Las condiciones materiales de vida empeoran en España, según un informe del Observatorio Social de La Caixa
La vulnerabilidad económica ya afecta a un 32,6% de la población española, es decir, la renta familiar de este porcentaje de personas no supera el 60% del ingreso mediano que recibe una familia estándar. En relación al riesgo de pobreza –aunque ha descendido desde 2016 dos puntos porcentuales– todavía un 8,8% de la población española sufre pobreza monetaria y material, según datos recogidos en el informe sobre bienestar económico y material del Observatorio Social de La Caixa.
El estudio pone el foco sobre algunas de las necesidades sociales de los hogares españoles y, para ello, el organismo identifica tres retos o dimensiones que dibujan el escenario ideal de las familias: una fuente suficiente de ingresos para alcanzar un nivel de vida digno, el mantenimiento continuado en el tiempo del equilibrio económico –para evitar el endeudamiento– y evitar la pobreza severa.
El informe parte de una situación poco alentadora. Según datos de 2017, un 32,6% de la población española se encuentra en situación de vulnerabilidad económica, es decir, la renta familiar no supera el 60% del ingreso mediano y esta es bastante inferior a los que recibe una familia estándar. Para reducir este desequilibrio, el informe apunta directamente a la creación de empleo y a “una mayor eficacia de políticas redistributivas”, lo cual permitiría aumentar la cobertura de las prestaciones a grupos “poco protegidos”, como los hogares con niños.
Otro de los puntos que analiza el autor del estudio, Luis Ayala, es el riesgo de endeudamiento de las familias. Casi un 30% de la población vive en hogares que para hacer frente a sus gastos emplean ahorros o piden dinero prestado, recoge el informe. Un hecho que contribuye a reducir el bienestar y “ocasiona grandes problemas de inseguridad y estrés económico”. Con respecto a la evolución de la pobreza, en 2017, un 8,8% de la población sufría pobreza material y monetaria. El siguiente gráfico muestra las carencias materiales de las familias españolas en el año 2017.
Niveles de carencia material en España en 2017
A pesar de que se han realizado investigaciones sobre los efectos de las políticas públicas “encaminadas a mejorar las condiciones de vida” de las familias en riesgo de pobreza, todavía no hay información clara sobre el impacto real de estas medidas de inclusión social, tal y como recoge el estudio de La Caixa. El autor sugiere en este punto analizar el gasto destinado a políticas específicas con la intención de medir el efecto directo de estos programas de gasto sobre la reducción de la pobreza.
En primer lugar, el gasto en prestaciones no se ha mantenido estable. La evolución está marcada “por la naturaleza cíclica de muchas prestaciones, cuyo número de beneficiarios crece cuando la economía se contrae, y se reduce en las fases expansivas”, según el informe.
Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el gasto en el conjunto de prestaciones del sistema de garantía de ingresos pasó del 1,8% del PIB en 1997 al 1,1% diez años después. Tal y como recoge el estudio de La Caixa, en 2010, en plena crisis, este gasto registró un ascenso alcanzando el 2% del PIB en ese año y manteniendo la cifra hasta que el crecimiento económico volvió a recuperarse. Este hecho supuso un nuevo descenso hasta el 1,8% del PIB en 2015.
Para vislumbrar en qué medida las políticas públicas satisfacen las necesidades de las familias, el autor compara la “adecuación de las prestaciones con los umbrales de pobreza para cada tipo de hogar”.
¿Cómo averiguamos la capacidad de las prestaciones monetarias para reducir la pobreza? En este punto, el informe sostiene que el procedimiento más habitual para cuantificar este efecto es “comparar los indicadores de incidencia de la pobreza (basados en la renta disponible de los hogares) con los valores que mostrarían esos mismos indicadores si no se cobraran prestaciones sociales”. La UE utiliza este indicador para monitorizar los avances en los objetivos de desarrollo social.
El estudio señala que la capacidad de las prestaciones para reducir la pobreza es limitada aunque aumentó durante el período de crisis –no por una subida de las cuantías de las mismas sino por una caída general de las rentas– lo que implicó que este sistema tuviera una mayor incidencia en los hogares españoles.
El organismo concluye que “en más de uno de cada cinco ciudadanos, la renta disponible del hogar está por debajo del umbral de riesgo de pobreza”, como consecuencia de la crisis, que además desencadenó un aumento de hogares sin fuentes regulares de ingresos por “el progresivo agotamiento de las prestaciones por desempleo”.
