Iberdrola contrató a Villarejo para infiltrarse entre ecologistas e investigar a un juez que bloqueaba una central de gas
Iberdrola, la primera eléctrica española, contrató en 2004 los servicios del comisario José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2017, para infiltrarse en un grupo ecologista e investigar a un juez de lo Contencioso-Administrativo de Jerez de la Frontera (Cádiz) que en aquel momento estaba analizando los recursos contra la puesta en marcha de la central de ciclo combinado (gas natural) cuya construcción ultimaba entonces la compañía en Arcos de la Frontera, con una inversión de unos 850 millones de euros.
Tal y como avanzan El Confidencial y Moncloa.com en una investigación conjunta publicada este martes que incluye grabaciones y documentos, los servicios del comisario ahora jubilado para la empresa que preside Ignacio Sánchez Galán en el conocido como “proyecto Arrow” incluyeron rastreos de llamadas, informes sobre la vida privada de ese juez, la infiltración entre los grupos ecologistas contrarios a la instalación, labores de información con políticos locales y gestiones para controlar la orientación de los medios de comunicación locales sobre la planta, que entonces rechazaban las autoridades municipales y la propia Junta de Andalucía.
En el caso del juez que tenía que decidir sobre los recursos interpuestos contra la instalación por parte del Ayuntamiento de Arcos (que finalmente el magistrado desestimó), uno de los informes contenía información sobre la supuesta vida personal de este funcionario, su situación familiar y su afinidad ideológica, además de un resumen de su carrera profesional.
“Ubicado ideológicamente en la izquierda, con situación política muy cercana a IU”, “su elección (para que se haga cargo de recurso de lesividad) no ha sido casual, de hecho en la misma han pesado dos factores: su trayectoria 'doctrinal', en la que manifiesta una acusada tendencia a tomar posiciones en contra de las grandes empresas, y a favor de los sindicatos y otras asociaciones populares”, recogía Villarejo en sus informes sobre el juez, del que destacaba su “acusada tendencia a tomar posiciones en contra de las grandes empresas y a favor de los sindicatos y otras asociaciones populares”.
El directivo que formalizó el encargo y supervisó fue el todavía hoy responsable de Seguridad de Iberdrola, una persona de la entera confianza de Sánchez Galán, con el que ya fue responsable de esa área en su etapa como ejecutivo la empresa de telecomunicaciones Airtel. Iberdrola fue cliente de Villarejo desde al menos 2004 hasta 2017.
Ninguna de las piezas separadas en las que se divide el procedimiento que instruye la Audiencia Nacional sobre el excomisario, que han acabo con el segundo banco español, BBVA, imputado como persona jurídica por los trabajos realizados en época de Francisco González, analiza por ahora sus trabajos para la eléctrica. Preguntada por este asunto, Iberdrola no ha querido hacer comentarios.
La central de ciclo combinado de Iberdrola en Arcos de la Frontera se acabó poniendo en servicio en 2005 y es una de las mayores de España, con una potencia instalada de 1.600 MW, repartidos en tres grupos de generación capaces de producir el equivalente al consumo del 30% de la población andaluza. Fue una de las plantas que puso en marcha la eléctrica en plena burbuja de instalaciones de gas, aunque tras el desplome de la demanda como consecuencia de la crisis, llegó a solicitar su cierre parcial al Gobierno en 2013. Su petición fue denegada en 2014.
