Mikel Arana: “El conflicto de intereses entre fútbol y apuestas deportivas es obvio”

Mikel Arana (Ordizia, 1973) es el director general del Juego desde el pasado 5 de mayo. Aterrizó en el cargo con toda España confinada por la crisis del coronavirus y desde entonces mantiene el contacto con casi todo el personal de la Dirección General del Juego (DGOJ) de manera telemática. Él acude regularmente a su despacho, cerca de la Plaza Mayor de Madrid. Han sido semanas intensas, en las que su departamento ha dado forma a un nuevo borrador de regulación de la publicidad del juego mucho más restrictivo que el que presentó el Gobierno el pasado febrero. 

Licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco, funcionario interino e interventor de la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco, Arana completó un máster en Derechos Humanos, Democracia y Globalización por la Universitat Oberta de Catalunya y un MBA por la Universidad Carlos III de Madrid. Ex coordinador general de Ezker Batua, el referente de IU en Euskadi, tiene un perfil muchísimo más político que su antecesor, Juan Espinosa, funcionario del Ministerio de Hacienda al que había nombrado el Gobierno de Mariano Rajoy.

Atiende a eldiario.es en el Ministerio de Consumo que pilota Alberto Garzón. Es su primera entrevista desde que fue nombrado, concedida un día después del envío a Bruselas del nuevo borrador de decreto. Dice que los clubes de fútbol y los medios de comunicación tendrán tiempo para adaptarse a la pérdida de ingresos que va a suponer el cerrojazo a la publicidad de las apuestas, ahora ya sin excepciones a partir de las 20 horas como se planteó inicialmente. Cree que hay un amplio consenso social y político para sacar adelante esta regulación, casi una década después de la legalización del juego online, y confía en que el borrador podrá transitar hasta el BOE “con mucha tranquilidad”.

Este borrador es mucho más restrictivo que el que se presentó en febrero. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

En primer lugar, la alarma social, que se ha visto muy reflejada en las comparecencias del ministro en el Congreso y el Senado. El exceso de publicidad en todos los medios es algo que intuíamos, sabíamos que existía. Pero, confinados 24 horas en casa, yo creo que la ciudadanía en general ha percibido que era una auténtica exageración la cantidad de publicidad que había por todos los medios: digitales, audiovisuales, papel, de todo tipo. Eso genera una alarma social que tal vez en enero no existía. Se ha visto en las comparecencias y en el resto de instrumentos parlamentarios: muchas de las preguntas que se nos han hecho desde la oposición tenían que ver con este tema. 

En segundo lugar, los propios datos del periodo de confinamiento. Es complicado extraer datos con campos temporales tan cortos. Pero en una situación en la que todos los elementos objetivos apuntaban a que podía haber un aumento del juego, gracias al artículo 37 del decreto 11/2020, cuando desaparece la publicidad, decae el número de jugadores nuevos, con una caída del 9% hasta mayo. ¿Por qué es tan importante? Porque el principal porcentaje de nuevos jugadores es la franja de edad de 18 a 21 años. Son personas que todavía están con sus personalidades sin acabar de construir y son mucho más susceptibles de reaccionar ante la publicidad y tener consumos problemáticos. Si somos capaces de que accedan por lo menos en menor cantidad a las apuestas online, es una buena noticia. Y nos tiene que hacer pensar en la relación que existe entre publicidad y nuevos jugadores. 

Desde la DGOJ lo achacamos básicamente a dos factores: al descenso de la publicidad, no hay un input permanente, y la prohibición de los bonos de bienvenida, que son en gran parte la puerta de entrada a los nuevos jugadores. Si un operador te está poco menos que regalando dinero para que juegues, en estas edades tan, tan, tan jóvenes, lógicamente es tentador. Esos dos elementos que confluyen hacen que baje un 9% en un contexto, insisto, de confinamiento en casa, donde donde no hay otra cosa que hacer. 

Y luego, lógicamente, también ha habido un proceso muy largo de exposición pública del decreto. En esta tanda, porque es la tercera vez que un decreto de este tipo sale a consulta pública, hemos tenido 86 alegaciones diferentes y gran parte de ellas iban un poco en la misma línea: existe un problema de exceso de publicidad, vamos a controlarla, a intentar ajustarla, que es algo que nosotros también ya intuíamos. A partir de ahí es donde, hablando con unos, con otros y viendo lo que nos da de aprendizaje, durante estos meses hemos decidido continuar los trabajos con un borrador que tiene más relación, por así decirlo, o que se inspira más en el artículo 37 [del Real Decreto-Ley que prohibió la publicidad durante el estado de alarma] que en el borrador original.

¿Qué plazos prevé para que esté en vigor?

Dependemos de la Comisión Europea. Hemos solicitado el trámite de urgencia y si entienden para su informe que este trámite es procedente por causa del COVID-19 estaríamos hablando de principios de otoño para aprobar en Consejo de Ministros. Si no se nos concede el trámite de urgencia y aplica el plazo habitual, que suelen ser tres meses, estaríamos hablando de final de otoño. En cualquier caso, antes de que acabe el año.

Entrará en vigor con la temporada de fútbol ya comenzada.

Hay que distinguir tres momentos distintos del decreto: la aprobación en Consejo de Ministros; su posterior publicación y entrada en vigor; y las posibles moratorias para ajustar el mercado y las posibles pérdidas económicas que pueda haber y la posible responsabilidad patrimonial del Estado respecto a contratos que están en vigor. Queremos estudiarlo con los propios actores para ver cómo encajamos todo. Cuando se apruebe, gran parte de las medidas entrarán en vigor y habrá otras que tendrán sus moratorias, ya veremos en qué plazos temporales para ajustar. Queremos ser muy rigurosos. Es un decreto que modifica de manera sustancial la realidad del mercado de la publicidad de los operadores de juego, que en el primer trimestre del año pasado fueron 66 millones de euros, muchísimo dinero. Como gobierno nos corresponde actuar con firmeza, pero con responsabilidad. 

Loterías y la ONCE tienen un trato diferente porque no tienen ánimo de lucro

Las empresas de juego han salido en tromba diciendo que se les discrimina y hay trato de favor al juego público de Loterías y la ONCE.

No es una cuestión de trato de favor. Es un trato distinto porque son cosas distintas. Así de sencillo. Este decreto lo que hace es desarrollar una ley, la Ley del Juego, que define diferentes tratamientos para diferentes tipos de juegos y operadores. Está la reserva de ley, destinada exclusivamente a ONCE y SELAE, y el título habilitante, para los operadores con ánimo de lucro. Lo que hace es distinguir sobre la base de dos elementos: que haya o no ánimo de lucro, que yo creo que es fundamental de cara a ver cuál es el tratamiento; y que la obtención de premios sea algo diferido o instantáneo. 

A cualquiera se le puede explicar de manera muy sencilla que los problemas que pueda generar un premio diferido a efectos de consumo problemático no son los mismos que los de un premio instantáneo. Si alguien compra lotería o el cuponazo en septiembre y tiene que esperar hasta diciembre para saber si le ha tocado o no, generar un consumo problemático ahí es mucho más complicado que si no hay un tránsito temporal entre la adquisición y el premio, de manera que las compensaciones, etcétera, funcionan y pueden generar consumos problemáticos. Yo creo que la propia ley también se basa en ese elemento para hacer esa distinción entre operadores. A partir de ahí, hemos hecho eso, desarrollar la ley con las mismas distinciones que tiene la propia ley. Es así de sencillo. Por lo tanto, discriminación, ninguna. ¿Trato diferente? Claro. Es que la ley nos obliga a hacer un trato diferente. Y yo creo que la ausencia de ánimo de lucro también genera un trato diferente, incluso desde el punto de vista social. La percepción no es la misma.

¿Ha sido determinante el informe de la CNMC sobre el borrador anterior?

No destacaría un informe sobre los otros. Hay un compendio de opiniones de diferentes sectores y ámbitos, algunas incluso contradictorias entre ellas, y nos ha tocado encajar de la mejor manera el criterio del ministerio y las diferentes visiones. Sí es verdad que la CNMC hacía hincapié en el tema de la sociedad de la información, que ha tenido un desarrollo en este decreto que no tuvo en su redacción inicial y, según nos han dicho algunos operadores de juego, puede ser novedoso a nivel mundial. Estamos definiendo qué son redes sociales, qué incidencia tienen en el ámbito normativo... Estamos siendo pioneros a nivel mundial con este tema. Ha sido uno de los elementos técnicos que más nos han costado. Hemos hablado mucho con los principales proveedores de servicios, con Google, Facebook, con Bet365, no ya como operador de juego sino como elemento técnico... nos hemos esforzado mucho porque entendíamos que tal vez era un ámbito que había quedado no tan regulado como los otros. Lo que se pretende es no hacer distingos entre los diferentes tipos de niveles o equipos de comunicación: audiovisual, online, la prensa en papel...

La Real Sociedad no tiene patrocinios de ningún tipo de operador de juego y es un equipo solvente que está en Primera División

Los clubes de fútbol vienen de tres meses de parón. Algunos han tenido que pedir créditos ICO y van a sufrir una merma importante de ingresos derivados de patrocinios. ¿Han tratado esta cuestión con ellos antes de publicar el borrador nuevo?

Hemos hablado con todos los sectores afectados de una manera o de otra. Lógicamente lo que no hemos hecho es darles los detalles del decreto. Entendíamos que hasta que llegase a Europa y tuviésemos una versión que enviar a la última autoridad necesitábamos un mínimo de discreción. Pero ya sabían por dónde estaba transitando el nuevo documento y por dónde iba el Ministerio. A los clubes de fútbol les haría una pregunta: si no ven conflicto de intereses en que las casas de apuestas patrocinen competiciones deportivas. El conflicto de intereses es obvio, de la misma manera que los deportistas no pueden hacer apuestas a sus competiciones deportivas. Es tan evidente que no aguanta ni 30 segundos de discusión. 

En segundo lugar, una cosa es que no les puedan patrocinar las casas de apuestas deportivas, pero hay millones de patrocinios más. Da la sensación de que o te patrocina un operador de apuestas o básicamente vas a desaparecer. Si quieren buscar patrocinios, que busquen de otro tipo. La Liga no se llama “liga de operador de juego”. Se llama Liga Santander. Eso es un patrocinio. La Liga Iberdrola es un patrocinio. Hay clubes que no tienen en sus camisetas patrocinios de casas de apuestas. La Real Sociedad no tiene patrocinios de ningún tipo de operador de juego y es un equipo que está en Primera División y después de cómo lo pasó con sus finanzas, ahora es económicamente solvente. Por tanto, plantearlo como un blanco y negro yo creo que no tiene más sentido que el de protestar. Legítimo es, pero desde luego iría a la primera reflexión: la del conflicto de intereses que puede ver cualquiera.

¿Se ha producido un aumento del juego ilegal en mayo, como afirma la patronal del juego online Jdigital? ¿Puede producir esta regulación más restrictiva de la publicidad ese aumento, como aseguran?

Aumento de juego ilegal significativo, dentro de un orden, es algo que hemos empezado a percibir desde hace dos años aproximadamente. Pero estamos hablando de un 2-3% del mercado total online, que supone el 7% del mercado del juego. ¿Ha habido un aumento significativo en el periodo de pandemia de juego ilegal? No. Ha mantenido el aumento que venía teniendo de los períodos anteriores. La DGOJ está muy empeñada y ocupada en combatir el mercado ilegal. En el último trimestre cerramos más de cuatrocientas webs. Nos dedicamos a eso y también combatimos y sancionamos al mercado ilegal. 

Por tanto, ¿va a haber un aumento del mercado ilegal? No debería. Porque entre otras cosas, el mercado ilegal al jugador no le ofrece ninguna garantía. Si un jugador decide acudir ahí, está asumiendo un riesgo y me da la sensación de que los jugadores no quieren asumir más riesgos que los del propio juego de azar. Es importante subrayar que una web de apuestas que sea ‘puntocom’ no tiene título habilitante de juego en España. No es lo mismo que una web ‘puntoes', que normalmente tendrá título habilitante. Me da la sensación de que hay jugadores que no conocen esto: cuando tú entras en una ‘puntocom’ de juego desde España, si te tocan 300.000 euros y no te los pagan, no puedes acudir a la DGOJ, porque estás en el mercado ilegal. 

Esa amenaza de que todo lo que sea regular el mercado legal implica un aumento del juego ilegal no es real. Los datos dicen que no es real y no se sostiene. Los sectores hay que regularlos, independientemente de que puedan surgir sectores paralelos desde el punto de vista de la ilegalidad que nosotros combatimos, que la Policía combate y que al jugador no le ofrecen ninguna garantía.

¿Cómo se está comportando el mercado del juego online con la nueva normalidad y la vuelta del fútbol?

Vuelve a estar en los niveles en los que estaba el año pasado. Con respecto a mayo sí hay un aumento exponencial porque lógicamente vuelven las competiciones deportivas y demás. Pero con respecto al año pasado más o menos estamos igual, teniendo en cuenta que el juego online, que es al final el que nosotros registramos, ha tenido durante el 2019 aumentos de dos dígitos, pero ya a partir de enero sigue aumentando aunque va hacia una zona de meseta, con aumentos de un único dígito. Estamos básicamente donde estábamos en junio pasado.

Otro de los sectores directamente afectados por el decreto de publicidad es el de los medios de comunicación. En marzo hubo una asociación que hablaba de la desaparición de la prensa deportiva con el marco que se implantó durante la alarma, que se parece mucho al de este decreto. ¿Qué feedback les ha llegado?

Nosotros hemos estado también reunidos con el mundo de los medios. Nos han trasladado que efectivamente van a tener una merma de ingresos. Pero tenemos argumentos de todo tipo. Al mismo tiempo tenemos a las asociaciones de consumidores de juego rehabilitados que nos están diciendo que en la época de ausencia de publicidad, los respiros que han vivido en esas casas no se pagan con dinero. A nosotros nos corresponde intentar equilibrar las pérdidas de unos con las necesidades sociales de los otros, teniendo en cuenta, insisto, que nuestro objetivo es evitar que el juego siga siendo algo que genere consumos problemáticos. En ese sentido, puede haber una merma de ingresos. Sobre todo en un primer momento. Pero como estamos trabajando con plazos relativamente razonables, yo creo que lo que habrá que hacer también es ajustarse a la nueva normativa y a partir de ahí que los responsables de publicidad en los medios de comunicación sepan que esto va a ocurrir. Van a tener tiempo para adaptarse y que busquen otras fórmulas de financiación. Supongo que habrá, insisto, un primer momento de zozobra. También es cierto que hace diez años no había publicidad de operadores online y los medios de comunicación existían. Ya estábamos en la época de Internet, de la crisis de la prensa en papel... los cambios generan dificultades, pero luego las cosas suelen volver a su cauce.

Se ha hablado de un plan integral relativo al juego. ¿Hay un horizonte temporal? ¿Qué expectativas podemos tener al respecto?

Tenemos claro que más allá del juego online o las casas de apuestas presenciales de competencia autonómica, las loterías y el premio diferido, el juego en muchos sectores de edad se ha convertido en una alternativa de ocio. Si no la única, sí de las principales. Gente joven, ya mayor de edad, principalmente en barrios con niveles adquisitivos más bajos, con densidad de población muy alta, sin lugares de esparcimiento. Y esto es algo que ya venía ocurriendo también con el alcohol. Tenemos que ir a un plan integral de nuevos modelos de ocio, que no se vea como una actividad de socialización entre los amigos. Tratar todo lo que tiene que ver con los diferentes ámbitos que afectan al juego online o presencial. Son planes que hay que pensar en términos de legislatura, con diferentes hitos y elementos que iremos abordando.

Volviendo al decreto, en febrero se dijo que era más suave de lo anunciado inicialmente porque lo podía acabar tumbando el Constitucional. ¿Ese riesgo ha desaparecido con el consenso político que se ha visto sobre regular las casas de apuestas?

Volvemos al tema de la alarma social que genera la publicidad del juego. La inmensa mayoría de preguntas que se han hecho desde la oposición en temas de juego tienen que ver con la publicidad. Yo creo que hay un consenso muy amplio, salvo excepciones, en que esto es algo que debe regularse inspirándose en la normativa que estuvo vigente durante el estado de alarma. No sé si tendría algún tipo de problema en el ámbito constitucional, pero de tenerlo sería con respecto al ámbito competencial, respecto a las comunidades autónomas, y hemos sido absolutamente escrupulosos para no invadir competencias de nadie. No veo cuál puede ser el problema que pueda llevar este decreto al Tribunal Constitucional. Desde el punto de vista técnico la Subdirección de Regulación de la Dirección General de Juego es exquisita a estos efectos. Yo creo que es un decreto que perfectamente puede transitar por sus diferentes fases hasta el boletín con mucha tranquilidad.

Se anunció también la prohibición de las cajas de recompensa de los videojuegos o “loot-boxes”. ¿Cómo y cuándo se va a poner en marcha? 

Es otro de los elementos que tiene que ver con el plan integral y con las edades más jóvenes. Al final lo que generan las “loot boxes” es el equivalente a un juego de azar, pero con videojuegos. Quien normalmente las utiliza son menores de edad o muy poco posteriores a la mayoría de edad, de entre 14 y 20 años aproximadamente. Lo primero que tenemos que determinar con respecto a las “loot boxes” y el “skin betting” [páginas de apuestas virtuales dirigidas a menores] es su definición como juego de azar. Es algo en lo que estamos trabajando con diferentes reguladores a nivel europeo: Reino Unido, Holanda, Portugal… Entendemos que trasciende el ámbito estatal y tiene que ver más con el ámbito europeo. Seguramente la propia Unión Europea entrará en algún momento en esta cuestión. Los productores de videojuegos no se limitan a un único estado. Tenemos que estudiarlo a nivel global y a partir de ahí ya veremos cómo lo articulamos. Es mucho más sencillo desarrollar una ley que ya estaba en vigor que arrancar con una nueva. Salvo que entendamos que las loot-boxes puedan entrar en la propia ley del juego como juego de azar, que también son. Son discusiones jurídicas y técnicas en las que empeñamos muchísimo tiempo, pero que no nos permiten tampoco definir un escenario temporal. Tenemos que trabajarlo con prudencia. Es importante regular este tipo de herramientas de los videojuegos, pero hacerlo con rigor y con técnica normativa suficiente para que no tengamos, como ocurre con el decreto, ningún miedo de que una vez que se apruebe pueda acabar en el TJUE por ejemplo, con alguna directiva europea que no estamos respetando. 

Se ha planteado prohibir el uso de las tarjetas de crédito para el juego online o endeudarse como ha hecho Reino Unido.

Son cosas diferentes, el endeudamiento propiamente dicho y que se tenga que transitar necesariamente hacia un uso de tarjetas de débito y no de crédito. Lo estamos trabajando de cara al año que viene. Estamos hablando de una confluencia desde el punto de vista técnico de la DGOJ, de las entidades bancarias y de los propios operadores, con todo lo que eso supone. Es otra de esas cosas que entran en un plan integral, que no es un tocho de 250 hojas con un power point bonito que se os pone a los periodistas una tarde. Es un plan integral real de diferentes elementos que podría incluir también, por ejemplo, la interoperabilidad de los registros de jugadores excluidos de las diferentes comunidades autónomas con el central. Ahí también entra esta cuestión. Que vayamos transitando hacia límites de tarjetas que no sean de crédito, porque al final hay muchas tarjetas de crédito de hasta 3000 euros que básicamente son como un crédito preconcedido con unos intereses brutales. Es otro de los elementos que tenemos en la cabeza, como establecer un límite de depósitos por operadores. Pero llevamos seis meses de ministerio y cuatro de pandemia. Tampoco se puede esperar que hagamos todo de la noche a la mañana.