Los ingresos derivados de actuaciones directas de prevención y lucha contra el fraude fiscal se situaron el pasado año en 14.490 millones de euros, un 1,9 % más que en 2017, según los datos publicados este miércoles por la Agencia Tributaria.
A esto se añaden 599 millones ingresados en declaraciones fuera de plazo sin requerimiento previo, un 5 % más, que son consecuencia de las actuaciones generales de la Agencia, lo que sitúa el resultado total de prevención y control del fraude tributario y aduanero en 15.089 millones, un 2 % más.
En declaraciones a algunos medios, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha mostrado su “satisfacción” por estos datos y por la puesta en marcha de una unidad de grandes contribuyentes, que ha permitido la especialización en el seguimiento “de grandes empresas que tienen entramados societarios que dificultan” conocer su realidad fiscal.
La Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes, creada en 2018 en el seno de la oficina Nacional de Investigación del Fraude, coordina el seguimiento de unos 170.000 contribuyentes y el pasado año logró ingresar 347,5 millones de euros en 494 expedientes.
De esta manera, ha señalado la ministra, se dedica “gran parte de los recursos de la Agencia” al fraude “más sofisticado” en términos de ingeniería fiscal que, además, permite aflorar cantidades de fraude “significativamente” superiores.
En ese sentido, Montero ha mostrado su intención de dedicar “mayores recursos” a esta tarea, así como a reforzar la plantilla de la Agencia Tributaria, una vez que se constituya el Gobierno.
Con respecto a las sospechas planteadas por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) sobre las declaraciones de los autónomos, Montero ha aclarado que “no hay ninguna campaña dirigida a ningún colectivo en concreto” y ha puesto “en valor el trabajo” de los trabajadores por cuenta propia.
La ministra también ha abogado por retomar la ley de lucha contra el fraude fiscal planteada por el Ejecutivo en la anterior legislatura, que preveía entre otras cuestiones prohibir las amnistías fiscales o limitar a 1.000 euros el importe de los pagos en efectivo.
De acuerdo al informe, la Agencia Tributaria realizó el pasado año 1,53 millones de actuaciones de comprobación sobre tributos internos, un 6 % más, y otras 45.000 actuaciones de investigación de carácter auxiliar.
Por su parte, la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI) finalizó 98 comprobaciones inspectoras, que dieron lugar a ajustes en la base imponible por unos 4.200 millones de euros, más del doble que el año anterior.
También ha concluido y estimado 20 acuerdos previos de valoración, que han permitido ajustar bases por más de 2.950 millones de euros.
En 2018, la Agencia Tributaria ha intensificado las comprobaciones sobre la economía digital, lo que ha permitido regularizar bases imponibles por más de 1.500 millones y cuotas por más de 400 millones, al tiempo que se aseguran bases para los próximos años por un importe de más de 500 millones de euros.
Como parte del control para aflorar la economía sumergida, el pasado año se realizaron casi 3.000 actuaciones inspectoras de ventas ocultas, con las que se regularizaron cuotas por 719 millones de euros.
A lo largo del año se realizaron 2.151 entradas y registros, de las que 1.915 correspondieron a la unidad de auditoría informática, y 31.095 actuaciones presenciales, más de la mitad de ellas para controlar el IVA.
Al cierre de 2018, la deuda pendiente ascendía a 41.628 millones de euros, un 1,7 % menos, aunque una parte importante de la que se encuentra en periodo voluntario no es exigible porque está paralizada por procesos concursales o suspendida en recursos.