No es la primera vez que ocurre. Una medida largamente esperada, cuya importancia se subraya durante años como crítica por unos y otros, acaba finalmente, tras mucho esfuerzo y no pocas tribulaciones, materializada de forma triunfal dentro de un proyecto legal. La decepción viene después, cuando resulta que su aplicación práctica está lejos de responder a las elevadas expectativas y termina revelándose como insustancial.
Algo así es lo que ha ocurrido con el célebre IVA de caja, aquel régimen fiscal especial que el Gobierno aprobó contra viento y marea a finales de 2013 para ‘salvar’ a pymes y autónomos de la ingrata obligación de tener que adelantar a Hacienda el IVA de facturas cuyo importe aún no habían cobrado y proporcionarles, de paso, un alivio fiscal a su apurada situación financiera.
Las estimaciones realizadas por organizaciones como la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos avalaban en un principio el compromiso gubernamental. Según sus cálculos, sólo en el segmento de autónomos, sin contar las pyme, el impacto de asumir el coste del IVA aún no habiendo cobrado la factura generaba un coste estimado de 1.900 millones de euros.
Bajo esta premisa, el Ministerio de Hacienda estimó en su momento, cuando la medida figuraba como mascarón de proa de su proyecto de Ley de Apoyo a los Emprendedores, en 2,3 millones el universo potencial de beneficiarios del llamado IVA de caja y en 983 millones de euros el coste para las arcas públicas –ahorro para las empresas- que tendría la activación de la medida en el ejercicio de 2014.
Su aplicación práctica ha resultado ser mucho menos relevante. Según el Informe de Recaudación de la Agencia Tributaria correspondiente al mes de junio, que recoge cifras correspondientes al primer pago trimestral del IVA, el coste para las arcas públicas de la medida una vez consumido el ecuador del ejercicio asciende a 32 millones de euros.
El Ministerio de Hacienda reconoce que el número de contribuyentes que se han acogido a este régimen especial de caja ni siquiera llega a 22.000, lo que supone menos de un 1% del universo potencial de beneficiarios definido por el departamento que dirige Cristóbal Montoro. Un resultado muy pobre para una iniciativa que estaba llamada a ser una de las principales palancas normativas para resolver los problemas financieras de autónomos y pequeñas y medianas empresas.
Bueno para el déficit
Bueno para el déficitUn fiasco de la política económica que, sin embargo, tiene un reverso favorable desde el punto de vista de la sostenibilidad de las cuentas públicas. A la espera de las cifras que arroje el próximo pago trimestral de IVA, que se conocerán a finales de este mes, si el comportamiento de esta variable evoluciona de forma estable –como cabría esperar dado que el 31 de marzo se cerró el plazo para acogerse a este sistema-, el coste de esta medida para el Gobierno apenas superaría los 100 millones de euros, lo que ‘liberaría’ cerca de 900 millones de euros que Hacienda daba por ‘perdidos’ en sus estimaciones iniciales y en sus cálculos presupuestarios.
Estamos hablando de cerca de una décima porcentual de déficit público, que se ajustaría de forma natural por la reducción de costes asociados a este incentivo fiscal o, de otro modo, de que más de una décima parte del ajuste necesario para llegar desde el 6,62% al 5,8% que corresponde hacer este año se habría cubierto ya gracias al fracaso del Régimen de Caja en el IVA.
Unos ingresos extra que no le vendrán nada mal a unas arcas públicas que no terminan de estar bien alimentadas. El diario Cinco Días revelaba hace poco más de una semana que las medidas fiscales aprobadas por el Ejecutivo entre 2012 y 2013 para lograr reducir el déficit público recaudaron 9.000 millones de euros menos de lo inicialmente estimado, lo que habla bien a las claras del grave problema de ingresos con el que tiene que lidiar la Hacienda Pública.
Razones para un fracaso
Razones para un fracaso¿Por qué no ha funcionado el Régimen de Caja en el IVA? No faltan explicaciones para el fiasco. La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), una de las organizaciones que más activas se mostraron en la demanda de este régimen fiscal desde el año 2010, ha atribuido la escasez de adhesiones al sistema a las amenazas de las grandes empresas de no contratar con los proveedores que operaran bajo este régimen.
El motivo es que, en efecto, el régimen de caja permite a las empresas que han prestado el servicio no ingresar en Hacienda el IVA de las operaciones que no hayan cobrado de manera efectiva, pero por la misma razón priva a las empresas que lo han recibido de la posibilidad de deducirse el impuesto, una operación bastante común en la gestión financiera de las empresas de mayor tamaño y que les reporta importantes beneficios.
Al escaso interés de las grandes empresas por contratar proveedores en ese régimen hay que añadir las complejidades de gestión que la asunción del régimen especial implicaba. Había que actualizar los programas informáticos de llevanza de la contabilidad, llevar una suerte de doble registro tributario en los libros porque Hacienda pedía registrar por separado las facturas cobradas en tiempo y forma y las pendientes de tramitación fiscal por una demora en el pago. Además, en estas últimas había que consignar, por un parte, la fecha de emisión de la factura y, por otra, la de cobro, especificando además que la operación estaba sujeta al régimen de caja, un buen lío de papeleo, en suma.
Nada, por otra parte, que no hubieran advertido expertos, fiscalistas o asesores fiscales desde el momento mismo en que el Gobierno manifestó su intención de poner en marcha el régimen, del mismo que había sucedido con resultados dispares en otros países europeos como Alemania, Reino Unido o Francia.