El número tres del PP, el presidente ‘popular’ en Zamora, el que fuera además presidente de la Diputación de Zamora, el actual alcalde de Casaseca de las Chanas (municipio zamorano de 400 habitantes), y exmiembro del Consejo de Administración de Caja España, Fernando Martínez Maíllo, está pendiente de que la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de León fije otra fecha para declarar como imputado por el ‘caso Caja España’. Este juzgado investiga la concesión de créditos al expresidente de esta entidad, el empresario de la construcción de León Santos Llamas, y que llevó a la jueza a imputar a los 15 miembros del Consejo de Administración de Caja España al entender que pudieran tener alguna responsabilidad en la concesión de esos créditos. Santos Llamas terminó siendo presidente de la entidad financiera entre 2006 y 2010.
Según fuentes judiciales, el pasado día 5 de junio, la jueza dictó una providencia en la que daba un plazo de cinco días para “manifestar si interesa la práctica de alguna diligencia con carácter previo a la declaración de los imputados”. Y añadía una lista de nombres, en la que figuraba Martínez Maíllo.
Las mismas fuentes destacan que la declaración estaba prevista para el pasado día 19, aunque por problemas “de forma en la citación” de los peritos del Banco de España se decidió posponer la declaración “de los imputados”. Pero sin que se modificara la condición de las comparecencias, según las citadas fuentes.
Izquierda Unida de Castilla y León y Ecologistas en Acción denunciaron los préstamos que Caja España y Caja Duero –antes de fusionarse- dieron a las empresas de la construcción de Santos Llamas, como Construcciones Carriegos, Construcciones Llamas Gil y Sotaban.
Según la denuncia que presentaron IU y el colectivo ecologista, Construcciones Carriegos recibió en 2008 tres préstamos de Caja España por 14 millones de euros. Y otro más por parte de Caja Duero, por 8,3 millones. Esta empresa consiguió un beneficio de 2,1 millones en ese mismo año.
Por su parte, Construcciones Llamas Gil, también recibió en 2008 dos préstamos de Caja Duero por 131.500 euros y otros tres préstamos de Caja España por 5,4 millones. Y Sotaban, también en 2008, recibió 20 créditos de Caja España y Caja Duero por 21 millones de euros.
Y todos esos préstamos los recibió Santos Llamas ya como presidente de Caja España, a cuyo cargo accedió en julio de 2006 y que abandonó en 2010. Dos años después dejar el puesto, la inspección del Banco de España advirtió de esas posibles anomalías detectadas y reclamó, ya entonces, a la entidad surgida tras la fusión de Caja España y Caja Duero, Banco Ceiss, a “tomar medidas correctoras”.
En 2011, IU y Ecologistas en Acción presentaron una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la que ya apuntaban que “la actuación de los consejeros de las cajas de ahorros no sólo puede ser punible en relación a los ‘préstamos autoconcedidos’ sino por la participación decisiva y las influencias llevadas a cabo para obtener un trato favorable y muy ventajoso en relación a las condiciones laborales y sus prejubilaciones o indemnizaciones”.
Como consecuencia de todo ello, en abril de 2015, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de León dictó un auto en el que imputaba a todos los miembros del Consejo de Administración de Caja España para determinar su implicación en la concesión de esos préstamos a Santos Llamas. Entre ellos figuraba Fernando Martínez Maíllo. Es más, buscaba determinar si se produjo una administración desleal que causó un perjuicio millonario a la entidad financiera.
Y, para ello, la jueza se basaba, entre otros argumentos, en un informe del Banco de España que advirtió a Caja España, en 2006 y 2008, de los riesgos de la concentración de créditos en las empresas de Santos Llamas. Es más, el documento del supervisor denunciaba “la existencia de deficiencias en los informes de concesión de créditos y la inexistencia de informes de seguimiento de la situación de los acreditados, así como incumplimientos de los límites prudenciales y porcentajes máximos de financiación sobre los valores de tasación de las garantías establecidas por la Política de Riesgos de Caja España».
Además, otro informe del supervisor, de marzo de 2013, destacaba que Santos Llamas “no podía ser miembro de los órganos de gobierno de Caja España ni de su sucesora Ceiss”. Y otros peritos del Banco de España advirtieron que el propio Banco Ceiss también “incumplió” la ley al aprobar en enero de 2012 operaciones de refinanciación que no fueron formalizadas. Tampoco se exigió a Llamas garantías eficaces de pago, pese a su “incapacidad” de “hacer frente a los compromisos de pago”.
Como consecuencia de ello, la Fiscalía emitió un escrito en el que revelaba que estas actuaciones pudieron ocasionar a Caja España un perjuicio de 60 millones de euros.