- Montoro alude a la prensa un día antes de anunciar su propósito de publicar los nombres de deudores y defraudadores: “En vez de dar tantas lecciones de ética lo que tienen que hacer es pagar religiosamente los impuestos en los plazos pertinentes”
La reforma fiscal de Francisco Fernández Ordóñez aprobada en noviembre de 1977 llevaba aparejada la publicación de las listas de contribuyentes, ordenados en función de su renta y aportación. Duró dos años, y se pudieron conocer las declaraciones de los ejercicios de 1977 y 1978, los primeros del IRPF en España.
La ley sobre medidas urgentes de reforma fiscal decía así en su artículo 48: “La Administración, dentro de los tres primeros meses del ejercicio económico siguiente a aquel en que se hubiera producido la declaración, procederá a dar publicidad a las bases declaradas y cuota ingresada por el Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas y por el Impuesto sobre Patrimonio”. El pleno de la Cámara aprobó el artículo con ningún voto en contra y 13 abstenciones.
Después de que se produjera el secuestro de Luis Suñer en enero de 1980 por parte de ETA, ya con Jaime García Añoveros al frente del Ministerio de Hacienda, el Ejecutivo de Adolfo Suárez terminó cambiando de idea y el Congreso suspendió la publicación de las listas en 1981, con la promesa de sustituirla por una de defraudadores: estamos a finales de 2012 y aún no se ha publicado por parte de ningún Gobierno. ¿Al final lo hará Cristóbal Montoro?
El argumento utilizado entonces, que ya salió durante el debate parlamentario, era que la publicación de las listas facilitaba una herramienta a los terroristas para la extorsión y secuestro de los empresarios. Eso sí, durante dos años fueron públicas dos millones de declaraciones de la renta que podían consultarse en diputaciones y ayuntamientos.
La intención del Gobierno era exponer lo que tributaban todos, “potenciar la creación del clima de sinceridad fiscal” y retrataba a las grandes fortunas del país. Por ejemplo, se conoció que los más ricos de España eran los Ruiz-Mateos, con 16.129 millones de pesetas (96,94 millones de euros), seguidos de la familia Entrecanales Ibarra (11.099 millones de pesetas, 66,71 millones de euros) y los March (10.474 millones de pesetas, 62,95 millones de euros).
Años después, en 1985, la ley tributaria vetó el acceso a este tipo de datos, que terminaron convirtiéndose en secretos. Éste es uno de los puntos fundamentales que tendrá que reformar el actual Gobierno si quiere, como anunció Montoro este jueves en el Senado, publicar la lista de morosos y defraudadores a Hacienda. No obstante, para la calificación de defraudador ha de haber una sentencia, y las sentencias son públicas.
Montoro ha lanzado esta nueva idea después de que las 31.484 declaraciones presentadas en la amnistía fiscal finalizada el 30 de noviembre aportaran una recaudación de 1.191 millones de euros, un poco menos de la mitad de lo previsto por el Gobierno (2.500 millones de euros). Según publica elconfidencial.com, 1,7 millones de morosos deben 8.348 millones de Hacienda.
Un día antes del anuncio, el miércoles, Montoro cargó contra la prensa en el Congreso: “En vez de dar tantas lecciones de ética a través de editoriales lo que tienen que hacer es pagar religiosamente los impuestos en los plazos pertinentes y colaborar de esa manera a corregir el déficit público y a financiar correctamente los servicios públicos”. Era una respuesta a un editorial de El País publicado el 8 de diciembre: “La Agencia Tributaria ha sido incapaz de reducir sustancialmente el patrimonio oculto y hacer aflorar —siquiera sea una parte— los 350.000 millones de bases imponibles fuera de control”.
Este jueves, el día siguiente de la intervención de Montoro en el Congreso, El País respondía: “Es un amago de amenaza y chantaje como forma de censura previa, bordea, si no es que cruza, la legalidad y resulta intolerablemente antidemocrático”. Y afirmaba: “Es un gravísimo desliz contra la confidencialidad debida en todo administrador público. A las reformas, debería incorporar urgentemente una que imponga a los servidores públicos dos límites infranqueables: la discreción debida a los contribuyentes sobre sus cuentas con la Administración y el no utilizar la información pública como arma contra la ciudadanía. Claro que mejor reforma y más eficaz sería aquella que culminase con el ministro Montoro fuera del Gabinete”.
Esto decía El País en junio de 1982 en relación con la supresión de las listas públicas de Hacienda: “Para que la frase publicitaria del Ministerio de Hacienda -”Declara bien, merece la pena“- no sea tomada por los ciudadanos como un sarcasmo hiriente o una broma de mal gusto no se necesita únicamente que el Gobierno restableza su anterior política de transparencia informativa, exponga de nuevo la lista de contribuyentes, persiga con firmeza la evasión fiscal en las alturas, haga salir a flote las importantes superficies de economía sumergida de agricultores, profesionales y empresarios y deje de hacer la vista gorda ante procedimientos defraudatorios que retuercen la letra de la ley para burlarse de su espíritu”.