La familia real saudí zanja un pleito de 5,4 millones con Hacienda por el autoalquiler de sus palacios en Marbella
La familia real de Arabia Saudí ha zanjado este año un largo pleito con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) derivado de discrepancias sobre el importe de la renta anual satisfecha por miembros de la monarquía absolutista a una empresa española de su propiedad, dueña de inmuebles y otros activos del clan en Marbella (Málaga). Hacienda reclamaba a la empresa, que llegó a engrosar su famosa lista de morosos, al menos 5,4 millones de euros entre cuota, intereses y sanciones. La Audiencia Nacional ha rebajado la cantidad reclamada a 3,2 millones.
En sus últimas cuentas, aprobadas en junio, esa sociedad, Casa Al Riyadh SL, explica que se puso al día con Hacienda en marzo de este año, tras estimar la Audiencia Nacional en 2017 sus argumentos y anular varias resoluciones que había confirmado en julio de 2014 el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC).
La Audiencia anuló la liquidación que, tras una inspección, la AEAT practicó en noviembre de 2010 a la empresa en relación con el Impuesto de Sociedades (2004- 2007) y tumbó dos sanciones que impuso en febrero de 2011 que sumaban 2.141.731 euros, correspondientes a Sociedades (713.041 euros de multa) y al IVA de 2005 a 2008 (1.428.690 euros de sanción). Por esta última multa, la firma llegó a figurar en la primera lista de morosos a la Hacienda Pública, la de 2015.
Casa Al Riyadh SL explica en sus cuentas que “con fecha 6 de junio y 19 de octubre de 2017, respectivamente, se han recibido sentencias de la Audiencia Nacional relativas a estas reclamaciones, por las cuales se anulan ambos expedientes sancionadores y se insta a la Sociedad a satisfacer un importe total de 3.252.922 euros relativos al acuerdo de liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido”. De esa cifra, 2,1 millones corresponden a la cuota reclamada y 1,1 millones, a intereses de demora.
Sin embargo, “la deuda a pagar finalmente a la Hacienda Pública ha ascendido a 1.327.075 euros”, tras compensar lo pagado por los aplazamientos de pago de las cantidades reclamadas hasta ahora y “tras la aprobación recibida de la Hacienda Pública con fecha 11 de diciembre de 2017 y 27 de febrero de 2018”. Ese importe “ha sido satisfecho con fecha 26 de marzo de 2018”, añade.
“Autoalquiler” de hasta 4,5 millones
El litigio se basaba fundamentalmente en discrepancias respecto al “autoalquiler” (como diría el ministro de Ciencia, Pedro Duque, sobre su famosa sociedad patrimonial) que los miembros de la familia real saudí pagaban a su empresa por utilizar sus inmuebles e instalaciones en Marbella, de entre 3 y 4,5 millones anuales, dependiendo del ejercicio.
La AEAT y el TEAC consideraron que se realizó a precios “notoriamente inferiores a los normales en el mercado” con el consiguiente perjuicio para la Hacienda Pública, pero la Audiencia concluye lo contrario y cree que “se encuentra por encima del valor de mercado en la zona y respecto de inmuebles semejantes”. La Administración española no ha recurrido las resoluciones en el Tribunal Supremo. Según fuentes jurídicas, podría deberse a las restricciones que el Alto Tribunal impone desde 2016 a los recursos de casación en la jurisdicción contencioso-administrativa si cree que no afectan a materias de interés casacional objetivo para sentar jurisprudencia.
Casa Al Riyadh SL está domiciliada en un parque empresarial en La Moraleja (Alcobendas, Madrid) y comenzó sus operaciones el 31 de diciembre de 1995. “Desde el año 1996 hasta el año 2017 ha prestado servicios de alojamiento y complementarios en los inmuebles e instalaciones que posee en el Conjunto Residencial Las Lomas Marbella Club”, según sus cuentas.
La última sentencia de la Audiencia explica que, en 2006, esta sociedad era dueña de “15 villas con sus anexos”, “zona deportiva con pista de tenis, voleyball, bolera, sala de masaje y baño, gimnasio, squash, salón de peluquería, piscina cubierta y garaje para 20 vehículos”; “tres atraques en Puerto Banús” y “alrededor de 50 vehículos”.
La firma, que no ha querido comentar este asunto, tiene como administrador único al empresario español de origen sirio Mohamed Kayali, octogenario hombre de confianza de los saudíes en España, íntimo amigo de Juan Carlos I (organizó su famosa cacería en Botswana) y propietario a su vez de la firma de arquitectura Euroamykasa SA.
Gran parte de las dudas de la inspección se basaban en las desproporcionadas tarifas cobradas por los “servicios complementarios” prestados por Euroamykasa SA a Casa Al Riyadh, “con un margen comercial del 100% sobre el precio de coste, para retribuir la inmediatez y urgencia, siendo el gasto de compras por adquisición de decoración y mobiliario y gastos de reforma en los Inmuebles de Las Lomas del Marbella Club superior y, en algunos casos muy superior, a la cifra total de ingresos de Casa Al Riyadh”.
Según Hacienda, “existe una total despreocupación porque los ingresos del arrendamiento cubran ni en el corto, ni en el medio ni en el largo plazo los costes de la actividad”, porque “la finalidad de la sociedad no es esa, sino mantener debidamente atendidos a sus propietarios. Si hace falta dinero para pagar las obras a Euroamykasa SA se efectúan transferencias, normalmente en concepto de préstamo, por los socios propietarios de Casa Al Riyadh para que esta pueda pagarlas”.
Esos socios, cuya procedencia offshore “fue manifestada a la Administración con la máxima transparencia” durante la inspección, son dos sociedades de Los Papeles Panamá: Nibal Management INC (49,943%) y Potter Corporation (49,9419%). Estas firmas proporcionan sustento financiero a Casa Al Riyadh para cubrir (con préstamos “sin intereses”, según la Audiencia) sus millonarias pérdidas a través de sucesivos créditos y ampliaciones de capital, la última (de 28 millones), en noviembre pasado. La única persona física que figura como accionista de Casa Al Riyadh, con 107 acciones (0,1151%) es, según sus cuentas, el Príncipe Sultán Bin Salmán Bin Abdulaziz Al Saud, uno de los hijos del rey saudí, Salman bin Abdulaziz al Saud.
A su vez, esas dos sociedades panameñas tienen como accionista único a la luxemburguesa Shaf Corporation, controlada, según Hacienda, por ocho miembros de la familia real saudí, aunque el detalle de esas participaciones fue denegado al fisco español por las autoridades de Luxemburgo. En sus últimas cuentas (2017), presentadas el mes pasado, esta firma constituida en 1978 decía tener activos valorados en 166,4 millones.
