Gobiernos cautivos: los estados de la UE como canal para los intereses empresariales. Así se llama el último informe de la entidad sin ánimo de lucro Corporate Europe Observatory, que se centra en revelar cómo los Estados miembros “se dejan capturar, permitiendo a los intereses empresariales ejercer una influencia perversa” en las decisiones que toman en cuestiones comunitarias. “En lugar de velar por el intereÌs general de la ciudadaniÌa y del bien comuÌn de toda la UE, a menudo actuÌan como canales para los intereses privados”, afirma la entidad.
Los Estados miembros de la UnioÌn Europea desempeñan un papel fundamental. Es más, todo lo que proponen el Parlamento Europeo y la Comisión necesita el visto bueno del Consejo que reúne a los países para que se haga realidad. Marcan la direccioÌn estrateÌgica, participan en el diseño y desarrollo de las regulaciones, y deben aprobar toda la legislacioÌn comunitaria.
El informe llega una semana después de que el Parlamento Europeo votara a favor de aumentar la transparencia en relación a la actividad de los lobbys dentro del Parlamento, y en este caso se pone el acento en la opacidad del proceso de toma de decisiones en el Consejo de la UE, que “beneficia más a menudo a las empresas y no a los ciudadanos”, afirma el eurodiputado verde Ernest Urtasun (Catalunya en Comú).
El informe destaca varios ejemplos relacionados con España. Por ejemplo, cómo los lobbistas presionaron en 2017 en el asunto de la itinerancia –hoy en día no hay roaming en la UE–: las empresas de telecomunicaciones se quejaban de que sus beneficios se veriÌan recortados.
Cuando el debate sobre las tarifas llegoÌ al Consejo de la UE, relata el informe, “el Grupo de Trabajo sobre Telecomunicaciones y Sociedad de la InformacioÌn propuso un enfoque mucho maÌs favorable a los intereses de estas empresas que lo que habiÌa propuesto tanto la ComisioÌn como el Parlamento. El Gobierno español propuso una enmienda que fue conocida como la clauÌsula TelefoÌnica, que intentaba proteger a la empresa y evitar que tuviera que realizar una bajada importante de sus tarifas mayoristas. El acuerdo final establecioÌ unas tarifas menores que las que habiÌan propuesto Consejo y ComisioÌn, pero mayores de lo que habiÌa querido el Parlamento, lo que supuso una victoria parcial para el lobby de las telecomunicaciones”.
El informe sostiene que “TelefoÌnica mantiene estrechos viÌnculos y una puerta giratoria muy activa con la clase poliÌtica dirigente. TelefoÌnica fue uno de los primeros miembros de la Mesa Redonda Europea de Industriales (ERT por sus siglas en ingleÌs), y de muchos otros grupos de presioÌn españoles, como el Consejo Empresarial de la Competitividad”.
El informe también critica que “desde 2010 España y otros paiÌses se han resistido a los intentos de reformar el reÌgimen de acuerdos bilaterales de inversioÌn (BITs por sus siglas en ingleÌs) con el resto del mundo”. Dicho reÌgimen, según el informe “concede a los inversores derechos extraordinarios y establece un sistema de justicia paralelo para las empresas conocido como ISdS (mecanismo de resolucioÌn de conflictos inversor-estado)”.
“En los uÌltimos años”, dice el estudio, “España y otros estados miembros han intentado incluir cláusulas incluso maÌs favorables a los intereses empresariales que las propuestas por la ComisioÌn cuando la UE ha negociado con sus socios comerciales ISdS como parte de tratados comerciales maÌs amplios, como el CETA, el tratado con CanadaÌ. Les preocupaba sobre todo que CanadaÌ intentara proteger de forma parcial las regulaciones bancarias limitando el ISdS en el sector financiero”.
“España ha adoptado una postura bastante antidemocraÌtica y extrema en favor de los inversores en temas de ISdS. Esto a pesar de ser el paiÌs de la UE que maÌs juicios abiertos tiene por ISdS, maÌs de 40 hasta ahora, y ya ha tenido que pagar millones de euros de los contribuyentes a fondos de inversioÌn y similares”. sostiene el texto.
¿Y por qué España parece no querer poner límites a los arbitrajes? “Una explicacioÌn”, afirma el informe, “puede ser los viÌnculos entre el gobierno español y los despachos de abogados que se dedican al arbitraje. Estos abogados, pueden cobrar unos 1.000 euros la hora en estos juicios. Muchos abogados del Estado han cruzado la puerta giratoria a la industria del arbitraje”.
El caso de Miguel Arias Cañete
El informe dedica un apartado especial al comisario español. “La trayectoria del Comisario de Clima y EnergiÌa, Miguel Arias Cañete, en la industria petrolera de España le convierte en un objetivo faÌcil para las empresas energeÌticas españolas. Entre los lobistas con los que se ha reunido maÌs a menudo estaÌn Iberdrola (nueve veces) y Naturgy (11 encuentros) de un total de 269 reuniones con lobistas empresariales (de diciembre de 2014 a octubre de 2018), 100 fueron con lobbies españoles (37%), entre los que se encontraron TelefoÌnica y Banco Santander”.
Desde noviembre de 2014, las reuniones que los Comisarios y altos funcionarios celebran con los lobbies se publican en el registro de transparencia. Pero no se aplican normas similares a las representaciones permanentes de los Gobiernos nacionales ante la UE, y tampoco hay transparencia acerca de las reuniones del Consejo.
“Tal y como concluye el informe elaborado por Corporate Europe Observatory”, afirma Urtasun, “demasiados Estados miembros permiten a los intereses empresariales ejercer una influencia perversa en las decisiones que toman en cuestiones comunitarias. Es escandaloso que los gobiernos adopten posturas antidemocráticas con tal de favorecer intereses privados, y que a día de hoy todavía siga existiendo esta opacidad y falta de transparencia en torno a sus actividades”.