Octavio Granado vuelve a la primera línea de la política española como secretario de Estado de Seguridad Social, el mismo cargo que ocupó entre 2004 y 2011 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha decidido nombrar a Granado para ocupar el puesto de máximo responsable de las pensiones en un momento clave cuando se está dirimiendo la formula para diseñar el futuro de estas prestaciones públicas, según ha adelantado El País.
Granado (Burgos, 1959), licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid y profesor de enseñanza secundaria, es autor de diversas publicaciones sobre la provisión de servicios públicos en el sistema sanitario, la financiación de la sanidad, el fracaso escolar y la inserción laboral, la financiación de las Comunidades Autónomas y el sistema español de Seguridad Social.
Fue senador desde 1983 a 2001 en representación de las Cortes de Castilla y León, ocupando la Presidencia o la Portavocía del Grupo Socialista en varias Comisiones Parlamentarias: Economía, Presupuestos, Sanidad y Servicios Sociales, entre otras.
Profundo defensor de los derechos sociales, llegó a declarar que “la alternativa al Estado de bienestar es la barbarie”, cuando le preguntaron cuál sería la primera medida tomaría si fuera ministro de Economía contesto “que el superávit del Servicio Público de Empleo Estatal se convierta por ley en un recurso de las pensiones de la Seguridad Social. O que se establezca una prestación general modesta para las familias con bajos ingresos e hijos pequeños, financiada con un pequeño recargo fiscal”.
De sus años de gestión en el ministerio con Zapatero destaca el mayor superávit de la Seguridad Social y un Fondo de Reserva, también conocido como hucha de las pensiones, con la mayor cuantía de la historia, gracias al alto nivel de empleo que se creo en España durante el periodo 2004-2008.
Ahora vuelve cuando la Seguridad Social presenta un déficit de 18.000 millones de euros y en el que el Fondo de Reserva cuenta con unos 8.000 millones de euros, cantidad inferior a lo que le cuesta al sistema pagar una nómina mensual.
El nuevo secretario de Estado tendrá que conseguir también traducir a acuerdos los consensos que alcance el Pacto de Toledo, sobre la revalorización de las pensiones y el equilibrio del sistema.