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La Inspección de Trabajo reclama 1,3 millones de euros a una agencia de Seguros Santalucía por tener falsos autónomos

Laura Olías

17 de septiembre de 2020 10:50 h

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La Inspección de Trabajo cerca de nuevo a una agencia de Seguros Santalucía por tener falsos autónomos, como ha adelantado el sindicato CCOO. La autoridad laboral reclama a la empresa Centro Técnico de Agentes de Seguros (CTAS, SA), agencia exclusiva que vende seguros de Santalucía, un total de 1,3 millones de euros por las cotizaciones sociales impagadas a la Seguridad Social por sus trabajadores desde octubre de 2015 a enero de este año. Los vendedores de seguros trabajan bajo la condición de “colaboradores externos”, pero la Inspección concluye que son “falsos autónomos”, ya que la compañía “enmascara una relación laboral”, según ha podido comprobar elDiario.es.

CCOO ha adelantado en un comunicado el resultado de la investigación de la Inspección de Trabajo, ante la que denunció el sindicato al considerar que los “colaboradores externos” de esta agencia de Seguros Santalucía eran falsos autónomos. La autoridad laboral ha coincidido en que los trabajadores deberían ser en realidad asalariados y no autónomos, dadas sus condiciones laborales y su relación con la empresa, y ha ordenado el alta de oficio de los empleados en el Régimen General de la Seguridad Social.

La Inspección de Trabajo contactó con más 130 trabajadores de CTAS que venden seguros de Santalucía en la Comunidad de Madrid, con entrevistas a la inmensa mayoría de ellos, de las que obtuvo varias conclusiones, como que existe supervisión de la actividad de los vendedores por parte de la empresa a través de un inspector o monitor, que la compañía establece unos objetivos y que hay consecuencias por no cumplirlos, así como que los comercializadores tenían la obligación de asistir a los centros de trabajo (hasta octubre de 2019) y recibían unas retribuciones fijas más comisiones, sin elaborar facturas por sus servicios.

Todos estos y otros indicios llevan a la Inspección de Trabajo a concluir que los llamados “colaboradores externos”, que trabajan con contratos mercantiles, son en realidad “falsos autónomos”, que deberían estar contratados laboralmente como trabajadores por cuenta ajena.

Una cuestión interesante que destaca la Inspección, es que los trabajadores están controlados mediante geolocalización, a través de la tablet que proporciona la empresa a los comercializadores, que cuenta con un proceso de check-in cuando se está en el domicilio del cliente.

Santalucía se desentiende

Fuentes de Santalucía responden a elDiario.es que el acta de la Inspección de Trabajo no afecta a la multinacional, ya que recae sobre la empresa CTAS y que está “en vías de impugnación” por parte de la agencia mediadora. “Santalucía no mantiene vínculos contractuales con los colaboradores externos ni, por supuesto con los trabajadores, de las empresas de mediación que distribuye sus productos”, sostienen las mismas fuentes, que no responden sobre si la multinacional tomará alguna medida en su relación con CTAS dada las irregularidades laborales que detecta la Inspección de Trabajo.

CTAS “es una empresa totalmente independiente de Santalucía”, insisten desde la multinacional, pese a que su único servicio es comercializar los productos de Santalucía. Este medio ha intentado ponerse en contacto con CTAS, pero no lo ha logrado hasta el momento.

“Este fraude que precariza las condiciones laborales de las personas trabajadoras sustrayéndolas garantías básicas, como la aplicación del Convenio Colectivo o la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se lleva practicando en el sector asegurador desde hace muchos años”, advierten en CCOO, que recuerdan que “el pasado año la Inspección de Trabajo de Valencia ya obligó a la empresa ASNOR (agencia exclusiva de Seguros Santalucía) a formalizar contratos laborales para el personal comercial”.

El sindicato destaca que “va a seguir combatiendo activamente estas prácticas fraudulentas” que recuerda que “no surgen con la digitalización ni son fruto de nuevas realidades laborales”, como los casos más sonados de falsos autónomos en plataformas digitales de reparto como Glovo y Deliveroo, “sino de la mala fe de algunas empresas que cimentan sus beneficios sobre la base de la precariedad laboral”.