La ministra Montero dice que el Gobierno “busca fórmulas” para pagar los anticipos pendientes a las autonomías
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que el Gobierno “busca fórmulas” para pagar las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y “sortear” el informe de la Abogacía del Estado, según el cual un Gobierno en funciones no puede transferir dinero a las autonomías.
En una entrevista con Onda Cero, Montero ha reconocido que el informe escrito fue solicitado la semana pasada y llegó ayer martes al Ministerio de Hacienda, pero ha dejado claro que la Abogacía del Estado mantiene desde 2016 (cuando gobernaba el PP) el criterio de que “un Gobierno en funciones no puede tomar decisiones que condicionen la actuación de un nuevo Ejecutivo”, informa Efe.
Respecto a las críticas de la oposición que han reprochado al Gobierno que se acogiese a un informe que hasta ayer no existía, Montero ha asegurado que los informes jurídicos “pueden ser verbales o escritos” y ha reiterado que “no ha habido ningún cambio” en el criterio de la Abogacía del Estado, que es “el mismo que tenía cuando gobernaba el PP”.
Montero ha explicado que se pidió a la Abogacía que expusiese su criterio por escrito y así se ha hecho. “Yo no cejo en seguir buscando soluciones que permitan atender las necesidades de la comunidades autónomas por la prolongación de la situación de no tener presupuestos y de un Ejecutivo en funciones”, ha señalado.
También ha asegurado que esta situación es consecuencia del “bloqueo” al que el PP, Cs y Podemos tienen sometido al Gobierno, y que ha impedido que se actualizasen las entregas a cuenta.
Sobre la petición del PP de que se convoque de forma urgente el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para tratar este asunto, ha reprochado a los populares que pidan a un Gobierno en funciones convocar este foro para abordar la financiación autonómica cuando “el PP ha tenido dos legislaturas para reformar el modelo, y no lo ha hecho”.
A su juicio, el PP ha olvidado su experiencia de gobierno y se sitúa en una posición en la que parece “no conocer los límites de la legalidad”, y usa “los argumentos políticos para hacer frentismo”.
7.200 millones
El informe de la Abogacía, un documento de 13 páginas cuyo contenido avanza El País este miércoles, confirma la tesis de Montero de que, en ausencia de un Gobierno constituido, el Ejecutivo en funciones no puede desbloquear los 7.200 millones de euros que el Estado debe a las Comunidades Autónomas en concepto de entregas a cuenta y ajustes del IVA de 2017.
El informe de la Abogacía ha sido enviado al Gobierno este martes, en el mismo día en que la Generalitat de Catalunya aprobaba iniciar la vía judicial para reclamar al Ejecutivo central el pago de 1.317 millones correspondientes a esos fondos, y después de que el PP pidiera la dimisión de Montero tras reconocer el Ejecutivo que todavía no había recibido ese documento de la Abogacía.
El bloqueo de esos fondos ha llevado a otras regiones como Galicia, Madrid, Murcia, Valencia o Castilla y León a reclamar también las transferencias que se les deben. De no recibir esos fondos, las autonomías, que absorben más de un tercio del gasto final total del Estado y gestionan servicios públicos como la sanidad, la educación y los servicios sociales, van a tener que realizar recortes de gasto público. Catalunya ha invitado a otras regiones a sumarse a la vía judicial que ha decidido emprender.
De esos 7.200 millones que las comunidades autónomas dejarían de recibir del Estado durante 2019 si no se formase gobierno antes de acabar el año. 4.700 millones corresponden a la recaudación por encima de lo previsto en el tramo autonómico del IRPF. Otros 2.500 millones están pendientes de la liquidación del IVA de 2017.
La ausencia de Presupuestos, primero, y después el bloqueo de la investidura, ha impedido actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, así como pagar ese ajuste del IVA de 2017 pendiente.
El PP considera que la distribución de fondos del sistema de financiación por parte del Estado tiene que ser obligatoria porque es un derecho de las autonomías, no algo “discrecional”, por lo que ha considerado “especialmente importante” conocer los argumentos de la Abogacía del Estado a los que aludía Hacienda.
