La ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, trabajará en el despacho de abogados Cuatrecasas con el visto bueno del Gobierno, que le ha concedido la compatibilidad al no observarse conflicto de intereses. Sáenz de Santamaría, sin embargo, no ha tenido suerte. La probabilidad de que la Oficina de Conflicto de Intereses, el organismo encargado de fiscalizar las puertas giratorias de los altos cargos que salen del Gobierno, hubiera descubierto una incompatibilidad a la exvicepresidenta es de apenas un 2%.
La Oficina, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, solo ha dictado once resoluciones de incompatibilidad en los últimos doce años (desde 2006) para ex altos cargos del Gobierno que querían incorporarse al sector privado durante los dos años siguientes a su cese, según datos obtenidos de una petición de información enviada por eldiario.es a través del Portal de Transparencia.
Durante el mismo periodo, 295 altos cargos recibieron 525 autorizaciones de la entidad para incorporarse al sector bancario, consultoras, despachos de abogados, fabricantes de armas, compañías del Ibex-35 o para trabajar como autónomos, según la base de datos única publicada por eldiario.es.
La ley de regulación de altos cargos aprobada en 2015 establece que estos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, “no podrán prestar servicios en entidades y empresas afectadas por decisiones en las que haya participado” y deberían efectuar declaración ante la Oficina de Conflicto de Intereses sobre las actividades que vayan a realizar.
La Oficina solo ha hallado once casos de incompatibilidad desde su creación en 2006: entre ellos, la negativa a Isabel Martín, expresidenta de la sociedad estatal España, Expansión Exterior, para fichar por la constructora Sacyr, el veto para que María Flavia Rodríguez-Ponga se incorporara a la Mutua Madrileña tras ser directora general de Seguros y Fondos de Pensiones o el fichaje frustrado de Ignacio Azqueta, ex director general del INTA, por el departamento de relaciones públicas de Airbus.
Pero, ¿por qué hay tan pocos casos de incompatibilidad? Para Flor López Laguna, directora de la Oficina de Conflicto de Intereses, la razón está clara: “Pues porque los altos cargos saben perfectamente sus obligaciones y nos llaman y preguntan si se puede o no se puede hacer. Y lo que saben que no se puede hacer, ya saben que esa vía profesional no la pueden seguir”.
Unas palabras pronunciadas durante su comparecencia en la Comisión del Congreso donde se examinaba su idoneidad para seguir al frente de la Oficina. La directora, que fue propuesta por el Gobierno de Sánchez, defendió su “total imparcialidad e independencia” en los más de diez años ininterrumpidos que lleva como máxima responsable del organismo.
Expertos y organizaciones critican la ausencia de una actividad de fiscalización de la Oficina. Por ejemplo, un informe de la asociación ¿Hay Derecho? denunció que el organismo “no realiza ningún tipo de comprobación sobre la veracidad de las declaraciones” que presentan los altos cargos. “Es decir, se fía de lo que le dicen y hace un control meramente formal”, explica Elisa de la Nuez, secretaria general de la asociación.
Una situación que ya denunció un informe del Tribunal de Cuentas en 2016 sobre el funcionamiento interno de la Oficina, asegurando que no estaba cumpliendo con los objetivos para los que fue creada. El documento, que analiza la actividad del organismo entre 2012 y 2014, critica que la Oficina se limitó a solicitar aclaraciones a los ex altos cargos sobre sus declaraciones pero “no desarrolló las facultares que le atribuye la ley para verificar e investigar” la información declarada.
Fuentes del ministerio confirman a eldiario.es que las comprobaciones que realiza la Oficina de Conflicto de Intereses se limitan a solicitar informes a los organismos en los que ha estado destinado el alto cargo. Es decir, es el mismo Gobierno el encargado de comprobar los expedientes administrativos en los que hubiera tenido participación el ex responsable público.
En total, 295 altos cargos recibieron 525 autorizaciones para incorporarse al sector privado entre 2006 y 2019, según los datos analizados por eldiario.es. Unas solicitudes que se multiplican tras el cambio de Gobierno y que vieron cumplir un récord en el último trimestre de 2018, con 37 permisos. Fomento y Asuntos Exteriores, los principales puestos de salida.
Falta de independencia
En 2018 y por primera vez en 12 años, un alto cargo de Defensa recibió la negativa de la Oficina de Conflicto de Intereses para trabajar en una empresa de armas. Desde la creación de organismo, la regla ha sido la contraria: los Gobiernos de Zapatero y Rajoy permitieron a once ex responsables de Defensa trabajar para compañías del sector armamentístico como Airbus, Santa Bárbara, Indra o Expal. Todas recibieron adjudicaciones millonarias de la cartera ministerial.
Y no son las únicas autorizaciones con polémica de la Oficina de Conflicto de Intereses: Jaime Pérez Renovales, subsecretario de la Presidencia, recibió el visto bueno para trabajar en el Banco Santander; la Directora General de Servicios del Sistema Nacional de Salud, María del Sagrario Pérez, consiguió el permiso para incorporarse a CocaCola; Ana Isabel Fernández, exconsejera de la CNMV, recibió la autorización para trabajar en la aseguradora Mapfre y la Fundación del Banco Sabadell.
Autorizaciones que ponen la lupa sobre la independencia del organismo. “¿Qué autonomía vas a tener si estás inserto en la estructura jerárquica de un Ministerio”, criticó a eldiario.es Marcos Vaquer, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III y panel de un grupo de expertos que pidieron en el Congreso dotar a la Oficina de mayor independencia.
“No se ha querido nunca dotarla de verdadera independencia y la persona que está al frente lleva mucho tiempo allí con gobiernos de uno u otro signo, probablemente porque nunca ha molestado a nadie importante”, critica Elisa de la Nuez, que denuncia un acuerdo implícito entre los dos grandes partidos.
Un pacto que se escenificó en la confirmación de Flor López como directora de la Oficina de Conflicto de Intereses. Mientras que los portavoces de Podemos y Ciudadanos cuestionaron la labor de la candidata al frente de la oficina, los representantes de PP y PSOE se deshicieron en elogios hacia López Laguna.
La escasa labor fiscalizadora de la Oficina de Conflicto de Intereses, no obstante, solo se circunscribe a los dos años siguientes a su cese como alto cargo. Nada impide a un ex responsable público a fichar por la empresa que quieran o ocupar el puesto que deseen dos años después de dejar la Administración.