El impuesto de transacciones financieras gravará también las compras de acciones por inversores extranjeros

El Consejo de Ministras ha aprobado este viernes la creación de dos nuevos impuestos, ya contemplados en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, pero que todavía no están en vigor, como son el impuesto sobre transacciones financieras y el impuesto sobre determinados servicios digitales.

De este modo, el Gobierno remitirá al Congreso los proyectos de ley de ambos impuestos con los que prevé recaudar, de manera conjunta, algo más de 2.000 millones de euros. En diciembre, el Consejo de Ministras había aprobado los anteproyectos de ambos gravámenes.

Isabel Celáa, ministra portavoz, ha sido la encargada de anunciar esta decisión del Consejo y ha avanzado, en el caso del impuesto sobre transacciones financieras, que gravará a operadores que compran acciones “con independencia del país” del que procedan. Como ya se había apuntado, este nuevo impuesto, que prevé recaudar 850 millones de euros, gravará las compras de acciones de empresas españolas cotizadas con un 0,2%. Se limita a aquellas que superan los 1.000 millones de euros de valor bursátil.

Celáa ha asegurado que España se ha basado en el modelo francés, que ya tiene implementado este impuesto, al igual que Italia. La recaudación de este impuesto está enfocado al pago de pensiones y financiación de la Seguridad Social.

El otro impuesto aprobado por el Consejo de Ministras ha sido el conocido popularmente como Tasa Google, que busca gravar a las plataformas digitales por su actividad en España. Celáa ha apuntado que estas compañías funcionan “de manera privilegiada” frente a otros comercios y empresas que sí pagan sus impuestos en España. “Se trata de una competencia desleal”, ha apuntado.

Sin embargo, Celáa no ha podido avanzar la fecha de entrada en vigor de este nuevo impuesto, del que se prevé ingresar 1.200 millones de euros, y no ha confirmado si se gravará desde el uno de enero o desde su aprobación definitiva.

La ministra ha matizado que se trata de un impuesto enfocado únicamente a ciertas “plataformas” que cumplen con unos criterios concretos como son que facturen más de 750 millones a nivel mundial y de 3 millones en España. Además, gravará únicamente a aquellas empresas que realicen publicidad “dirigida”, es decir, aquella que recopila datos del usuario para enfocar los anuncios. “No afecta a los anuncios de Zara o El Corte Inglés en una web”, ha subrayado.

Celáa ha asegurado que España es “el primer país de la UE” que aprueba un impuesto de este tipo, aunque “el resto de países están convencidos en su necesidad y lo están desarrollado”. Gravará con un 3% los ingresos por publicidad y servicios de intermediación y ha apuntado que “el objetivo de recaudación es prudente” respecto a las estimaciones realizadas por el Gobierno anterior.