los más afectados por la pandemia, con una recuperación más lenta que otras actividades económicas, por lo que las sucesivas prórrogas que acordó el Gobierno fueron claves para sostener a María y sus compañeros. “Yo podía mantenerme con el ERTE, porque no tengo hijos ni muchos gastos, pero había gente con cargas familiares e hipotecas que sufrió bastante”, recuerda.
El Gobierno reforzó la protección de los ERTE con medidas excepcionales, como una mayor cuantía (70% de la base reguladora, que no se reducía con los meses al 50% como ocurre con el paro), que su cobro no consumiera meses de desempleo y el acceso sin el mínimo cotizado.
María traduce lo que supusieron en su caso: le permitieron seguir pagando el alquiler –que no hubiera podido sufragar con el 50%– y más tarde, cuando su empresa no aguantó y se vio abocada al cierre en España, pudo cobrar el paro durante varios meses hasta que encontró otro empleo. “A mí se me dio bien, no tardé mucho en encontrar otro trabajo”, dice la trabajadora, de 43 años. “Como trabajadora agradezco lo que se hizo, sentí mucha protección laboral”, sostiene. En la mayoría de casos, los ERTE no se convirtieron en ERE, sino que terminaron con una masiva reincorporación a los puestos de trabajo.
La legislatura ha dejado también una imagen ansiada y luchada durante años. Trabajadoras del hogar aplaudían desde lo alto del Congreso la ratificación por parte de España del Convenio 189 de la OIT, que obliga a equiparar los derechos laborales de este colectivo al resto de trabajadores. Un mes después, se dio luz verde por fin a una de las principales batallas, el derecho al desempleo, cuya exclusión la justicia europea tachó de discriminatoria en una sentencia impulsada por una empleada gallega.
“La señora se levantaba de mal carácter, que ya no quería nada contigo, y te ibas a la calle, al limbo”, explica Marga, trabajadora del hogar y de cuidados y activista de Territorio Doméstico. Por muchos años que trabajaran, estas empleadas se veían en la calle de un día para otro sin ningún ingreso. Casi 400.000 trabajadoras del hogar de alta en la Seguridad Social, a las que se suman alrededor de 200.000 más sin contrato.
Esta desprotección ha atado las manos de muchas trabajadoras a la precariedad. Les ha obligado a aceptar trabajos mal pagados, sin alta en la Seguridad Social, con malas condiciones o, incluso, aguantando un mal trato por parte de sus empleadores. Pero eso era mejor que “nada”, explicaba Marga a elDiario.es en este reportaje días antes de la histórica sentencia europea.
“Ahora estamos cotizando por el paro, pero como tenemos que acumular al menos un año, aún no conocemos a ninguna compañera que lo haya cobrado. El día que ocurra, haremos una celebración y diremos por fin que sí, que las trabajadoras del hogar tenemos el acceso al paro”, dice la empleada doméstica.
En opinión de Marga, la perspectiva de esa futura protección social ya impulsa una mayor calidad del empleo. “Puedes buscar algo donde respeten tus derechos, poner más en valor tu trabajo y no aceptar cualquier cosa”, considera. En los colectivos de empleadas temen un cambio de Gobierno, reconoce.
Solo hace cinco años, quienes percibían el salario mínimo cobraban 735,90 euros brutos al mes. Hoy, la cuantía del SMI alcanza los 1.080 euros. Un 47% más, que se concreta en 344 euros más al mes, uno de los mayores incrementos de la democracia en un periodo tan corto.
El mayor salto se acordó en 2019, entre PSOE y Unidas Podemos, cuando el salario mínimo registró un alza histórica del 22%, hasta los 900 euros al mes. Después, ha seguido aumentando y este 2023, en un contexto de crisis inflacionista, se volvió a anotar un fuerte incremento, del 8%, hasta cumplir con la meta fijada por el Ejecutivo de coalición de alcanzar el 60% del salario medio en España.
Traducido al día a día, los aumentos han hecho que la cuesta para llegar a fin de mes sea un poco menos empinada en muchos hogares, como relataban varios trabajadores en este reportaje de Víctor Honorato. Carmelo Conde, trabajador de una planta de envasado de cítricos en El Campillo (Huelva), tras 25 años en la compañía, no recuerda más subidas de sueldo que las acordadas para el salario mínimo en el Consejo de Ministros.
Estos cinco años de mejora no han inaugurado una etapa de lujos y holganza. Lo que han conseguido es ser “un poco menos precario”, explicaba por teléfono. Por ejemplo: en 2020 cambió de coche, tras 15 años, porque por fin el banco consideró que ganaba lo suficiente como para abonar las letras. “Estas subidas son necesarias; es que, si no, no llegamos”, relataba a este medio.
Además de combatir la temporalidad excesiva, la reforma laboral incluyó más medidas, como que el convenio del sector volviera a fijar los salarios. Se acababa así con la prioridad del convenio de empresa que decretó el Gobierno del PP en 2012 y que devaluó las condiciones laborales en muchas compañías sin tener que alegar ninguna razón para rebajar sueldos.
“El sector que teníamos más afectado es el de ayuda a domicilio”, feminizado y muy precario, explica Rosa Bermejo, responsable del área de Sanidad Privada de CCOO en Cáceres. Solo en esta provincia, hay “13 convenios de empresa”, dice la sindicalista. “Todos devalúan condiciones, ninguno mejoraba el sectorial”, añade.
“Yo he estado trabajando cobrando 900 y pico euros al mes, mientras que compañeras que hacían el mismo trabajo en estas empresas estaban recibiendo algo más de 600 euros”, cuenta Bermejo. El aumento del salario mínimo en los últimos años ha ido reduciendo esta brecha, pero ahora tras la reforma laboral estas compañías con salarios 'low cost' tienen que adaptarse a los niveles sectoriales, más beneficiosos.
“Muchas empresas no están adaptando todavía sus tablas salariales, aunque deberían haberlo hecho antes de enero de 2023. Así que estamos denunciando a la Inspección de Trabajo”, explica Rosa Bermejo. “De momento, ya han aumentado los salarios tres compañías”, añade la sindicalista.
Este año, el convenio del sector a nivel estatal recoge un sueldo base de las auxiliares a domicilio de 1.090,60 euros al mes, a los que se deben sumar pluses por antigüedad, nocturnidad o disponibilidad, entre otros. En 2024, el salario base pactado escalará a los 1.118 euros al mes. “Hay jornadas parciales, así que los aumentos son proporcionales para las horas trabajadas y a veces no son muy elevados, pero es más de lo que les estaban pagando”, destaca Bermejo.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Todas las repercusiones de la guerra de Ucrania en la economía mundial, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.