Los inspectores de Seguros, un cuerpo superior de funcionarios del Estado, han denunciado en una carta abierta al ministro de Economía la falta de medios del órgano supervisor para controlar a las aseguradoras. Los inspectores, agrupados en la asociación Apise, han dado el paso de denunciar su falta de medios públicamente después de conocer el Anteproyecto de la nueva ley de Supervisión y Solvencia del sector asegurador que busca trasponer una directiva europea. El pasado 6 de mayo, el ministerio comunicó en una Junta Consultiva (el equivalente a una audiencia pública) el texto del anteproyecto que se ajusta a un nuevo marco de supervisión en el sector asegurador que ha recibido el nombre de Solvencia II.
La presidenta de la asociación de inspectores de Seguros, Eva Lidón, expresa su preocupación por la “gravedad” de la situación, tal y como viene recogida en la carta que han remitido a Luis de Guindos. La falta de medios, asegura Lidón, dificulta que los inspectores de Seguros puedan desarrollar técnicamente la puesta a punto de la nueva regulación, que debe estar operativa para el 1 de enero de 2016 y requiere de trabajo anterior. La nueva supervisión requiere de más efectivos ya que, por ejemplo, da vía libre a las aseguradoras para ampliar su abanico de inversiones lo cual exige más medios para controlarlas.
Las aseguradoras son parte del sistema financiero y antes del estallido de la burbuja actuaban como auténticos brókers en muchos países del mundo. Uno de los mayores rescates que tuvo que acometer Estados Unidos en la burbuja fue la del gigante asegurador AIG. Estados Unidos tuvo que inyectar 60.000 millones de euros a la aseguradora, el equivalente a los que se inyectó inicialmente para rescatar a toda la banca española. La entidad había invertido en complicados productos derivados y reasegurado operaciones que resultaron fallidas durante la crisis.
El rescate fue un despertador sobre la deficiente regulación sobre las aseguradoras, que tienen enormes balances con los que invierten en múltiples productos. En muchos países gestionan fondos de pensiones y fondos de sanidad. Por eso se han puesto los mimbres para un cambio regulatorio que sigue a los que han tenido lugar en el sector bancario y que se han llamado Basilea II. “El sector asegurador siempre va un paso por detrás del financiero”, recuerda Lidón.
Los inspectores ponen de relevancia que en el sector asegurador se gestionan 300.000 millones de euros, por lo que un rescate similar al del sector financiero (que supuso un 5% de los depósitos), supondría tener que inyectar 15.000 millones de euros.
La carta que envían los inspectores de Seguros recuerda a la que enviaron en su día los inspectores del Banco de España para alertar sobre las deficiencias que se estaban llevando a cabo en materia de supervisión. La carta vio la luz en los medios muchos años después pero dio buena cuenta de las dificultades con los que los inspectores desarrollaban su trabajo.
Ahora es el turno de los inspectores de Seguros, que recuerdan que “a diferencia de nuestros homólogos europeos y nacionales, cuyas autoridades competentes han adoptado en los últimos años decisiones estratégicas tanto en lo relativo a la estructura de su supervisión, como en la dotación de medios adecuados para una nueva supervisión prospectiva e integral, las autoridades españolas no han adoptado hasta la fecha ni una sola medida estructural”. Entre otras cuestiones, desde el cuerpo de inspectores recuerdan que están en una situación “anómala” ya que las entidades supervisoras de seguros son organismos autónomos, como el Banco de España y la CNMV. En 2008, el ministro del momento, Pedro Solbes, anunció la fusión de los organismos supervisores en una ambiciosa reforma del sector financiero que quedó truncada con la crisis financiera.
Desde entonces, no se ha vuelto a actuar en la reforma del sector asegurador, cuya supervisión depende de la Dirección General de Seguros (DGS) que está adscrita al ministerio de Economía. “Esto nos resta independencia”, puntualiza la presidenta de los inspectores. Desde el ministerio han declinado pronunciarse ante las reinvindicaciones de estos funcionarios.
Los funcionarios recuerdan que las doce plazas de oferta de empleo público que se han abierto para inspectores de Seguros, no estarán efectivas hasta dentro de tres años y que no se está haciendo un plan director ni estratégico. “Esta dejación de funciones por parte del Ministerio de Economía y Competitividad no puede ampararse en necesidades o limitaciones presupuestarias, porque existen instrumentos y medidas para paliar estas deficiencias que carecen de coste presupuestario y que sólo requieren un ejercicio de voluntad política para ponerlas en marcha”, aseguran en la carta remitida a De Guindos.
Los funcionarios se amparan además en un reciente informe de la Comisión Europea en el que se pide que se doten de los recursos adecuados a Seguros así como a la CNMV y al ICAC (el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas) para cumplir sus nuevas funciones. En el informe se reconoce que la amplitud y variedad de sus funciones puede haber dado lugar a situaciones en los que se hayan quedado “cortos de personal”.