Un exdiputado del PP deja en pérdidas al operador gasista Mibgas tras llevarse 724.000 euros de indemnización

El Operador del Mercado Organizado de Gas en la Península Ibérica (Mibgas), empresa de capital privado que financian los consumidores a través de la tarifa del gas, registró en el ejercicio 2018 las primeras pérdidas de su historia tras indemnizar con 724.000 euros a su expresidente, Antonio Erias. Exdiputado del PP, Erias fue colocado por el Gobierno de su amigo Mariano Rajoy en esa sociedad en el momento de crearse en enero de 2015 y la presidió hasta febrero de 2019. 

“Con fecha 14 de febrero de 2019, el Consejo de Administración ha aprobado la indemnización a realizar al Presidente de la Sociedad por un importe de 724.000 euros y el cese efectivo del Presidente”, explica Mibgas en sus últimas cuentas, recientemente depositadas en el Registro Mercantil, y que reflejan unos números rojos de 410.900 euros, frente al beneficio de 125.820 euros registrado un año antes.

La entrada en pérdidas de la empresa fue consecuencia del fuerte incremento de sus gastos de personal, que se dispararon un 47%, hasta 2,17 millones, por la provisión que tuvo que dotar en el ejercicio para hacer frente al cese de Erias, cuya salida, adelantada por eldiario.es, fue propuesta por el consejo de administración de Mibgas el 19 de diciembre de 2018. Según Cinco Días, Erias pretendía llevarse una indemnización todavía mayor que el consejo de la empresa redujo sensiblemente.

Catedrático de Economía Aplicada por la Universidad de A Coruña, Erias aterrizó en Mibgas tras ocupar distintos cargos en el PP durante tres lustros: fue concejal del Ayuntamiento de A Coruña (1999-2003), diputado provincial y Vicepresidente Primero de la Diputación Provincial de A Coruña (1999-2003) y durante tres legislaturas, diputado en el Congreso tras ser cabeza de lista por esa región en las elecciones generales de 2004, 2008 y 2011). Cercano también al fallecido Manuel Fraga, en la Cámara Baja fue portavoz de Energía del PP desde 2008 hasta que abandonó su escaño a finales de 2014 para irse a Mibgas.

Allí le esperaba una retribución anual superior a los 400.000 euros brutos, que, sumada a la indemnización que recibió por su cese, eleva su sueldo acumulado en esa etapa a cerca de 2,4 millones brutos. Su gestión recibió más críticas que alabanzas, incluyendo las del entonces ministro de Energía Álvaro Nadal, que llegó a señalar a Mibgas en enero de 2017 como uno de los responsables de un episodio de fuerte subida de la luz en plena ola de frío por el encarecimiento del gas. 

Un coche de 62.000 euros

Unos meses después, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ajustaría a la baja en 2,6 millones la retribución de Mibgas en un duro informe que cuestionó sus elevados gastos de personal, con un coste medio por empleado “superior al del resto de sociedades reguladas que realizan actividades análogas o comparables” (REE, el operador del mercado eléctrico OMIE y Enagás). 

Entonces, Competencia obligó a dejar fuera de las partidas sujetas a retribución regulada (a cargo del consumidor) las dietas de los consejeros de Mibgas y las amortizaciones derivadas de una de las primeras decisiones de Erias cuando llegó a la empresa: comprar un coche por unos 62.000 euros.

Tras la salida de Erias, que fue sustituido por Raúl Yunta, un directivo con larga experiencia en el sector gasista y en los reguladores sectoriales, el Mercado Ibérico del Gas cuenta en la actualidad con más de un centenar de agentes dados de alta y en él se negociaron entre enero y noviembre de 2019 un total de 51,8 TWh, casi el doble de lo registrado en todo 2018 (26,3 TWh). 

Al igual que su mayor accionista, el Operador del Mercado Ibérico de Energía, Mibgas tiene capital privado: sus accionistas son Omel (33%), su equivalente portugués OMIP (10%), Enagás (13,3%), la lusa REN y compañías del sector eléctrico petrolero, entre otras. Sin embargo, al financiarse por cuenta de los usuarios (a través del recibo del gas) y estar sus ingresos regulados, en ella tiene un papel determinante la Secretaría de Estado de Energía, que debe dar el visto bueno al nombramiento de su máximo responsable.