Montoro anuncia que el Gobierno publicará una lista con los mayores defraudadores a Hacienda

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado que el Gobierno estudia la manera de adaptar la normativa vigente para poder publicar una lista con los mayores defraudadores y morosos a la Hacienda Pública.

Así lo ha señalado Montoro en el Pleno del Senado durante su defensa del proyecto de ley de medidas tributarias, donde ha recordado que esto se hace en otros países de la UE como el Reino Unido o Irlanda.

El ministro ha explicado que esta medida se justifica porque la lucha contra el fraude descansa, en gran medida, en el cumplimiento voluntario y la conciencia social. “Se trata de que paguen, no se puede decir más claro y en plata”, ha dicho.

Con esta finalidad, el Gobierno estudia la precisión de “parámetros objetivos” para configurar el listado, que identificará y publicará el nombre de los mayores defraudadores o morosos con independencia de su actividad económica y condición social, ya sean personas físicas o jurídicas. “No puedo entender tanto sigilo y cautela”, ha dicho.

Una medida para luchar contra el fraude

Fuentes de Hacienda han concretado a Europa Press que el “aviso a navegantes” realizado por Montoro no es una medida improvisada y lleva un tiempo en estudio como “una iniciativa más de lucha contra el fraude”.

En estos momentos Hacienda se encuentra definiendo los parámetros para señalar solo a los “grandes” defraudadores y morosos y en una fase posterior se determinará qué normativa será necesario modificar, según las mismas fuentes.

En cualquier caso, desde Hacienda se señala que esta medida requerirá inevitablemente introducir cambios en el artículo 95 de la Ley General Tributaria en la que se indica que los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones “tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros”.

La Ley ya establece una serie de casos en los que pueden transferirse estos datos, la mayor parte referidos a la colaboración con otras instancias, como los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal, la Inspección de Trabajo o el Tribunal de Cuentas.

Mantener la confidencialidad con excepciones

Hacienda apunta que “hay que mantener el derecho de confidencialidad”, pero asegura que este precepto se podría mantener introduciendo “alguna excepción” adicional a las que ya contempla la Ley, que daría potestad para publicar dicha lista de defraudadores y morosos.

Por el momento, desde Hacienda no se ha establecido un horizonte temporal en el que aprobar los cambios necesarios en la legislación, ya que aún se están tomando ideas de otros ordenamientos jurídicos, especialmente de la legislación anglosajona, para diseñar la medida.

Esta medida se anuncia poco después de que la Agencia Tributaria comunicara la recaudación procedente de las actuaciones de lucha contra el fraude fiscal: alcanzó los 8.493 millones de euros hasta septiembre, un 18,7% más que en el mismo periodo del año anterior. De esta cantidad, 1.200 millones proceden de los obtenidos por la amnistía fiscal.

Los evasores fiscales, en el punto de mira

La idea de Montoro de publicar una lista con nombres de evasores fiscales no es nueva. Como él mismo ha señalado, hay países en los que sacar a la luz este tipo de datos está permitido. Sin embargo, hay en otros, como sería el caso de España en que la ley lo impide. No obstante, el ministro ha reconocido que el Gobierno estudiará la posibilidad de modificar la legislación para que esta medida no entre en conflicto con otras normas.

Pero los gobiernos no son los únicos que muestran interés por este tipo de listados. En octubre, el periodista griego Costas Vaxevanis publicó más de 2.000 nombres de empresarios, profesionales y algunos políticos sospechosos de evadir impuestos. La lista había sido entregada en 2010 por la directora del FMI, Christine Lagarde, cuando era ministra francesa de Hacienda, a las autoridades de Atenas e incluía los nombres de griegos con cuentas en bancos suizos.

En este caso, el autor de la publicación fue detenido y recibió la acusación de publicar documentos personales de carácter privado. Entre los nombres publicados se encontraban tres de políticos: dos exministros conservadores, uno de ellos ya fallecido, y un asesor del Gobierno de Antonis Samaras.