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Cómo la vivienda asequible en suelo público ha acabado en manos privadas en Madrid o el País Vasco
La política de vivienda toca muchos aspectos económicos, sociales, laborales, judiciales y ecológicos. La construcción es uno de los motores de la economía española y su crecimiento descontrolado, unido a factores como la liberalización del suelo y el crédito bancario desbocado generó una burbuja inmobiliaria cuya explosión hace diez años dejó a miles de personas sin hogar, a centenares de empresas en la quiebra.
Con la recuperación económica, las facilidades fiscales para nuevos actores del sector como las socimis y la fuerte entrada de inversores en el negocio inmobiliario volvieron a subir los precios de la compraventa en puntos localizados y más poblados del país (una política de tipos de interés bajo mínimos lo ha favorecido) y se manifestó un nuevo fenómeno: el crecimiento inédito del coste de los alquileres. Esto ha provocado que los desahucios sean ahora mucho más frecuentes en dicho modelo (dos de cada tres frente a los hipotecarios). Los grupos sociales más vulnerables, incluidos los jóvenes y las rentas más bajas, son los más perjudicados por un mercado que mantiene un tono más especulativo que social (la vivienda pública en España apenas supone un 2,5% del total, uno de los porcentajes más bajos de la UE).
En este contexto, ahora coyunturalmente caracterizado por un enfriamiento de los precios paralelo una nueva ralentización de la economía, los partidos políticos que concurren a las elecciones generales presentan sus propuestas de vivienda, limitadas por el hecho de que las competencias en la materia las poseen en buena parte las comunidades autónomas, si bien el Gobierno tiene potestad en materias relacionadas tan importantes como la fiscalidad o la ley de arrendamientos urbanos, con la que se puede limitar el precio de los alquileres.
Estas son las propuestas sobre vivienda de los principales partidos:
PSOE: cesión de suelo público para el alquiler asequible
El partido que en la actualidad ostenta el Gobierno acude con un bagaje de medidas ya adoptadas en materia de vivienda en los últimos meses, en parte por sus pactos con Unidas Podemos. Modificaron la Ley de Arrendamientos Urbanos con lo que los alquileres se alargaron a cinco o siete años y limitaron al IPC las posibles subidas anuales dentro del mismo contrato. Pero no aceptaron establecer un tope para las subidas entre contrato y contrato, como le pedían sus entonces socios.
El PSOE plantea ahora iniciativas como la cesión de suelo público durante cincuenta años a entidades privadas para la construcción de viviendas de alquiler asequible, y tiene el plan de que al final de la próximo legislatura haya 20.000 unidades más en el mercado con esas características. Esta medida, que ya se ha experimentado en el pasado, puede acabar con los pisos en manos privadas, salvo que la protección sea a perpetuidad, como ya se hace en lugares como Baleares y se intenta en Barcelona, donde el Ayuntamiento de Ada Colau también practica este modelo de colaboración público–privada.
Pretenden asimismo impulsar la actividad de los promotores públicos y de las cooperativas, e incentivar la oferta de alquiler asequible con medidas fiscales. “Aprobaremos medidas específicas de ayuda al alojamiento para colectivos con necesidades habitacionales urgentes, actualizando la estrategia de sinhogarismo, favoreciendo el realojo de inquilinos que no puedan hacer frente al pago de sus rentas o que incluso hayan perdido su vivienda por ejecución hipotecaria, complementando las iniciativas adoptadas por comunidades autónomas y ayuntamientos”, añaden.
En su programa, los socialistas hablan de una “Ley de vivienda que facilite el acceso a vivienda digna y adecuada y mejore la protección de los consumidores en materia de adquisición y alquiler. Asimismo, acciones contra los precios desmedidos de los alquileres y ayudas al alquiler para los jóvenes”. También pretenden “movilizar las viviendas vacías y a los grandes tenedores” para abaratar el alquiler, de momento sin dar detalles de momento de cómo lo harían.
Unidas Podemos: alquiler indefinido, fin de las socimis
El programa de la formación morada en materia de vivienda es bastante prolijo, como ya lo era el pasado abril. Creen que el derecho a la vivienda debe ser blindado en la Constitución como cuestión de Estado. Defienden intervenir el mercado del alquiler para impedir subidas abusivas mediante el control de precios e implantar un contrato de arrendamiento indefinido, “estableciendo causas claras de rescisión justificada”.
También consideran que se debe incrementar en 50.000 viviendas al año, durante toda la legislatura, el parque de vivienda en alquiler social mediante un mecanismo de cesión obligatoria de las viviendas vacías de los grandes tenedores. Pretenden acabar también con las socimis, sociedades poseedoras de inmuebles en alquiler con ventajas fiscales, y poner coto a la “excesiva proliferación de pisos turísticos”.
Proteger a los deudores y deudoras hipotecarios sin recursos suficientes con la limitación de su deuda al valor del bien hipotecado y el reconocimiento de derechos de reestructuración de deuda, quita y dación en pago; dotar de alternativas y protección a las personas sin hogar; y rehabilitar al menos 500.000 viviendas al año para promover la eficiencia energética y la reducción de la factura de la luz están también entre sus propuestas.
Más País: rehabilitar 700.000 viviendas, regular precios
El partido de Íñigo Errejón, que se presenta en coalición con Equo, propone elevar gradualmente al 2% del gasto público las políticas de vivienda y destinar el 50% del presupuesto a rehabilitar 700.000 viviendas al año. También crearían incentivos fiscales con bonificaciones potestativas en el IBI o en el ICIO y la reducción del IVA en materiales con sello ecológico y se fomentarían las hipotecas verdes, estudiando la posibilidad de que el ICO actúe como avalista parcial del capital.
Otra de sus propuestas es la regulación de viviendas turísticas y la limitación de plazas hoteleras “en función de la carga ecológica y social de los territorios” y la definición en legislación básica estatal de la vivienda vacía, para una posible regulación autonómica/local y aplicación de tributos (recargo de IBI hasta 50%).
Además de la regulación de precios del alquiler, también defienden la construcción de viviendas para alquiler asequible en suelos públicos, “en régimen de cesión de derecho de superficie, a través de sociedades público-privadas que construirán y gestionarán las viviendas según criterios públicos”.
PP: 100.000 viviendas de alquiler, cárcel para okupas
El PP, partido más votado del bloque de las derechas, sube la apuesta y propone la cesión de suelo público a empresas privadas para la construcción de 100.000 viviendas de alquiler. En su programa al respecto también vuelven a poner encima de la mesa “una ley antiokupación que vuelva a recuperar la normativa que puso en marcha el PP antes de que el PSOE la cambiara” y que contemplaba “penas de cárcel de 1 a 3 años” para los okupas.
Plantean también “reactivar el sector de la construcción” a través de un “plan de rehabilitación” de edificios “para la sostenibilidad energética con deducciones fiscales”, de forma que esas construcciones se adapten “a los requerimientos de la sostenibilidad ambiental” actuales.
El PP también ha defendido “que el impuesto de actos jurídicos documentados se suprima a los que accedan a su vivienda habitual” o “prorrogar la moratoria de desahucios de familias con hijos hasta 2023”. También que haya “seguros de arrendamiento para los colectivos que tienen problemas de acceso a la vivienda” o “apostar por la deducción fiscal para los arrendadores” de forma que se puedan deducir “lo que declaran como renta por alquiler”.
En su día el PP votó en contra de la ley que amplió los alquileres a cinco o siete años desde los tres en los que lo dejaron ellos y llegó a presentar un recurso contra el decreto en el Tribunal Constitucional aún pendiente de resolver.
Ciudadanos: antiokupación y no regular los precios
En su programa electoral, el partido de Albert Rivera se pronuncia contra “modelos fracasados como los controles de precios que proponen PSOE y Podemos”, a pesar de que los primeros se han negado a introducir tal regulación alegando que es inconstitucional, motivo que llevó a Unidas Podemos a rechazar uno de sus decretos.
Lo que propone Ciudadanos, en línea con su intención de rebajar impuestos, es mejorar los incentivos fiscales para los particulares y entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda en régimen protegido.
Además se centra en una “Ley contra la Okupación Ilegal” con la que se legitimaría a las comunidades de vecinos “para iniciar el desalojo de viviendas okupadas en caso de inacción por sus titulares”. También proponen endurecer las penas para las okupaciones violentas.
Proponen también acabar con la fragmentación normativa entre las CCAA en la regulación de las viviendas turísticas, mejorar los controles para acabar con la oferta ilegal y concienciar “sobre las nefastas consecuencias para España de las campañas de turismofobia y la irresponsabilidad de quienes la promueven”.
Vox: eliminar el IVA contra la UE y liberalizar el suelo
El programa de Vox en materia de vivienda incluye la idea de “ampliar el concepto de legítima defensa” para que “los españoles puedan hacer uso de la fuerza proporcional para defender su hogar”, además de propuestas como endurecer las penas contra la okupación de inmuebles.
Otra propuesta llama la atención por la imposibilidad e ilegalidad de su eventual cumplimiento. Una de ellas es la “eliminación en la adquisición de la primera vivienda” que colocan en el apartado dedicado al IVA. Si lo que significa esta propuesta es que quieren eliminar el IVA para la primera vivienda nueva (las de segunda mano no pagan IVA) que se compra una persona, la directiva europea correspondiente (de obligado cumplimiento en los estados miembros) no permite exonerar de IVA la venta de una vivienda recién construida. La única opción sería dar una subvención que tributaría en su IRPF y que probablemente induciría un alza en el precio final de las viviendas, pues el Estado subvencionaría parte del precio final a pagar.
En un escenario hipotético en el que VOX lograra que la Unión Europea derogase la directiva, permitiendo la adquisión de primera vivienda nueva sin IVA, el promotor no podría deducírselo, por lo que repercutiría vía precio directamente. Pero además el comprador tendría que pagar impuesto de transmisiones patrimoniales.
Por otra parte, la formación de Santiago Abascal propone “convertir en suelo apto para ser urbanizado todo el que no deba estar necesariamente protegido por motivos de interés público convenientemente justificados”. A juicio de Vox “el mercado del suelo es especialmente rígido su regulación provoca una escasez artificial que eleva su precio”. Esta medida es casi un calco de la famosa ley de liberalización del suelo de Aznar que en 1998 declaraba urbanizable todo terreno excepto que se dijera lo contrario, y que muchos expertos sitúan entre las causas de la burbuja inmobiliaria que estalló una década después.
El análisis del Sindicato de Inquilinas
El Sindicato de inquilinas de Barcelona ha analizado y hecho un gráfico con las propuestas que se refieren específicamente al alquiler. Incluye a las formaciones con representación parlamentaria excepto a Vox por “principio democrático”, explica su portavoz, Jaime Palomera.