La jubilación anticipada se desincentiva, pero se alivia su endurecimiento: las claves que acercan el pacto en pensiones

Carrera final para alcanzar un acuerdo en el primer bloque de la reforma de pensiones. Aún “no está cerrado”, destacan desde los distintos frentes del diálogo social, con varios “flecos” todavía por cerrar, según reconocen en el Ministerio de la Seguridad Social. Pero el pacto está muy cerca, con el grueso de las medidas ya pactadas a falta de su redacción final, como ha explicado en varias intervenciones el ministro responsable de la reforma, José Luis Escrivá. Previsiblemente, se cerrará en cuestión de “días”, aunque no se cree que esté listo siquiera para el próximo Consejo de Ministros.

Fuentes de la CEOE confían en salvar las últimas diferencias muy pronto, pero insisten en que “la filtración” de este viernes dando por hecho el acuerdo a El País ha enfadado mucho en las patronales. “No hay todavía acuerdo y decir que sí supone un retroceso, una pérdida de confianza en la mesa”. No obstante, los empresarios esperan que la negociación del texto legal, “muy compleja”, termine con buen pie.

Se afronta así la recta final de un camino de negociación muy dura, del que las patronales llegaron a descolgarse en algún momento. En estos últimos días, las tres partes del diálogo social pretenden consensuar un texto legal común al que se ha llegado tras incluir varias garantías que demandaban desde sindicatos y patronales, sobre todo en lo referido a la jubilación anticipada y a los ingresos del sistema de la Seguridad Social.

¿Qué se aborda en este primer paquete de la reforma de pensiones? Más de lo inicialmente previsto por el Ministerio. Se añaden varias cuestiones a la derogación del IRP de la reforma del PP de 2013 –es decir, las subidas anuales de las pensiones del 0,25%–, que se sustituye por el nuevo mecanismo de revalorización según el IPC como recomendó el Pacto de Toledo, y a los incentivos y desincentivos para atrasar la edad efectiva de jubilación.

Entre los añadidos más destacados, todavía por concretar cómo se plasmará, se incluye la derogación del factor de sostenibilidad del PP de 2013, lo que deja por tanto anulados los dos elementos clave de la legislación de Mariano Rajoy en materia de pensiones, aprobadas de manera unilateral y que el propio PP acabo revirtiendo parcialmente en un clima de multitudinarias manifestaciones. Existe el compromiso de que en el plazo de un año se negociará el mecanismo de equidad intergeneracional que el Gobierno ha comprometido a Bruselas, pero eso forma parte de los siguientes bloques de la reforma. Este punto aún está en discusión porque los sindicatos reclaman que la derogación sea efectiva ya en el primer paquete de la reforma, mientras que la Seguridad Social aboga por hacerla efectiva en el siguiente bloque de medidas.

Además, se recupera en este primer paquete la cláusula de salvaguarda de las pensiones de la reforma de 2011, sin que tenga que ampliarse año a año como en los pasados ejercicios, y se añade el compromiso de cotización de todos los becarios (incluso los que no cobran) en un plazo de tres meses. Eso sí, con ayudas a las empresas en forma de bonificaciones, al menos, de inicio. También se adquiere el compromiso de equiparar las condiciones de las pensiones de viudedad de las parejas de hecho a las de los matrimonios en un plazo de seis meses.

La jubilación anticipada y los trabajadores con pensión máxima

Uno de los focos que más ha concentrado la negociación ha sido la jubilación anticipada, que el Gobierno pretende desincentivar. Escrivá ha defendido su intención de retrasar la salida prematura de los trabajadores, penalizando más los dos primeros meses en los que se puede acceder a la jubilación anticipada voluntaria y mejorando el resto, pero también anunció que quería endurecer el retiro anticipado de los trabajadores con mayores salarios y derecho a la pensión máxima.

El ministro ha defendido que el actual sistema de penalizaciones es “injusto” y “regresivo”, al penalizar menos la salida anticipada de los empleados con remuneración más alta. En la actualidad se genera la siguiente situación: a un trabajador con un salario muy elevado –que va a percibir en un futuro la pensión máxima– retirarse de manera prematura le supone una penalización alrededor del “2%” anual. Por otro lado, a un trabajador con una pensión media, por ejemplo, retirarse anticipadamente le ocasiona un recorte anual del 8%.

¿Por qué? Porque en la actualidad, los coeficientes reductores se aplican sobre la base reguladora de la pensión y hay un margen amplio entre la base máxima de cotización (4.070 euros al mes en el Régimen General) y la pensión máxima (2.707,49 euros al mes en 2021). Así, las personas con salarios bastante por encima de la pensión máxima, cuando aplican estos coeficientes reductores a su base, acaban jubilándose en la práctica de manera anticipada con un recorte en la pensión más limitado. “Del 2%” en lugar del 8% anual que se aplica al resto, ha cifrado Escrivá en numerosas ocasiones.

El ministro pretendía así aplicar el coeficiente reductor de la pensión sobre la cuantía de la pensión, en lugar de sobre la base reguladora, para garantizar que se aplica el mismo porcentaje a todo el mundo.

Los sindicatos y las patronales rechazaban este enfoque de Escrivá y recordaban que a los trabajadores con salarios altos ya se les aplica una penalización al estar “topada” la pensión máxima. De manera que han aportado más al sistema de lo que después reciben como pensión, parte de la filosofía del sistema de solidaridad, pero pedían que se tuviera en cuenta esta consideración.

Finalmente, las partes han llegado a un acuerdo –que se tiene que concretar en el texto legal aún– con varias garantías para los trabajadores con estos salarios altos. Se acepta que se equipare esta penalización, pero progresivamente a lo largo de la próxima década y –muy importante– solo una vez que se incremente la pensión máxima. Es decir, que para que se aplique esta mayor penalización, también deberá subir la pensión máxima sobre la que aplicarlo (y la base máxima de cotización). El resultado final, explican fuentes del diálogo social, es igualar la penalización de salida entre los trabajadores, pero sin que pierdan más los empleados que tengan derecho a la pensión máxima, teniendo en cuenta sus aportaciones al sistema.

Mayor acceso a la jubilación anticipada involuntaria

Además, las partes han coincidido finalmente en ampliar las personas con derecho a la jubilación anticipada involuntaria, a las que se les aplicará unos coeficientes reductores que serán iguales o algo más ventajosos respecto a la legislación actual, indican desde el diálogo social.

Por último, para las personas que resulten despedidas en este año, no se aplicarán las nuevas reglas de jubilación. Se trata de una nueva cláusula de salvaguarda de las pensiones, pensada sobre todo para dar tranquilidad a las personas que sean despedidas al final de su carrera en este año de crisis por la pandemia y que cuenten con poco margen para planificar su jubilación. Esta se está todavía ultimando, sobre todo en lo referido a las personas afectadas por ERE.

En resumidas cuentas, con las garantías alcanzadas y los desincentivos que ya quedan sobre la mesa, las penalizaciones no aumentan tanto como pretendía el ministro en un inicio. Para el común de los trabajadores que no vaya a percibir la pensión máxima, se endurecen los coeficientes reductores en los dos primeros meses (24 y 23) para acceder a la jubilación anticipada, pero se rebajan incluso a partir del mes 22. La intención es retrasar aunque sea dos meses esta salida prematura, que según la Seguridad Social tiene efectos en términos agregados. Por último, sobre los trabajadores con derecho a la pensión máxima, las penalizaciones más altas deberán acompasarse al aumento de la pensión máxima.

Por otro lado, para contribuir en este retraso de la edad efectiva de jubilación, se ha consensuado el mayor premio al retiro demorado (más allá de la edad legal de jubilación), así como la restricción de la jubilación forzosa.

Más ingresos para pagar las pensiones

Otra de las claves de la negociación ha pasado por aumentar los recursos de la Seguridad Social para sufragar las pensiones en los próximos años. El Gobierno ha insistido en que el gasto de pensiones en España no es tan excesivo en comparación con otros países europeos, con datos que no llegan al 12% del PIB en nuestro caso y cifras que alcanzan el 14% y 16%, en Francia e Italia, respectivamente. La cuestión es cómo se equilibran los ingresos para atender este gasto.

En este capítulo destacan los compromisos alcanzados, estables en el tiempo, en cuanto a la llamada “separación de fuentes”. En 2021 ya se traspasaron casi 14.000 millones de euros que pagaban la Seguridad Social en gastos que no eran contributivos y que han pasado a sufragarse con impuestos en lugar de con cotizaciones sociales. Ese traspaso se mantendrá en los próximos años. Además, se sumarán otros gastos, por ejemplo de ayudas a la cotización a las empresas, que se pagarán a cargo de los Presupuestos y no de las arcas de la Seguridad Social.

Por otro lado, se garantizarán traspasos anuales de los Presupuestos Generales del Estado a la Seguridad Social para pagar las pensiones, lo que se prevé que permita afrontar el gasto en esta protección social incluso en los momentos más críticos para el sistema, con la jubilación de la generación del baby boom. Este apoyo de los Presupuestos, si se suma el montante correspondiente a la separación de fuentes, supondrá unos 21.000 millones de euros al año.

El refuerzo de la financiación también se sostendrá con cotizaciones sociales. Este primer paquete no las recoge, solo menciona una de ellas: la cotización de los autónomos en función de los ingresos reales. Aunque no se desglosan los tramos por el momento, que iban de 90 a los 1.200 euros al mes en la propuesta inicial del Ministerio, sí se plasma que esta transformación gradual tendrá lugar. La intención es aplicarla a partir de 2023.

Para más adelante queda el debate sobre el aumento de las bases máximas, un tema espinoso para la patronal y que se abordará más adelante. El resultado, que se prevé plasmar en los próximos días, pasa por un acuerdo que incentiva la jubilación más tardía, pero más basado en premiar el retraso que en penalizar más las salidas.