Monago maniobra para dejar atada la televisión extremeña en manos de empresarios afines
El todavía presidente de Extremadura, José Antonio Monago, agota sus últimos días en el cargo tras perder las elecciones autonómicas, que han dejado a su partido, el PP, como segunda fuerza de la región, por detrás del PSOE. Pero Monago quiere dejar atada la programación de la televisión pública extremeña en manos de empresarios afines.
El Gobierno en funciones tiene pendiente la adjudicación, a través del ente público regional, de un contrato para la prestación del servicio de realización y suministro de contenidos audiovisuales destinados a la programación de Canal Extremadura. Está valorado, sin contar el IVA, en 4,105 millones de euros, para un periodo de dos años, y en hasta 6,157 millones, en caso de que se prorrogara hasta los tres años.
El contrato supone más de la mitad del presupuesto de la televisión extremeña para producción ajena, lo que, según los críticos con el proceso, supone “hipotecar” su futuro para un mínimo de dos años. Y, si se compara con el presupuesto total de la tele autonómica extremeña, la cifra también es importante. Equivale a algo más de dos millones de euros por anualidad, que representan más del 8% del presupuesto anual de toda la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma), en la que está integrada la televisión pública extremeña y cuyo todavía presidente es Joaquín Paredes, de IU, que se ha quedado sin representación en el Parlamento regional tras el 24-M.
El presupuesto del ente público asciende a 24,7 millones, de los que el 96% procede de ayudas de la Junta y sólo el 4%, de ingresos propios. La televisión concentra el 65,5% del total; la radio, el 38%, y el 6% restante es para el funcionamiento general de la Corporación.
El concurso, que comprende la producción de cinco programas (un magacín diario, tres programas semanales en 'prime time' y otro semanal de información agrícola y ganadera), se convocó a finales de febrero y todavía está pendiente de adjudicarse. Fuentes oficiales de la Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña explican que la decisión “se ha demorado por razones obvias (los comicios de mayo)” y que “ahora mismo se está pendiente de la valoración técnica”, que se espera que esté lista esta misma semana. “Posteriormente”, se procederá a la apertura del sobre 3 con las proposiciones económicas.
La intención, por tanto, es adjudicar el contrato antes del cambio de Gobierno. Está previsto que Monago abandone la presidencia antes del mes de julio.
La empresa favorita para llevarse este concurso es, según fuentes del sector, Factoría Plural, la productora audiovisual del Grupo Heraldo (propietaria del diario Heraldo de Aragón), que actualmente ya se encarga de buena parte de esos programas en virtud de otro concurso que se adjudicó en abril de 2013 por más de 1,88 millones y que por ahora sigue vigente, aunque con el plazo vencido desde hace más de un mes.
Factoría Plural, que es una de las productoras más relevantes del mercado de las televisiones autonómicas, tiene contratadas a dos personas muy cercanas al bipartito formado por PP e IU que ha gobernado Extremadura en la última legislatura.
Una es Ana García, la esposa del secretario general de Comunicación del Gobierno de Extremadura, Juan Rodríguez, mano derecha de Iván Redondo, el todopoderoso director de gabinete de Monago. García trabaja como redactora del programa 'Mujeres.son'.
También trabaja para Factoría Plural el hijo de Alejandro Nogales, histórico de IU en la región. Nogales, que renunció a concurrir en las listas de IU en las pasadas elecciones, en las que su formación se ha pegado un sonoro batacazo, fue uno de los grandes valedores del pacto de esa formación con el PP para desbancar a los socialistas y permitir gobernar a Monago los últimos cuatro años. Su hijo, también llamado Alejandro Nogales, es el realizador del programa semanal 'Trastos y tesoros'.
Además, se da la circunstancia de que Factoría Plural, esto es, el grupo Heraldo, participa en la productora de ficción Isla Audiovisual, que a su vez, está participada por el empresario Juan Baena, socio en la productora One Films de la periodista Beatriz Maesso, directora general de la televisión extremeña desde octubre de 2011.
Distintos nombres, mismos empresarios
La otra maniobra de Canal Extremadura para beneficiar a empresarios afines ha consistido, según fuentes del sector, en prorrogar un contrato que también vencía el pasado 30 de abril, aunque en este caso sin mediar concurso. Para ello, se han cambiado los nombres de los programas manteniendo los mismos equipos (directores, presentadores, trabajadores) y obligando a los empleados a cambiar de empresas, aunque sus propietarios son casi siempre los mismos que hasta ahora.
La emisora pública extremeña mantiene los programas que adjudicó en 2013 mediante un lote (el 'B') del mismo concurso citado anteriormente, en este caso valorado en algo menos de 1,2 millones de euros (sin incluir IVA). El lote fue encomendado a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por tres sociedades, Exit, Cometa y Trímboli, todas ellas vinculadas al empresario audiovisual Joaquín García Garrido y a su hijo, Aitor García Merino.
Aunque el concurso ha expirado, las cosas se han quedado prácticamente igual aunque con distintos ropajes. El magacín diario de actualidad Conexión Extremadura ha pasado a llamarse Extremadura en Abierto y ahora lo produce Canal 30 (Producciones C-30, SL), de la que Aitor García es administrador solidario. Esta misma productora se encarga también del semanal en 'prime time' Reporterox, ahora rebautizado como Reporteros de Extremadura.
Por su parte, el programa semanal de actualidad taurina Extremadura Tierra de Toros ahora se llama Tierra de Toros y sí ha cambiado de manos. Lo produce Aire de Toros Producciones SL, cuyo administrador único es Juan Bazaga, hombre muy afín al PP e íntimo amigo de Juan Parejo, coordinador general de la Presidencia y Relaciones Institucionales de la Presidencia del Gobierno de Extremadura. El núcleo duro de Monago.
Preguntada por este asunto, Canal Extremadura señala, en un correo electrónico, que “no existe ninguna obligación legal de sacar los contenidos a concurso” y que, en ocasiones, “se opta por esta fórmula por considerarla más ventajosa para las productoras por ofrecer mayor oportunidades (concurrencia, abaratamiento de costes, etc)”. Sin embargo, “en esta ocasión se ha optado por reducir el tamaño del mismo eliminando el lote B”.
