Las “irrisorias” multas de Competencia a las eléctricas: 10 sanciones en un año que suponen un 0,003% de su facturación

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto en el último año a las tres grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Naturgy) diez sanciones por incumplir la normativa sectorial de la electricidad y el gas que, en conjunto, suman (incluyendo reducciones de multa por pronto pago), 1.620.000 euros, un 0,003% de los casi 44.000 millones que facturaron por todos sus negocios estas tres empresas en España en 2018.

Ese importe (del que 1,2 millones han correspondido a Naturgy, 396.000 euros a Endesa y 24.000 a Iberdrola) es el castigo por conductas prohibidas como cambiar de suministrador sin consentimiento de los usuarios o recomendar a miles de clientes pasarse a una tarifa de gas sin informarles de que es más cara. El cálculo viene a dar argumentos a quienes consideran que las sanciones que impone el ‘súperregulador’, creado por el Gobierno del PP en 2013, no son disuasorias. O, incluso, que son irrisorias.

“Cuando no se anulan, las multas son irrisorias a veces porque se imponen por el área de regulación, con una normativa mucho más benévola para los lobbies”, escribía Luis Garicano en un durísimo artículo contra el organismo publicado en El País en febrero pasado.

El responsable de Economía de Ciudadanos citaba el caso de una serie de sanciones impuestas a Endesa: “La multa, 30.000 euros en cada uno de los cuatro casos implicados, es tan irrisoria que incita a seguir engañando a los clientes. Si se hubiera multado a Endesa por abuso de posición de dominio (que es lo que estaba haciendo) podría haber tenido que pagar el 10% de su cifra de negocio”.

La última sanción a una de las tres grandes del sector se anunció el viernes y es la única que ha penalizado una infracción “grave”. Se impuso a Naturgy (la antigua Gas Natural) el 28 de febrero tras comprobar la CNMC, previa denuncia de la asociación de consumidores Facua, que la compañía había recomendado cambiar de tarifa de gas a 48.700 clientes que estaban en el mercado libre con un precio referenciado a la tarifa regulada de último recurso (TUR) sin informarles de un pequeño detalle: el cambio escondía una subida de sus facturas de entre el 8 y el 14%.

Competencia ha impuesto a la energética una sanción de 1,2 millones por una infracción “grave” de la Ley de Hidrocarburos, que establece una multa máxima de hasta 6 millones por esta tipología de conducta infractora. Naturgy anunció el viernes que recurrirá la decisión por entender que “no está justificada y es injusta”.

La Ley de Defensa de la Competencia de 2007 establece, con carácter general, castigos que pueden ser más duros que si los expedientes se tramitan por infracciones de la normativa sectorial de electricidad o el gas, ya que las sanciones se calculan como un porcentaje del volumen de ventas afectado por la infracción cometida, en función del daño causado.

Precedentes lejanos

Aunque lejanos en el tiempo, hay precedentes de sanciones al sector por esta vía, como la multa de 10,6 millones que impuso en 2012 a Iberdrola la extinta Comisión Nacional de la Competencia (CNC) por traspasar a cerca de 300.000 clientes desde su comercializadora regulada (con precios más baratos) al mercado libre sin su consentimiento expreso; o los 5,4 millones que le cayeron ese año a Endesa por una conducta similar.

El problema es que esas resoluciones en ocasiones luego han sido tumbadas o corregidas por los tribunales: en el caso de esa multa a Iberdrola, el Supremo la redujo a la mitad en febrero de 2017, y la de Endesa la anuló unos meses después. Para poder atar esos expedientes y cubrirse ante los poderosos servicios jurídicos de las eléctricas, la Dirección de Competencia del organismo, que actualmente dirige Beatriz de Guindos (sobrina de Luis de Guindos), necesita armar muchos casos que vayan en la misma dirección. Y eso no es fácil.

El objetivo es blindarse y evitar situaciones embarazosas como esas, o la anulación de la histórica sanción de 61 millones que impuso la CNC en 2011 a las cinco grandes del sector y a su patronal de entonces, Unesa. La multa fue tumbada por la Audiencia Nacional en 2015 por un defecto formal: la inspección a las oficinas de Unesa que permitió armar el expediente fue declarada ilegal por el Supremo.

En el caso de que los expedientes se tramiten a través de la Dirección de Energía, las multas que impone la Sala de Regulación de la CNMC se calculan con los umbrales que fija la normativa. Para las infracciones más graves son de un máximo de 60 millones en el caso de la Ley del Sector Eléctrico (LSE) y de hasta 30 millones si se aplica la de Hidrocarburos.

Esta sala, a la que pertenece desde 2017 Mariano Bacigalupo, marido de la ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, es la que tiene pendiente de resolver el expediente abierto a Naturgy y Endesa por la subida de precios que supuestamente orquestaron ambas empresas en plena ola de frío, en enero de 2017.

También es esta sala la que impuso a finales de 2015 una de las mayores multas al sector de los últimos años: los 25 millones con los que sancionó a Iberdrola por una infracción “muy grave” de la LSE por manipular el precio de la luz a finales de 2013, una práctica con la que, según la propia comisión, la eléctrica logró un beneficio de 21,5 millones. El caso acabó en denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra la eléctrica, que tiene abierta una investigación penal en la Audiencia Nacional.

“La CNMC lleva más de cinco años sin aplicar la Ley de Defensa de la Competencia al sector eléctrico”, resumía en febrero pasado en su cuenta de Twitter, el economista Mateo Silos, exsubdirector de Análisis Económico del Área de Competencia de la CNMC, tras anunciarse lo que él calificaba de nueva “multita” a Endesa. Despedido a finales de 2017 y actualmente enrolado en el regulador del agua del Reino Unido, Silos es extremadamente crítico con el presidente del organismo, José María Marín Quemada.

Endesa es, con amplia diferencia, la eléctrica que más “multitas” acumula en el goteo de sanciones que ha venido anunciando la CNMC en el último año, que muy probablemente va a continuar: ocho expedientes sancionadores por los que la eléctrica que todavía preside Borja Prado ha pagado el 0,002% de los 17.686 millones que facturó el año pasado.

En cuatro de esos casos, los importes de las multas anunciadas por la CNMC para Endesa (entre 20.000 y 30.000 euros) han sido en realidad inferiores, porque la empresa ha reconocido su responsabilidad y no ha recurrido, lo que implica un descuento del 20%.

Para el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, esta sucesión de “micromultas” al sector son la punta del iceberg del “fraude masivo” que, en su opinión, han realizado las eléctricas en los últimos años a través de comerciales subcontratados con el denominado puerta a puerta, práctica que es ilegal desde octubre pasado. “Cuando el Gobierno aprobó en octubre la norma que prohíbe el puerta a puerta, da por buena la tesis que siempre hemos manejado: que esos comerciales iban a engañar”, dice.

En opinión del portavoz de Facua, “da igual” que se haya prohibido la agresiva práctica comercial del puerta a puerta, porque el daño ya está hecho: la mayoría de los clientes del mercado eléctrico ya han abandonado la tarifa regulada (PVPC), la más barata, para pasarse al mercado libre. Entretanto, la CNMC ha reforzado recientemente el control de los teleoperadores de las eléctricas a través de acciones de mistery shopping para detectar posibles abusos, tras constatar que estaban utilizando este canal comercial para incitar a contratar las tarifas más caras.